Cortazar: otro vulnerable punto de violencia

1.- Cortazar: otro vulnerable punto de violencia

En el curso de la prolongada crisis de violencia que padece Guanajuato, hay municipios que se han convertido en puntos neurálgicos de la misma. Cortazar es, por varios motivos, una de esas plazas donde la vulnerabilidad parece la única constante, sin importar el partido político que le gobierne.

Precisamente, a partir del inicio del repunte de los asesinatos en Guanajuato, tres partidos políticos diferentes han gobernado Cortazar; Juan Aboytes Vera del PRI (2012-2015), Hugo Estefanía Monroy (2015-2018) y Ariel Corona Rodríguez (2018-2021) quien sigue al frente por reelección, han sido testigos y responsables de la inseguridad en la zona.

Aboytes dejó una corporación de la policía municipal escasa, sumergido todavía en la idea del ‘aquí no pasa nada’. Con Estefanía la crisis se desató incluso con crímenes descarados y asesinatos políticos que incluso lo alcanzaron ya fuera de su gestión. Corona llegó a la alcaldía prometiendo una renovación que ahora parece insuficiente.

 

 

Por ello, hechos como la masacre de siete personas que incluyeron un menor en el balneario la Palma de Cortazar, muestran con toda su crudeza la endeble seguridad de uno de los municipios que se encuentran en el corazón de los conflictos criminales en Guanajuato.

Cortazar es uno de los seis municipios que se ubican dentro del radio de 30 kilómetros que rodean a la convulsionada ciudad de Celaya.

Algunos analistas, consideran que en este círculo imaginario se encuentran apostados, desde hace más de una década, los integrantes de un grupo criminal que no ha cesado operaciones pese a la detención de su líder. Por ello, sigue siendo incomprensible que este u otros grupos, asesten un golpe con tan alto nivel de crudeza y desparpajo.

Sin temor a caer en reiteraciones, los tres niveles de gobierno tienen su propio nivel de responsabilidad. Sin embargo, ante el historial de hechos en el propio Cortazar así como en otros centros recreativos de la región, es inevitable pensar en las corporaciones municipales como la cortazarense sin mayores recursos de prevención y reacción.

Es incluso una corporación municipal que de vez en vez es foco de ataques directos del crimen organizado, presentes siempre en la inefable lista de agentes activos ejecutados desde hace al menos tres años.

A ojos vistos, los hechos, las circunstancias, el lugar e incluso las motivaciones tras masacres como la registrada en Cortazar, no pueden ser afectas a normalizaciones o minimizaciones. Nada justifica la violencia armada arrasando con mujeres, niños y hombres en un lugar que se supone de descanso y esparcimiento.

2.- Legislar contra la corrupción

Si hay una causa con la que la diputada local del PAN y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Guanajuato, Cristina Márquez Alcalá, puede lograr una vuelta de página ante los reproches y las exigencias para retirarla de su cargo, es en el andamiaje legal para combatir la corrupción.

A todas luces, el Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato ha dejado mucho que desear a costa del erario. Una estructura que no ha hecho ninguna diferencia, con un conglomerado de entidades públicas cuyo papel se ha mimetizado por completo.

De este sistema derivó la Fiscalía Estatal Anticorrupción a cargo de Marco Antonio Medina Torres, que en tres años sólo logró una sentencia condenatoria, como lo reveló la iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización presentada por el Tecnológico de Monterrey, que fue aceptado como insumo informativo por Márquez Alcalá.

 

 

Para emprender esta causa, la presidenta del Poder Legislativo cuenta con una segura aliada en su correligionaria Susana Bermúdez Cano, de quien también afloró una notoria soberbia en contra de promover la democracia para elegir al rector de la Universidad de Guanajuato.

Cristina Márquez es presidenta de la Comisión de Justicia. Susana Bermúdez está al frente de la Comisión de Gobernación. En consecuencia, ambas encabezan las comisiones unidas de ambos temas y con ello la posibilidad de liderar una reforma completa, estudiada, analizada y seria, que permita verdaderamente combatir la corrupción.

