Nuevo titular del Instituto Nacional de Migración
El 8 de octubre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Sergio Salomón Céspedes, actual gobernador de Puebla, será el nuevo titular de Instituto Nacional de Migración (INM), nombramiento que no debe asombrarnos ya que desde la campaña se habría planteado que así fuera el cambio una vez que el gobernador finalizara su gestión.
Se espera que Céspedes lleve a cabo un planteamiento integral de mejora del Instituto Nacional de Migración. Con esto me refiero a mejorar la infraestructura de los centros y la institución en general, la cual atiende a 4 millones de extranjeros que ingresan al país, de los cuales al menos 1 millón novecientos lo hacen de manera irregular, por no decir ilegal, a través de los casi 800 puntos de revisión en todo el territorio. En este sentido, uno de los puntos que pocas veces se toca es el referido al Grupo Beta, el cual se encuentra dedicado a la protección y defensa de los derechos humanos, especializados en dar orientación, rescate y primeros auxilios a la población migrante, y que se ha visto desdibujado por el protagonismo que ha tenido la Guardia Nacional, la cual ha actuado como grupo de contención en contra la población migrante, más que como grupo de auxilio, acompañamiento o prevención.
En este contexto, otro punto con el que habrá que tener cuidado será, dado el triunfo electoral de Donald Trump como próximo presidente de los Estados Unidos, la relación bilateral precisamente en el tema migratorio, así como que nuestro país, poco a poco, comienza a ser un lugar de destino más que uno de tránsito, y si bien, en gran medida sigue siendo así, ha comenzado a liar de manera recurrente con aspectos tales como el otorgamiento o no de la ciudadanía, considerarlos o no como asilados políticos, conferir condiciones de estancia de visitante, residente temporal y permanente, entre otros. Al respecto cabe apuntar que existe una gran comunidad migrante, por ejemplo, de nacionalidad haitiana en la CDMX o Tijuana, que se han integrado con éxito en distintos espacios sociales y económicos, sin embargo, los migrantes, de paso o que buscan permanecer en el territorio, enfrentan condiciones adversas en términos laborales y culturales como barreras de lenguaje, altos costos para la vivienda siendo objeto de cobros altísimo en rentas, lo que genera hacinamientos en cuartos, condición que ha llevado a que muchos continúen viviendo en casas de campaña, entre otros muchos temas como el de la seguridad, al sumarse algunos a las filas de la delincuencia en diferentes vertientes, siendo entonces el tema migratorio un problema multidimensional y multifactorial que debe enfrentar la nueva administración federal.
Ahora, sobre el proceso de investigación en contra del actual titular del INM, Francisco Garduño, funcionario que esperaba ser ratificado en el cargo, asunto que no llegará a buen puerto después de acontecer la muerte de 40 migrantes, el 27 de marzo de 2023, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, evento en el que sobrevivieron 27 hombres y 15 mujeres, el 12 de agosto de este año se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, donde precisamente se buscaba generar una solución alterna que le permitiera librarse del proceso penal que enfrenta por su responsabilidad en este hecho, del cual hasta el momento sigue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, aunque aún no haya nada en su contra más allá de tener que presentarse ante los tribunales cada dos semanas como medida cautelar; pero bueno, no es que se vaya a fugar, es decir, tiene 74 años, no ha sido retirado de su puesto, los cargos que enfrenta son considerado como no graves, y ya la presidenta comentó que lo mantendrá hasta diciembre cuando ocupe su puesto el actual gobernador de Puebla, Salomón Céspedes.
El asunto con el caso es que al perecer Garduño si conocía las malas condiciones del centro de detención incendiado, donde no sólo se encontraban encerrados los migrantes, sino además estaban hacinados, como en cualquier otro centro de detención a lo largo y ancho del país, siendo el elemento principal que, cuando se suscita el incendio, los migrantes se encontraban encerrados en una celda cuyas llaves no fueron localizadas en el momento del mismo. Todos fuimos testigos de las imágenes en los medios de comunicación y redes sociales donde puede verse a los guardias del centro alejándose sin abrir las puertas de la celda donde se encontraban los migrantes mientras el fuego se propagaba, mismo que habría sido ocasionado por un migrante al prender un colchón en protesta por las malas condiciones en que se encontraban retenidos, lo que ha llevado a que el migrante que lo inició y cuatro guardias fueran detenidos e investigados por el delito de homicidio; y si bien Garduño, ni inició el fuego, ni dejó encerrados a los migrantes, como titular del Instituto si está obligado a prevenir, preservar, supervisar y salvaguardar los derechos humanos de los detenidos y eso incluye estar al tanto de las instalaciones y el trato a los migrantes, entre muchas otras consideraciones.
A la fecha han recibido indemnización 29 de 40 familias de personas migrantes fallecidas continuando el INM gestiones relativas a dictámenes sobre montos de pago para las 27 personas migrantes restantes que resultaron lesionadas, así como el resto de las familias.
Sin duda una labor nada fácil para Céspedes, al haber acumulado el INM, desde 2019, 5,600 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sumando a ello 14 incendios, entre los que se encuentra el acontecido en 2023.
Seguiremos de cerca su desarrollo.
