Violencia, seguridad y narcotráfico
Violencia, seguridad y narcotráfico
La crisis de seguridad que afecta a la democracia, la gobernabilidad y la estabilidad social y política, producto de la ampliación del radio de acción del crimen organizado, las luchas de poder entre los diferentes cárteles del narcotráfico, así como de estos en contra de las instituciones encargadas de la seguridad, ha resultado en una ofensiva contra el Estado y la sociedad, adquiriendo prioridad sobre las demás dificultades que enfrenta nuestro país (lo que no significa que otros problemas no sean importantes), ya que de no atender sus causas, desarrollo y alcances, seguirá generando consecuencias graves en la población.
El fenómeno del narcotráfico en México debe entenderse como un elemento central del crimen organizado, al ser estos grupos delictivos quienes recurren al uso de la violencia, actuando fuera del estado de derecho, arrojando como resultado que no sólo la democracia y los procesos que de ésta se derivan se vean minados, sino que se atente contra la gobernabilidad y la estabilidad social y política, produciendo un clima de desconfianza, temor e insatisfacción entre la población civil, la cual, al encontrarse atrapada en este conflicto, se ve vulnerada, tanto en su integridad física como en sus bienes, por medio del empleo de una gran capacidad bélica, apoyada en el recurso del miedo, la extorsión y la corrupción, acumulando una gran cantidad de poder e impunidad que permiten su crecimiento. Ante ello, las instituciones encargadas de la seguridad deben prevenir la creación, desarrollo y expansión de estos grupos criminales, evitando que incorporen nuevas estrategias en el uso de la violencia para la consecución de sus fines.
Si bien nuestro país ha fortalecido su régimen democrático, por medio de la realización de procesos electorales participativos, incluyentes y regulares, no ha sucedido lo mismo con el resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos (protección a la vida, propiedad e impartición de justicia) vulnerándose éstos, así como sus derechos políticos (libertad de prensa, expresión y de asociación) lo que ha generado una ola de violencia en la lucha por mantenerse como una democracia, enfrentando una serie de obstáculos, errores y fracasos, tales como: falta de respeto a las leyes, inaplicabilidad del estado de derecho, incremento de la delincuencia organizada, acciones represivas por parte de los cuerpos securitarios, entre otros.
En este sentido, la estrategia de seguridad de un Estado debe basarse en planteamientos que se consideren esenciales para su desarrollo. Por tanto, mientras más problemas de seguridad tenga una nación, y sean tan evidentes que pongan en riesgo el bienestar de los ciudadanos o el futuro del país, mayor será la certeza de que los mecanismos normales para resolver disputas, riesgos y amenazas no están funcionando. Por tanto, la discusión de los temas de seguridad debe abarcar medidas preventivas encaminadas a impedir posibles conflictos, es decir, crear estrategias de anticipación, identificando prioridades y estableciendo, a partir de diagnósticos endémicos, cursos de acción inmediatos a corto, mediano y largo plazo. Se debe tener presente que incluir un problema en la estrategia de seguridad genera costos para la sociedad, ya que implica que el Estado disponga de recursos y esfuerzos que disminuirán o dejarán de estar disponibles para otras áreas importantes como educación, salud o pobreza, por mencionar algunos.
Para ello, México dispone de una infraestructura que le permite responder al problema de la inseguridad, siendo actualmente las instituciones policiales (en los tres niveles de gobierno) y las Fuerzas Armadas, los aparatos de seguridad e inteligencia que tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y prevenir amenazas ante condiciones de inseguridad y violencia. Como parte de las estrategias de seguridad en México, el Estado, en su lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, ha estado dispuesto a utilizar mecanismos excepcionales para una solución efectiva, valiéndose de los cuerpos castrenses para llevar a cabo funciones de seguridad pública, mismas que por sus atribuciones han sido desempeñadas por elementos y funcionarios civiles.