No sólo se trata de sacar del hoyo a la fiscalía especializada, cuyo cordón umbilical sigue atado a las disposiciones del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, también la de construir entidades con una actitud mucho más activa y proactiva, que al menos no le teman a la elemental presentación de denuncias.

Por lo pronto, es una buena señal que Márquez Alcalá tome en serio los estudios que han evidenciado los escasos resultados para combatir el cáncer en la función pública del estado. Ahora falta que la voluntad política de su parte se haga presente, más allá de la reacción a botepronto de una bochornosa información.

3.- San Felipe: echando gasolina a la crisis

Lo que comenzó como un reproche en el seno del Ayuntamiento de San Felipe, en muy poco tiempo derivó en una crisis política, que seguramente el alcalde Eduardo Maldonado García y su Secretario de Ayuntamiento y líder local del PVEM, Miguel Jaramillo Ortiz, no habrían imaginado hasta hace apenas dos semanas.

Como le hemos dado seguimiento en este espacio, la semana pasada los regidores de oposición se unieron para exigir que ambos funcionarios se separaran de su cargo, mientras las investigaciones por el tráfico de migrantes que fueron atracados en su paso por San Luis Potosí.

Las posibles responsabilidades de Maldonado y Jaramillo, tanto en el hecho como en la desinformación que surgió, fueron un reguero de pólvora que terminaron por tronar al cabildo.

 

 

El intento para contener la crisis incluyó la propuesta para separar únicamente del cargo al dirigente pevemista, pero ni así se logró reponer la sesión, mientras los intentos desesperados para que no se desbordara una crisis política persistieron.

Ahora el quiebre político parece inevitable, luego de que los regidores de oposición denunciaron agresiones y amenazas por parte de funcionarios de la administración municipal. Para estos, no hay más responsable que la presidenta del DIF y aspirante a la alcaldía, Isabel García Barrientos.

Según el relato, precisamente en la sesión que pretendían realizar para separar del cargo a Miguel Jaramillo, un presunto grupo de choque irrumpió en la presidencia. Personal de Jurídico los habría amenazado junto a otros funcionarios.

De manera que el tema se ha judicializado, con la existencia de sendas denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado.

La crisis fue ineludible y esta semana se espera que haya más sucesos con los renovados intentos de los ediles para exigir la separación del cargo de un alcalde y secretario, que se asumían surfeando rumbo al cambio de trienio.

CONTRA RETRATO

Jesús Oviedo Herrera

Al margen de la circunstancia política que lo colocó en la Secretaría de Gobierno, su nuevo encargo contiene una agenda de temas por demás álgida y emergente. Sus responsabilidades le exigen emplear las poca o basta experiencia que haya acumulado como alcalde, diputado y secretario.

Sin más, esas son las herramientas con las que cuenta Jesús Oviedo Herrera, quien ayer dio su primera declaración pública desde el enroque que instruyó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para intercambiarlo con Libia Dennise García Muñoz Ledo quien ahora ocupa la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu).

En esta primera salida con su nueva investidura, se dijo determinado a seguir un tema de largo aliento como el de la desaparición de personas.

 

 

Por razones naturales pero también de estructura, la Secretaría de Gobierno debió asumir el liderazgo para encabezar la construcción de una estructura de coordinación gubernamental que asumiera las responsabilidades de búsqueda, asistencia, investigación e identificación de personas. Una labor que ahora Oviedo está obligado a mantener.

Sostuvo que propiciará una o varias reuniones con todos los colectivos de búsqueda –ya 18 en todo el estado- para dar seguimiento a sus necesidades. Un primer paso que no deberá ser tardado, pues se trata de un tren que urge vaya a todo vapor con la comprensible presión de las víctimas y buscadoras.

Por lo pronto, las células municipales de búsqueda ya irrumpieron como la primera gran tarea de Jesús Oviedo, un político cuya disciplina partidaria ahora debe ser equiparable a su eficiencia como secretario de gobierno.