Sheinbaum levanta dudas de estrategia de seguridad en Guanajuato

1.- Sheinbaum levanta dudas de estrategia de seguridad en Guanajuato

Los operativos desplegados en la zona sur de Guanajuato han arrojado resultados positivos en cuanto a aseguramientos, destacando un papel más activo y frontal contra el crimen organizado. Estas acciones han permitido fortalecer la narrativa de una coordinación efectiva entre las autoridades estatales y federales. Incluso, la percepción ciudadana ha sido favorable respecto a las acciones emprendidas por ambos gobiernos en el estado.

Por ello, las declaraciones de este lunes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no pueden interpretarse como un simple ataque a la estrategia de seguridad estatal. Estas podrían tener implicaciones mayores sobre la operatividad y el rol de las fuerzas federales, que recientemente aprobaron la utilización de armas de mayor calibre y automáticas por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y las policías municipales.

“No por tener calibres mayores se va a resolver el problema de la violencia en Guanajuato (...) El tema, en efecto, coincido, es la atención a las causas y la cero impunidad. Tiene que ver con la Fiscalía, la presencia de la policía es muy importante, así como la detención en flagrancia, la investigación y la inteligencia”, afirmó la presidenta durante su conferencia matutina.

Desde una perspectiva política, resulta evidente que la presidenta no asumirá un discurso opuesto al del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuya estrategia se caracterizó por la pasividad frente a la violencia, lo que permitió el fortalecimiento de grupos criminales y su control de territorios. Contradecir esa postura implicaría admitir que su estrategia falló. Sin embargo, sus declaraciones abren interrogantes sobre si se trata de una mera contención para apaciguar al ala radical de Morena o si conllevarán cambios en el enfoque de seguridad en Guanajuato. Por lo pronto, el gobierno municipal de Celaya ya ha anticipado que no comprará armas de mayor calibre.

El gobierno del estado sostiene que el eje principal de su estrategia es la inteligencia, en línea con lo acordado con el gobierno federal. Sin embargo, dada la situación que enfrenta el estado, se requiere un fortalecimiento en la capacidad de respuesta y armamento de las policías, que durante años han sido blanco fácil del crimen organizado.

Las críticas de la presidenta pronto resonaron en el sector morenista local, que ha cerrado el diálogo. La figura más destacada de este grupo es el diputado y líder de la bancada morenista, David Martínez Mendizábal, quien expresó su preocupación por las declaraciones del secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien el pasado viernes advirtió que “se acabaron los abrazos”.

Si bien los resultados desastrosos de una estrategia basada únicamente en el enfrentamiento directo a criminales son evidentes, las preocupaciones del legislador parecen cómodamente emitidas desde su curul en el Congreso, lejos de la realidad que enfrentan los guanajuatenses. ¿Qué podría decirles a las miles de familias víctimas de la delincuencia que claman por presencia y acciones contundentes en sus comunidades dominadas por el crimen organizado? ¿Qué pasa con aquellas familias que hoy tienen una silla vacía porque un ser querido está desaparecido, o con aquellas que han perdido a un policía asesinado mientras ejercía su labor y que reclaman mejores condiciones para desempeñar su trabajo? Seguramente, ellas están más que preocupadas.

Es fundamental atender las causas de la violencia, pero también es imperativo que el Estado cuente con la fuerza necesaria para contener, enfrentar y erradicar a las organizaciones criminales.

2.- Titularidad de la Fiscalía: del quién al cómo

Se aclara el panorama sobre la titularidad de la Fiscalía General del Estado con la revelación de cuatro nuevos perfiles propuestos por Morena y el PAN. Aunque ninguno de estos nombres corresponde al que cuenta con el respaldo de la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo. Se vislumbra una antesala de gritos y sombrerazos en el Congreso del Estado.

El PAN ha propuesto a dos hombres vinculados al exfiscal Carlos Zamarripa Aguirre: Israel Aguado Silva, fiscal regional B con sede en Irapuato, y Ricardo Vilchis Contreras, director general de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). Seamos claros: ninguno de estos perfiles tiene posibilidades reales de llegar a la titularidad. Su inclusión parece responder más a la necesidad de completar la lista que se presentará a la gobernadora, lo que facilita el camino para Gerardo Vázquez Alatriste, delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato. Este último, propuesto por el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el PRI, es considerado “el tapado”.

Por parte de Morena, se han presentado dos perfiles con trayectoria partidista. El primero es Dalia Ramírez Delgado, abogada originaria de Irapuato y candidata del Partido Verde Ecologista a diputada local por el distrito 11 en 2024, quien tiene pocas probabilidades.

