1.- Queda entre internos de la PRODHEG relevo de titularidad
Se cierra la pinza y el próximo jueves 27 de febrero en el Congreso de Guanajuato se designará al nuevo titular de la Procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), que por primera vez apunta a una mujer.
El dictamen, que se votará este viernes en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, incluye solo a perfiles dentro de la estructura de la PRODHEG: Karla Gabriela Alcaraz Olvera, subprocuradora de los Derechos Humanos; Ana Wendy Muñoz Gómez, exdirectora de capacitación y ahora investigadora en la Subprocuraduría Zona A, y Efraín Alcalá Chávez, director de vinculación.
Alcaraz Olvera cuenta con el respaldo del PAN y sus aliados, lo que aumenta la probabilidad de su nombramiento. Además, en los pasillos del Congreso del Estado se sabe que hay una inclinación del gobierno estatal para que, por primera vez, una mujer ocupe la titularidad de la Procuraduría, con el fin de equilibrar el reciente nombramiento de un hombre al frente de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Su perfil tampoco es completamente rechazado por los morenistas, aunque su opción principal es otra.
Si bien Karla Gabriela Alcaraz Olvera tiene una amplia trayectoria en la Procuraduría y ya participó en el proceso previo para ocupar la titularidad, su nombramiento también sugiere una posible continuidad institucional y comodidad para el gobierno estatal.
Ana Wendy Muñoz Gómez es impulsada por Morena bajo la operación política del coordinador del Grupo Parlamentario, David Martínez Mendizábal, de quien fue alumna en la Universidad Iberoamericana. Entre sus cartas de respaldo destaca la de David Herrerías Guerra, cercano a Martínez Mendizábal. La inclusión de Efraín Alcalá Chávez en la terna parece meramente complementaria, pues enfrenta mayor oposición.
Los tres aspirantes alcanzaron casi una puntuación perfecta: 123 de un máximo de 125 puntos. Sin embargo, destaca la puntuación de 93 que recibió Jaime Rochín del Rincón, comisionado para la atención de víctimas en Guanajuato, a pesar de haber mostrado un sólido desempeño en la entrevista. Caso similar ocurrió con María de los Ángeles Márquez Carreón, quien obtuvo 66 puntos. Márquez Carreón, respaldada por la Plataforma por la Paz y la Justicia, publicó un mensaje de agradecimiento en redes sociales tras darse a conocer la terna.
Karla Alejandra Escárcega Robledo y Margarita López Maciel, vinculadas al allanamiento de Periódico Correo en 2023, no fueron incluidas. Sus antecedentes y el impulso que recibieron desde el oficialismo, especialmente en el caso de Escárcega Robledo, hacían inviable que lograran consensos entre las fuerzas políticas.
2.- Los Toros de Celaya se quedan, la violencia también sigue
La violencia desbordada en el municipio de Celaya permea todos los sectores y alcanza incluso aquellos que podrían parecer ajenos, como el deporte. En 2024, esto quedó evidenciado con el cambio de sede del Premundial Sub-20 de la Concacaf y la suspensión de un partido en la Jornada 1 de la Liga Expansión, ambos a raíz de hechos delictivos que ponían en duda las garantías de seguridad.
Las condiciones precarias llevaron a que medios nacionales filtraran la supuesta venta de los Toros de Celaya, lo que implicaría el cambio de sede del equipo al estado de Veracruz. La noticia golpeó al gobierno estatal no solo en términos mediáticos, sino también en sus estrategias de reconstrucción del tejido social a través del deporte. Al final, el equipo de una ciudad está ligado a la cohesión social y genera un sentido de identidad que trasciende a la afición y se extiende a la comunidad en general.
La política entró al terreno deportivo, algo que, en realidad, no es inusual, y operó para mantener a los Toros de Celaya. Este viernes, Periódico Correo confirmó que el equipo se queda: “Los escuchamos e hicimos una mesa de trabajo; estamos en toda la disposición de seguir apoyando al deporte, particularmente desde la parte social”, dijo la directora de la Comisión de Deporte de Guanajuato, Yendy Cortinas López.
Es claro que la permanencia de un equipo no cambiará la realidad violenta de un municipio como Celaya. Sin embargo, la partida de los Toros habría significado un abandono simbólico de Celaya en el que quedarían insertas varias esferas, entre ellas la política. Ya sea por el control de un golpe mediático o por honestidad en las intenciones, de fondo permanece la cotidianidad de los celayenses: la violencia, que ninguna autoridad ha podido contener, mucho menos abatir.