Las organizaciones del crimen organizado, al ejercer actividades violentas contra el Estado, han generado, en consecuencia, que éste fracase en llevar a cabo labores securitarias de protección a sus ciudadanos. Así, las organizaciones criminales (en particular los cárteles del narcotráfico) han generado nuevas estrategias del uso de la violencia a través de ataques a puestos policiacos y militares, acciones contra la población civil, asesinatos sistemáticos de periodistas y funcionarios encargados de la seguridad, secuestros, extorsiones, compra de lealtades, amenazas y ataques a autoridades y candidatos electorales (como diferentes modalidades de violencia política), entre otros, dando lugar a que se considere a nuestro país como un Estado fallido, lo cual, a pesar de enfrentar condiciones de violencia, en términos de delincuencia común y delincuencia organizada, se encuentra lejos de serlo, al no estar en riesgo su soberanía o la continuidad del Estado como eje rector de la sociedad. Sin embargo, es indudable que las fallas en seguridad son importantes y que, de no atenderse de manera eficiente y coordinada en los tres niveles de gobierno, seguirán generado condiciones que efectivamente permitan considerarnos entonces como un Estado parcialmente fallido en materia securitaria.
El narcotráfico, entendido como organizaciones del crimen organizado (cárteles) que regulan y controlan la producción y distribución de estupefacientes, son la expresión, como problema social, de la falla del Estado en procurar condiciones mínimas de seguridad ciudadana (empleo, salud, educación, procuración de justicia) mismas que impactan directamente en la sociedad, generando la cooptación de grandes sectores de la población y determinadas áreas y esferas del poder político para llevar a cabo sus actividades delictivas. Así, el narcotráfico, al operar, principalmente, a través de un sistema de redes de parentesco, territorio, alianzas, compromisos y lealtades, funciona como un sistema corporativo, dificultando las labores de infiltración, más no de incorporación, a los cuerpos encargados de la seguridad, diferentes grupos sociales y al gobierno mismo, el cual, por omisión, colusión, incapacidad u obligación, permite llevar a cabo sus actividades de manera impune. A ello debe añadirse la construcción, por parte de los grupos del narcotráfico, de una base social por medio de la implementación de estrategias de protección, salubridad y asistencialismo a la población en sus territorios, así como de oportunidades laborales y económicas al incorporarse en las distintas organizaciones criminales, permitiendo con ello su desenvolvimiento y protección entre comunidades y grupos sociales. Todo lo anterior aunado al factor del miedo a ser objeto de extorsiones, cobro de cuotas, secuestros, homicidios o la posibilidad de ser una víctima colateral, producto de enfrentamientos armados entre las mismas organizaciones criminales o de ellas con las instituciones de seguridad gubernamentales.
Sin duda, las amenazas a la seguridad representan un grave riesgo para la gobernabilidad y la democracia, sin embargo, debido a la debilidad de las estructuras institucionales, y al ser el narcotráfico uno de los mayores problemas que afecta al Estado, se ha recurrido a las Fuerzas Armadas, trasladándoles las responsabilidad del ejercicio de la seguridad pública, argumentando que su presencia es necesaria hasta que las fuerza policiales, en los tres niveles de gobierno, puedan asumir totalmente las funciones de seguridad pública. Sin embargo, las políticas de combate a la inseguridad no han logrado abatir, de manera adecuada y eficiente, al crimen organizado, sino al contrario, las organizaciones criminales han desarrollado nuevas formas de violencia en aras de mantener la hegemonía de sus actividades criminales.
El incremento en los índices de criminalidad, la reforma a las instituciones de seguridad, así como garantizar el control civil de las mismas, han sido el foco de atención principal en México. Como sociedad debemos exigir y llevar a cabo el mantenimiento de medidas necesarias que permitan una mayor participación ciudadana en la formulación y evaluación de políticas de seguridad que permitan beneficiar a la totalidad de la población. Es nuestro derecho y obligación.
JRP