La apuesta más fuerte de Morena recae en Antonio Mendoza Chávez, quien cuenta con una extensa trayectoria como delegado de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en varios estados, incluidos Yucatán, Baja California, Jalisco, Oaxaca y Guanajuato. En 2018 fue nombrado delegado en Quintana Roo, donde se le cuestionó por la limitada actividad de la PGR en un estado marcado por escándalos, como las narcomantas dirigidas a delegados anteriores. Desde entonces, Mendoza Chávez ha permanecido fuera del foco público.

El tablero se completa con otras propuestas: el PAN incluye a Julio César Maldonado Ledezma; Movimiento Ciudadano, a Carlos Díaz Ábrego; el PRD, a Zucé Anastasia Hernández Martínez; y el PRI, a Juan Manuel Álvarez González. Por otro lado, se descarta a Bernardo María León Olea.

La pregunta principal ya no es quiénes son los perfiles, sino cómo se negociará políticamente para allanar el camino a Gerardo Vázquez Alatriste.

3.- El papelito o las balas: el rostro de la extorsión en Irapuato

Tras el descalabro provocado por la publicación de un decálogo de actuación ciudadana ante las extorsiones, que fue considerado ingenuo y recibió duras críticas por parte de los irapuatenses, el gobierno encabezado por Lorena Alfaro García afrontó y reconoció públicamente la grave problemática enraizada en el municipio. En las últimas semanas, se han registrado 24 negocios atacados con armas de fuego, todos vinculados a extorsiones. Sin embargo, solo la mitad de las víctimas presentó una denuncia.

En los últimos ocho años, las denuncias por extorsión en el municipio fresero se han disparado, reflejando más un aumento en la prevalencia de este delito que en la cultura de la denuncia. En 2017 se presentó solo una denuncia, y hasta 2020, la tendencia fue similar. No obstante, en 2021 se registraron 58 casos, cifra que se mantuvo en 2022. Para 2023, las denuncias casi se duplicaron, alcanzando un total de 104. Según datos de la Fiscalía, entre enero y noviembre de 2024 ya se habían registrado 94 casos, por lo que, al cerrar diciembre, es probable que se supere el total de 2023.

La brutalidad de la violencia asociada con las extorsiones en Celaya había mantenido fuera del foco mediático lo que sucede en otros municipios donde este delito se ha convertido en el pan de cada día para los comerciantes. Esto es especialmente evidente en Irapuato, pero también afecta a Salamanca, Silao, León y San Francisco del Rincón.

El escuadrón antiextorsión creado por el gobierno estatal en el actual sexenio aún no ha mostrado resultados contundentes. Hasta ahora, solo se ha informado de trabajos enfocados en el acompañamiento de casos de secuestros virtuales, evitando pagos que suman más de 30 millones de pesos. Aunque estos esfuerzos no deben subestimarse, parecen insuficientes frente a la realidad en municipios como Irapuato, donde recibir "el papelito" de amenaza es cada vez más común y, en caso de no responder, las balas llegan como consecuencia.

Contra Retrato

Marisol Suárez Correa

La Secretaría del Campo en Guanajuato aún no logra despegar en el llamado "Nuevo Comienzo". En los primeros tres meses de gobierno, pocas acciones concretas se le han atribuido. El discurso se ha centrado en la tecnificación del campo y la capacitación de productores, pero hasta ahora no se han presentado datos o rutas claras a seguir.

La funcionaria, Marisol Suárez Correa, ha demostrado en ocasiones una falta de preparación para responder a cuestionamientos de la prensa, llegando a admitir su desconocimiento sobre problemáticas específicas que enfrentan los agricultores en Guanajuato. Un ejemplo que permanece en la memoria ocurrió cuando los productores de fresa reportaron pérdidas catastróficas superiores al 60% de sus cultivos debido a una plaga, mientras que la secretaria afirmó desconocer el tema porque los afectados no se habían acercado a pedir apoyo.

Con el reciente nombramiento de Justino Arriaga Rojas como representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) federal, un cargo que había permanecido acéfalo durante años y sin estructura operativa, se abre una oportunidad para que Suárez Correa establezca una alianza estratégica. Esto es crucial, considerando las constantes quejas del sector agropecuario, que demanda un mayor respaldo del gobierno federal tras un sexenio de recortes presupuestales que superaron los 2 mil millones de pesos. Estos recortes han afectado gravemente a los productores, como en Salamanca, donde el 30% de los 7 mil agricultores dejaron de sembrar.

Los retos en el campo de Guanajuato son numerosos y complejos. Si la dinámica de la Secretaría del Campo no cambia, el futuro de Suárez Correa dentro de la administración estatal se vislumbra incierto.


 

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