Parentalidad

La erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes

Es apenas en el presente siglo XXI cuando se llevó a cabo la primera investigación mundial sobre el estado que guarda la violencia contra niñas, niños y adolescentes. El resultado de dicha investigación –a cargo de Sergio Pinheiro– quedó plasmado en el Informe mundial sobre la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas, presentado ante la Asamblea General el 2006.

En dicho informe podemos leer algunas máximas sobre el tema que no deberíamos de perder de vista, que deberíamos de tener en consideración en el día a día

a) Ninguna forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes es justificable. Nunca deben recibir menos protección que los adultos.

b) Toda la violencia contra los niños, niñas y adolescentes es prevenible. Los Estados deben invertir en políticas y programas basados en evidencias para abordar los factores causales de la violencia contra este sector de la población.

c) Los Estados tienen la responsabilidad primordial de hacer que se respeten los derechos de la infancia a la protección y al acceso a los servicios y prestar apoyo a la capacidad de las familias para proporcionar cuidados a los niños y niñas en un entorno seguro.

d) Los Estados tienen la obligación de garantizar que los que cometan actos de violencia rindan cuentas.

e) La vulnerabilidad de los niños y niñas a la violencia está relacionada con su edad y capacidad en evolución. Algunos niños, niñas y adolescentes debido a su género, raza, origen étnico, discapacidad o condición social, son especialmente vulnerables.

f) Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar sus opiniones y a que éstas se tengan en cuenta en la aplicación de políticas y programas.

Este tipo de evidencias producto de la investigación científica, poco a poco se han ido considerando y traducido en leyes de protección para las y los menores de edad.

Por ejemplo, el acceso a una vida libre de violencia está plasmado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir de su expedición en el 2014, así como en las respectivas leyes estatales, como uno de los múltiples principios fundamentales para garantizar la protección de los derechos de este sector de la población, y en su artículo 46 el derecho a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

De hecho, la mencionada Ley tiene un capítulo completo (el octavo) donde se plasma el abanico de modalidades de violencia, así como la obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por dichas violencias, y en el caso de la dirigida a quienes tienen alguna discapacidad, se señala la obligación de dichas instancias de implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar los daños generados por las conductas violentas.

El derecho a la paz se encuentra en el artículo 16. Y, al día de hoy, alrededor de 20 estados de la República Mexicana han prohibido el castigo corporal y demás métodos humillantes y crueles utilizados como medida disciplinaria.

El marco jurídico hoy deja claro lo que no se permite en los procesos de formación, crianza y educación de niñas, niños y adolescentes. Pero tales disposiciones no serán suficientes para cambiar las prácticas de crianza perjudiciales y violatorias de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se requiere del inicio o la mejora de programas de sensibilización, capacitación y apoyo a quienes hoy crían y educan a las nuevas generaciones. Así como programas concebidos especialmente para familias en situaciones particularmente difíciles, con niveles de estrés parental alto que terminan en violencia hacia las hijas y los hijos, los cuales deben tener en cuenta el enfoque de género y estar centrados en formas de disciplina no violentas.

Esta es la tarea que urge comenzar en nuestro país.