Padrón fraudulento tras sentencia electoral

Cuando el 28 de octubre de 2011, la actual senadora Alejandra Reynoso Sánchez, secretaria de Desarrollo Social y Humano, estampó su firma en un contrato mediante el cual autorizaba el pago de 372 mil 830 pesos a la “Universidad de Celaya”, la cual en un plazo de tres meses se comprometía a “la realización e integración de un Padrón de Comunidades Indígenas del Estado de Guanajuato”, parece haber subestimado las consecuencias de entregar tan importante tarea a una institución educativa con perfil industrial y empresarial, sin pensar que se requería de expertos en ciencias sociales y humanidades. No es casual que esa universidad privada, propiedad de acaudalados celayenses dueños de un amplio conglomerado de negocios, -incluida la empresa Gas Express Nieto- ni siquiera consignó en sus entregables el perfil de los profesionales que realizaron los trabajos.

Pero tampoco actuó responsablemente, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien al poco tiempo la sucedió en el cargo, le correspondió consumar el decreto publicado en el Periódico Oficial de Gobierno el 2 de noviembre del 2012, que otorga estatus legal a 96 localidades indígenas distribuidas en 11 municipios. Con su rúbrica legitimó un padrón que en su marco conceptual exhibe ignorancia respecto a la raíz cultural de varias localidades de Victoria, Santa Catarina, Atarjea, San Luís de la Paz, Dolores Hidalgo, Xichú, Villagrán y San Miguel de Allende, pero que además contiene toda una serie de irregularidades y violaciones al propio protocolo definido por SEDESHU para que un núcleo social se considere indígena. (Las evidencias de estas aseveraciones pueden consultarse en el reportaje “Se dicen indígenas por conveniencia: Registran a pueblos con falso origen étnico para que accedan a apoyos”, publicado en este periódico los días 24, 25, y 26 de junio de 2019).

La ligereza con la que en su momento actuaron tanto Alejandra Reynoso, como Éctor Jaime Ramírez, se traduce en una larga secuela con despropósitos legales.  Al margen de la indudable trascendencia que tiene el reconocimiento de los derechos electorales de los pueblos originarios, esa sombra que responde a un padrón  ensuciado, en su origen, por el oportunismo político  y la mentira, también envuelve  la “acción afirmativa” recién emitida por el  Consejo General del IEEG, que encabeza Brenda Canchola Elizarraraz, mediante la que instruye a los partidos políticos y coaliciones para que en sus listas de diputaciones plurinominales postulen al menos una fórmula de personas indígenas dentro de los primeros cuatro lugares, en cumplimiento a la sentencia TEEG-JPDC-55/2020. Y es que la lectura de esa resolución muestra, tanto para las instancias administrativas electorales, como para los tribunales en la materia, ese padrón plagado de imprecisiones es usado como uno de sus principales insumos jurídicos.

Los promoventes del litigio…

La sentencia que atiende el IEEG señala a tres personas promoventes a quienes habría dado la razón la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal. Se trata de Leonor Ramírez Cabrera, indígena otomí perteneciente a Cieneguilla, Tierra Blanca; docente y esposa de León Rodríguez, actual coordinador del INPI en la oficina regional de San Luis de la Paz.  Los otros dos: Patricia Esthela Arvizu y Mauricio Mata Soria, son por su dicho, chichimecas pames oriundos de Misión de Arnedo, en Victoria.

Este último es quien más historial tiene en la vida pública: se trata de un ex alcalde priista, cuyo salto a la fama pública comenzó en 2015 luego que Lorenzo Córdoba del INE arremedó su entonación en aquella llamada “célebre”.  En 2020, cuando el TPJF le corrigió la plana al Tribunal Estatal Electoral en este asunto, ya gozaba de ese estigma de víctima de racismo, lo que probablemente no era desconocido en el entorno del magistrado que resolvió el caso. En el municipio de Victoria están decretadas 14 localidades como indígenas, expertos locales consultados, sostienen que donde él reside, más otra cercana, aunque ya con mucho mestizaje, aun preservan algunas reservas culturales singulares, por algo ahí se asentaron las últimas misiones franciscanas a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sin embargo, aseveran, el resto ya no tiene esa fuerza intrínseca y su denominación indígena solo es un artilugio político.

Más espectáculo, que digna resistencia…

La fragilidad de esa visión de lo indígena en Guanajuato, en un importante porcentaje sustentada por artificios, ha propiciado que algunos ciudadanos de esos lugares vendan al exterior realidades ficticias y hasta confusas, explotando hábilmente el romanticismo y la ignorancia que respecto a la materia suele campear en las cúpulas de los partidos, entre legisladores, como igual entre funcionarios, incluidos los órganos electorales.

El victorense, por ejemplo, difunde en los círculos institucionales y políticos rasgos forzados de la que considera su identidad pame, pero en su abigarramiento suma incluso elementos de la corriente llamada “mexicanidad”, influida por resabios del hippismo sesentero.

Otro caso conocido es el de un ex presidente del Consejo Estatal indígena, oriundo de San Luis de la Paz, que por distintas circunstancias radica en Xichú. Hace tres años, por estas fechas, el IEEG anunció casi en tono de triunfo cultural, que por primera vez ese municipio tendría un presidente indígena al frente del consejo electoral, cuando esta persona designada, ni es oriunda de ese territorio, ni puede representar a indígenas en un municipio donde realmente no existen.

Estos son dos casos (entre varios), que ilustran el extravió de esa brújula, pero, además, cómo la mutua utilización entre el poder y estos ciudadanos (uno suele ser el chamán frecuente de morenistas, el otro es el sahumador de los panistas y hasta orador en mítines de Xóchitl Gálvez) refuerza más la simulación, que una gesta de genuina resistencia indígena.

 En la última década, y específicamente en relación a la Sierra Gorda guanajuatense, hay quienes han querido parchar los rasgos fraudulentos del padrón realizado por SEDESHU, invocando el argumento de la “auto adscripción”, solo que en su análisis suelen olvidar dos premisas: que no hay teoría o moda académica que valga frente al conocimiento cotidiano, histórico y a ras de tierra de quienes vivimos en esas montañas; y que esto que llamamos vida ha mostrado, que no puede florecer lo que no tiene raíz verdadera.