Seguridad… y otros fierros calientes

Para que la propia alcaldesa de San José Iturbide, Cindy Arvizu Hernández, declare que el Sistema 911 por las condiciones en las que se encuentra es inoperante, pero además,  describa falta de personal, pantallas inservibles y que solo funcionan 12 cámaras de un total de 70, es sintomático de que no era una invención malintencionada el  grado de colapso y desastre que en materia de seguridad se le señalaba a la administración anterior.

¿Por q

ué ese vacío de autoridad del alcalde y Ayuntamiento saliente? No cabe el pretexto del dinero, si gastaron un millón de pesos en una estatua, o subsidiaron con  cinco millones la última feria antes de la pandemia (cuyas ganancias quedaron en el bolsillo de un empresario y funcionario estatal del PAN cercano al exalcalde morenista) ¿por qué entonces no tuvieron para invertir en el Sistema  911?

En la circunstancia violenta del estado las cifras oficiales se quedan cortas frente a la realidad desgarradora, pero son ilustrativos de ese complicado panorama los  datos  que aporta la Fiscalía General del Estado (FGE) y su Agencia de Investigación Criminal: del 1 de enero 2019, al 30 de septiembre de 2021 se iniciaron en ese municipio 41 investigaciones por el delito de homicidio doloso calificado, y 350 por el delito de robo calificado. Así mismo, se informa de 41 investigaciones iniciadas “con detenido por el delito de portación de arma de fuego”, y de 60 personas detenidas “por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo”.

¿De haber estado en condiciones óptimas ese mecanismo de monitoreo y vigilancia qué delitos se hubieran evitado o inhibido estos años recientes? Resulta imposible saberlo aunque el sentido común diría que obviamente 70 cámaras, miran mucho más que 12.

Comienzo muy movido…

Como secretario de Seguridad Pública la alcaldesa apostó por un perfil proveniente de la  extinta Policía Federal y oriundo de otra entidad, esa decisión de entrada pone un matiz  frente a sus pares de la región, aunque solo los hechos mostrarán si el nuevo responsable está a la altura de la circunstancia. También, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, ya se incorporó ese municipio a la Mesa Regional que se propone alinear las alcaldías del noreste hacia una misma  estrategia, habrá que observar si todo esto no se queda en mera escenografía y se traduce en que Iturbide tenga un papel relevante en la batalla contra la delincuencia.

Pero además del sensible tema de la seguridad, hay varios otros fierros calientes poniendo a prueba las nuevas autoridades. Por lo pronto, tienen que dar solución inmediata a la molestia ciudadana  por los problemas en la recolección de basura,  resolverlo de fondo, y emprender acciones urgentes  ante el mal estado de muchas vialidades.

También, le quemaba las manos a esta alcaldesa de filiación panista el tema del reglamento del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que se aprobó poco antes del cierre de la pasada administración, y quizás como augurio del arropamiento y margen de maniobra que le dará gobierno del estado, con respaldo de la mayoría del cabildo dio un rápido golpe de autoridad derogándolo, desconociendo la mesa directiva en funciones y literalmente tomando las estratégicas instalaciones del SMAPA mediante un operativo en el que se utilizó la fuerza pública. Cabe la posibilidad de que tenga más episodios este intrincado asunto del que son partícipes familiares de más de un integrante del nuevo Ayuntamiento. Tan solo no se olvide que tiene un asiento en el Cabildo Berenice Rico Merlo, esposa del exacalde Genaro Zúñiga.

¿Derechos laborales o grilletes?

No se trata de poner en entredicho el sindicalismo como una conquista laboral histórica, pero tampoco es un secreto que al interior de las plantillas municipales  suelen crearse cotos de poder. También, en estas tres décadas de hegemonía conservadora en la entidad, se ha pretendido encuadrar a las administraciones en los esquemas y dinámicas empresariales, pero siendo que el servicio público responde en su origen a premisas nobles y no a la lógica de la plusvalía, suele agraviar a la población observar cómo se eternizan en los cargos las personas, muchas veces por razones que nada tienen que ver con su desempeño.

En el caso de San José Iturbide, llama la atención que hay un importante número de empleados afiliados  a lo que denominan ‘Sindicato Único de Trabajadores Municipales 19  de Marzo’. Son en total 172 hombres y mujeres, asignados en áreas tan diversas como secretaria particular, tránsito, catastro, obras públicas, contraloría, desarrollo social, protección civil, servicios de limpia, mantenimiento, alumbrado, medio ambiente, recursos humanos, tesorería, rastro, cultura… Y con puestos tan disímbolos como: auxiliar, encargado de programa, secretaria, velador, proyectista, perito valuador, auditor, promotor social, operador de maquinaria, chofer, albañil, recolector, ayudante, electricista, conserje, bibliotecaria…

Una de las expectativas de los votantes es la rotación cíclica del personal que ofrece los servicios en una administración, para no hacerlo suele pretextar el oneroso impacto de las liquidaciones en las arcas públicas, pero en el caso de Iturbide, esa tarea ha de resultar aún más complicada porque habrá trabajadores que por méritos propios están en el cargo, pero también seguramente la condición de sindicalizados da inmunidad a quienes deberían ser relevados. Lo que para ellos es un manto protector, para otros es un grillete.

Ya se verá como el nuevo Cabildo resuelve este acertijo, si es que está en sus planes sacudir y desempolvar lo que ya no funciona bien en esa plantilla.