3.- Derroche a cargo del erario: réplica de diputados
Periódico Correo evidenció este jueves los gastos excesivos de varios legisladores y que se cargaron al erario. Varios de los aludidos emitieron su réplica.
La diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, señaló desde el Congreso lo siguiente: “Tengo anemia severa, me han operado incluso. Me han quitado la vesícula, el apéndice y hace unos meses atrás una hernia. Sí, tengo una anemia severa todavía. Eso es nada más para un informativo, que ustedes tengan conocimiento. Mamá Dolores me dicen en mi casa”
Las facturas muestran el pagó de más de 26 mil pesos al Hospital Joya en Guadalajara. Como médico responsable aparece el cirujano plástico Alejandro Delgado Borunda, especializado en cirugía estética y reconstructiva. La segunda factura por 2 mil pesos se emitió por los servicios del cirujano plástico Carlos Alejandro Molina Villa, con sede en León.
La legisladora panista, Isabel Ortiz Mantilla, que facturó renta de instalaciones y banquetes, por más de 70 mil pesos, informó: “En cuanto a la contratación del Club Empress, este se empleó para brindar atención y celebrar cuatro reuniones de trabajo con más de 300 líderes, delegados y representantes de comités de las comunidades y colonias del distrito que represento en el Congreso del Estado, no para asuntos personales, como se señala en la nota”. Se adjuntaron fotografías para sustentar su actividad.
Los gastos vinculados al club se desglosan a continuación: evento 19 de octubre (13,920 pesos por renta de instalaciones y 10 mil 500 por banquete). El 23 de noviembre se realizaron dos eventos, en primero a las 09:00 horas (12,180 pesos por renta de instalaciones) el segundo a las 13:00 horas para la inauguración de la Casa de Gestión (9,080 pesos por banquete). El cuarto es una posada realizada el 20 de diciembre (25,520 pesos por renta de instalaciones).
El diputado de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza, que pagó por el análisis de la Ley de Ingresos y Egresos un total de 20 mil pesos a una firma jurídica, informó que: “Es importante aclarar que se trata de una empresa cuyo objeto social y actividad preponderante es la de “Bufetes Jurídicos” (…) Estos especialistas ofrecieron una visión multidisciplinaria que complementa los trabajos realizados por el equipo de asesores de Movimiento Ciudadano”.
La empresa sí tiene en su actividad económica la de bufete jurídico. También la de comercio al por mayor de otros productos textiles.
Contra Retrato
Jorge Guillén Rico
A un año de asumir el cargo como secretario de Seguridad Pública en León, tras la salida de Mario Bravo Arrona—quien luego fue designado encargado de seguridad en el Poliforum de León—, Jorge Guillén Rico presentó un informe sobre los avances de la estrategia de seguridad en el municipio.
El funcionario destacó una reducción del 18.3 % en el número de homicidios dolosos, los cuales están principalmente relacionados con la venta y el consumo de droga. Sostuvo que este descenso ha sido posible gracias a un aumento en las detenciones de narcomenudistas, así como al aseguramiento de droga y armas de fuego.
En cuanto a la percepción de inseguridad, también se observa una mejora. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en el primer trimestre de 2024, el 84.8 % de los leoneses se sentía inseguro en la ciudad. Para el último trimestre del año pasado, la cifra bajó a 80.8 %, lo que, si bien representa una mejora, también evidencia un problema persistente: 8 de cada 10 leoneses siguen sintiéndose inseguros.
A un año de distancia, el cambio en la estrategia de seguridad en León podría calificarse como positivo. No solo implicó el relevo del titular—impuesto desde el gobierno estatal anterior—, sino también la recuperación de espacios previamente abandonados, como la operatividad en zonas rurales y una mayor contundencia en el combate al narcomenudeo.
Aunque el panorama puede parecer alentador, no se debe perder de vista que uno de los principales factores de la violencia en León, al igual que en el resto del estado, es la operación de grupos criminales. Esto obliga a cuestionar si los resultados obedecen exclusivamente a la acción de las autoridades o si, en realidad, la dinámica de control criminal también está influyendo en la reducción de los delitos.
