Otra vez las benditas cajas populares

El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, debe poner mucho ojo el norte del estado a partir de este lunes. El sábado se produjo la primera reacción social en el municipio de Victoria ante la noticia, la Caja Popular Reforma, con muchos ahorradores en esta región de la entidad, ha sido declarada en proceso de liquidación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por operaciones irregulares recurrentes.

Se espera este lunes el pronunciamiento de Juan Francisco Manzano García, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Operadora de Recursos Reforma, razón legal de la Caja, quien, por cierto, fue regidor del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo entre los años 2006 y 2009.

No es la primera vez que sucede algo así y que hay riesgos sociales derivados de estos cierres en cajas populares que dejan a los ahorradores en el aire. Por eso el mandatario tiene la oportunidad de anticiparse y asignar a Luis Ernesto Ayala Gutiérrez, su secretario de Gobierno, más metido en temas preelectorales según se sabe, a ver cómo puede garantizar una respuesta satisfactoria para miles de ahorradores en los municipios del norte del estado, que seguramente estarán muy inquietos ante la noticia, máxime en esta época de crisis económica y ante la cercanía del fin de año. Hay un grave problema social en ciernes.

El pasado viernes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización para operar como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) a Operadora de Recursos Reforma, por no cumplir los requerimientos de capitalización establecidos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con lo cual se inicia su proceso de liquidación.

La Caja Popular Reforma tenía registrada ante la comisión un total de 30 sucursales y, muy importante, 133 mil 738 clientes. Sus negocios eran muchos: expedían y operaba tarjetas de débito y tarjetas recargables, otorgaba préstamos o créditos, distribuía seguros, celebraba contratos de arrendamiento sobre bienes muebles e inmuebles, y realizaba factoraje financiero con sus clientes, entre muchos otros.

De acuerdo con la información proporcionada por la CNBV la Operadora de Recursos Reforma, popularmente conocida como Caja Popular Reforma, “operó con comisionistas no autorizados que eran reportados a la CNBV como sucursales”. No solo eso, tenían registros indebidos para capitalizarse, cayó en deterioro de su cartera de crédito y también tenía una administración deficiente. Todo ello observado desde 2017 y sin embargo, no solventaron las deficiencias a pesar de la “insistencia de la autoridad reguladora”.

Lo interesante del caso es que esta sociedad comenzó a operar desde 1992, como institución de ahorro y préstamo, solo que, bajo el nombre de Caja Popular Independencia, en Dolores Hidalgo. En 1998 cambió a sociedad cooperativa bajo el nombre Caja Popular Reforma, en 2005 se transformó a Operadora de Recursos Reforma Sociedad Anónima de Capital y en 2007 la CNBV autorizó su organización y funcionamiento como Sofipo ya con el nombre Operadora de Recursos Reforma S.A. de C.V.

El nombre tal vez le suene, estimado lector, porque en el año 2015 la propia CNBV ordenó suspender operaciones a cuatro cajas populares en el estado de Guanajuato, siendo una de ellas la llamada Caja Popular Independencia, pero con sede en León, Guanajuato. Las otras tres fueron Caja Dinámica, de San José Iturbide; Caja Estación Joaquín, de Abasolo y Caja Popular Santa Cruz, de Juventino Rosas. En todos los casos por insolvencia o potencial quiebra. Entre las cuatro cajas se afectó a más de 10 mil ahorradores.

En el mismo paquete se incluyó a la Caja Popular Progresa, de Dolores Hidalgo, solo que cuando llegó el aviso de cancelación de operaciones, ya habían cerrado sus puertas, declarándose en quiebra y dejando sin ahorros a 11 mil asociados.

Para los clientes de la Caja Popular Reforma, la buena noticia para los ahorradores y la mala, dependiendo la cantidad de dinero que tengan ahorrado, es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene a su disposición un seguro de depósito del sector por 25 mil UDIS, algo así como hasta 165 mil pesos. Es decir, si alguien tenía ahorros por medio millón de pesos, tiene garantizados por la Comisión, no por la Caja, hasta

165 mil pesos, el resto, los hipotéticos 335 mil pesos, estarían en riesgo de perderse o es responsabilidad de la Caja devolverlos.

Quienes quieran asegurar el cobro del seguro deben cumplir con los requisitos que señala la CNBV en la página electrónica del Fondo de Protección (http://www.prosofipo.mx/).

En el municipio de Victoria ya hubo la primera movilización social este pasado sábado y la gente no tiene idea clara de qué sucede o cómo actuar. Inclusive se exponen a que haya quien se aproveche la situación con oferta de solución y solamente les esquilme; otras voces piden intervención del gobernador.

Ante los hechos, que este lunes seguramente se multiplicarán, es propicio que la autoridad adelante la mano e imponga la calma, porque las decisiones financieras ya se tomaron en el sistema bancario, pero el problema social apenas empezará en Guanajuato. También, se lo adelantamos, la CNBV ya reportó la situación ante la Unidad de Inteligencia Financiera, por la posible comisión de delitos.