Semarnat solapa ecocidio… pero comunidades logran amparo
(Esta es una historia del mundo al revés: campesinos están asumiendo la defensa de la naturaleza, llevando a juicio a funcionarios federales del sector ambiental que tienen el deber constitucional de protegerla)
El 19 julio de 2022, se publicó en Correo la investigación: “Solapa Semarnat que depreden reserva ecológica”. Los detalles pueden consultarse en el siguiente enlace: /tala-en-san-luis-de-la-paz-explotan-sector-de-la-sierra-gorda/
Dicho trabajo periodístico fue motivado luego que campesinos de San Luis de la Paz que viven en las inmediaciones de lo que constituye una de las zonas boscosas más bellas y mejor conservadas de toda la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato (que preserva valiosos ecosistemas) mostraron su inconformidad y preocupación al ver cómo de pronto llegaron al bosque cuadrillas de trabajadores, provistos con maquinaria y motosierras, que comenzaron a talar árboles de inmensas alturas, sacados en enormes camiones de plataforma dirigiéndose hacia algún destino desconocido.
En el proceso de investigación se pudo verificar que históricamente los habitantes de esas localidades reconocían como interlocutores y dueños a descendientes de antiguos propietarios que por generaciones se remitían hasta 200 años atrás, pero en 2007, coincidentemente con la publicación del decreto que creaba el Área Natural Protegida de carácter federal, fechan la aparición en la zona de tres personas quienes a partir de entonces dicen ostentar la posesión, todos con residencia en la cabecera de San Luis de la Paz: el empresario gasolinero Donaciano Pichardo Arvizu, el veterinario Enrique Padrón Palacios y Antonio Robledo, encargado hasta tiempos recientes de la hacienda San Isidro.
También se pudo documentar que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) financió a esos acaudalados empresarios un estudio técnico para aprovechamiento forestal a ejecutarse en los predios “Celia, Salvador, Alfredo”, que sirvió de base para que a principios de 2022, con el visto bueno de la dirección de la Reserva de la Biosfera, encabezada por Luis Felipe Vázquez, y con la anuencia de Eduardo Vázquez Ávila responsable de la delegación en Guanajuato de Semarnat, se emitiera una autorización para “Aprovechamiento Forestal maderable”, con vigencia de una década, a nombre de María Verónica Vázquez Vázquez, esposa de uno de los presuntos propietarios.
El mundo al revés…
Como se puede leer en el reportaje citado, en 2022, a cuatro semanas de comenzada esa explotación forestal, incursioné entre esos parajes y pude obtener evidencias de que se estaban derribando árboles secos y verdes indiscriminadamente. También que algunos de los pinos o encinos caían sobre otros más jóvenes. Igualmente constaté cómo hasta la cima de uno de los cerros abrieron paso a una vieja retroexcavadora con la que jalaban los enormes troncos que luego eran cargados al tráiler, se observaban entre la tierra y hojarasca manchas de aceite de una máquina volcada.
Habitantes relataron que tanto los particulares, como los funcionarios involucrados, gestaron esa autorización en la opacidad y no se ocuparon de construir con ellos puentes de comunicación previos. Ese desdén por los pobladores también pudo comprobarse cuando al hacerse visibles esos hechos, los funcionarios de Semarnat, Conafor y Conanp quisieron esconderse bajo el escritorio y, forzados por la presión mediática, su única respuesta ante la indignación de los comuneros, fue acudir incomodos y a regañadientes a una reunión informativa que resultó infructuosa.
Es sabido que en diversos puntos de la Sierra Gorda la depredación es realizada por los propios habitantes y que las funciones esenciales de las autoridades ambientales, con mayor razón en territorios protegidos, es priorizar el criterio de la conservación, pero en este caso el mundo está al revés: ante la complicidad institucional con los empresarios, son los campesinos ludovicences quienes, mediante un arduo esfuerzo no exento de presiones y riesgos, han tenido que acudir a vías legales para intentar detener ese ecocidio, pues aunque luego de aproximadamente cuatro meses repentinamente desaparecieron las cuadrillas de trabajadores y dejaron de salir los camiones cargados de troncos, el permiso de explotación otorgado por Semarnat fue por diez años.
Conceden “Medida Cautelar Positiva”
Representados por Carlos Gustavo Lozano Guerrero, abogado y activista (integrante de Acción Colectiva Socio ambiental A.C) que solidariamente abrazó esa causa, vecinos de las Comunidades Cañada del Pueblito, La Escondida, Mesa de Palotes, Mesa de Jesús y Vergel de Bernalejo, del Municipio de San Luis de la Paz, demandaron ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa (TSJA) “la nulidad de la resolución contenida en el oficio número GTO.131.2/001/2022, de fecha 04 de enero de 2022, emitida con número de bitácora 11/L7-0023/04/19, por el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia, del Titular de la Delegación Federal en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
El 9 de mayo de 2023 fue desechada la demanda, pero luego de impugnar se le volvió a dar entrada. Transcurridos un año y dos meses, el pasado 8 de noviembre, la “Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación” finalmente emitió una resolución suscrita por la Magistrada Instructora: Rosalba Bertha Romero Núñez: “Autoridad demandada: titular de la Delegación Federal en el estado de Guanajuato de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Terceros interesados: director de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la Comisión Nacional Forestal en el estado de Guanajuato y María Verónica Vázquez Vázquez”.
Luego de la motivación legal correspondiente, concluye: “…esta Juzgadora considera que debe CONCEDERSE LA MEDIDA CAUTELAR POSITIVA solicitada por la demandante, para el efecto de que se suspenda la ejecución de la resolución impugnada consistente en la autorización al Conjunto Predial “Celia, Alfredo, Salvador y El Bozo”, del Trámite Unificado en Materia de Impacto Ambiental y de Aprovechamiento de Recursos Forestales Maderables, en el Municipio de San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato, hasta en tanto se resuelva el presente juicio”.
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