¿Narcoterrorismo?
El pasado jueves 24 de octubre se registró, muy temprano por la mañana, el estallido de un coche bomba en el municipio de Acámbaro, frente a las instalaciones de Seguridad Pública, y el ataque a balazos a una patrulla de la policía municipal de Jerécuaro, la cual posteriormente fuera incendiada por un artefacto explosivo afuera de la sede de la Secretaría de Seguridad Municipal en el centro de la ciudad, ambos pertenecientes al estado de Guanajuato.
Estos hechos, que en principio habrían sido llevados a cabo por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) producto de la detención de tres supuestos colaboradores capturados en un operativo de la policía municipal de Acámbaro, podrían haber sido resultado también de una pugna entre esta organización criminal y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el control del huachicol y rutas para el trasiego de estupefacientes, la puesta en marcha de la nueva estrategia de seguridad federal, la cual considera, entre otros, al estado de Guanajuato como prioritario, una decisión unilateral visceral por parte de alguna célula criminal, entre muchas otras vertientes.
Si bien la lucha entre organizaciones criminales no es nada nuevo, como tampoco los incidentes relacionados a la utilización de coches bomba, si lo son las reacciones del crimen organizado ante la utilización de tales mecanismos, los cuales han llevado a ser considerados una progresión hacia actos de tipo terrorista en contra de la población, aún si únicamente los grupos criminales sólo buscaran producir bajas entre sus enemigos sin que sus ejecutantes corrieran grandes riesgos debido a los bajos costos y riesgos que implica el hacerse de los materiales, manufactura y colocación de artefactos explosivos.
Ante la estrategia de seguridad en el sexenio anterior, la cual se encontraba enfocada en la contención, los grupos del crimen organizado mantienen un abierto desafío al Estado, el cual, ante la falta de aplicación efectiva y eficiente del estado de derecho, y por tanto de una falla importante en términos de seguridad ciudadana, los grupos delincuenciales llevan a cabo este tipo de actos sin medir las consecuencias de los mismos. Es decir, si bien es una demostración de fuerza e impunidad para llevar a cabo tales actos, han incurrido en una falta táctica y estratégica pues los ha puesto, de forma inmediata, en una posición sobresaliente con mucha exposición mediática, precisamente algo que cualquier grupo criminal no desearía para el desarrollo de sus actividades delictivas, sobre todo pensando en el anuncio de la nueva estrategia de seguridad en donde dos de sus ejes se encuentran centrados en el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación y la coordinación absoluta en el gabinete de seguridad, mismas que implican la conjunción de fuerzas federales y estatales, con apoyo de las Fuerzas Armadas, en acontecimientos de alto impacto como los aquí registrados.
Estos eventos, si bien fueron llevados a cabo en horarios (entre las 5 y 6 de la mañana) en que afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar, aunque si tres oficiales lesionados, uno de ellos de gravedad, y de tipo material en al menos once automóviles (uno de ellos una patrulla), instalaciones, casas y negocios, pudo haber resultado fácilmente en una tragedia de mayores dimensiones. Por ejemplo, imaginemos que alguien hubiera salido a correr a esa hora, que un funcionario hubiera tenido un asunto urgente que tratar, que los vidrios rotos hubieran lastimado seriamente a alguien, que algún dependiente se hubiera quedado a dormir en su negocio o hubiera decidido abrir temprano, que algún ciudadano tuviera la necesidad de abordar su auto a esa hora para atender algún asunto, que un turista nacional o extranjero se encontrara en los alrededores, o que alguien se encontrara atendiendo una emergencia médica, entre miles de escenarios más que llenarían este espacio y muchos otros.
Lo anterior sin pensar en que la imprudencia de actuar de los grupos criminales de esta manera le proporcione a nuestros vecinos del norte una justificación más para tachar a los grupos del crimen organizado como narcoterroristas, incrementando sus labores de vigilancia e inteligencia no sólo en la región, insisto, al llamar la atención de este modo, sino esgrimir que, derivado de lo anterior y como parte de su estrategia de defensa para la seguridad nacional, se arroguen el derecho a intervenir para la eliminación de esa y otras amenazas en nuestro territorio en un escenario no deseable que no debe soslayarse ni descartarse que alguien como Donald Trump llegara a la presidencia.
Como nación debemos contar con una discusión amplia entre actores gubernamentales, especialistas y grupos de la sociedad civil en cuanto al término de terrorismo, que si bien, en líneas generales refiere a “eventos de alto impacto que buscan generar terror en la población a través de la difusión de estos en medios electrónicos y de comunicación, producto de motivaciones políticas e ideológicas” y el de narcoterrorismo, donde la motivación de lo criminales ya no serían propia y estrictamente de carácter económico, como lo ha sido hasta el momento.
A nadie, específicamente las organizaciones criminales, beneficia que la connotación de narcoterrorismo alcance su significado literal, ya que ello significaría un detrimento en su capacidad económica, productiva, operativa y combativa, generando una escalada de violencia producto de su enfrentamiento con las fuerzas del orden, la cual podría llevar al involucramiento de otros actores.
Sin duda un tema en extremo interesante que vale la pena analizar a profundidad y seguir de cerca.
