Acoso laboral y violación de derechos humanos: así actuó la UG contra trabajadora
Al lugar llegaron representantes de la ventanilla UGénero y de Derechos Humanos en el Entorno Universitario, con la intención de proteger a la trabajadora
Guanajuato, Guanajuato.- Una empleada administrativa de la Universidad de Guanajuato fue despedida de forma injustificada y con tratos inhumanos.Lo anterior, tras que denunciara acoso laboral, al ser hostigada por sus superiores jerárquicos.
Alberto Ramírez Moncada, director de Relaciones Laborales de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Gestión y Desarrollo de la Rectoría General, acudió a notificar el despido a la trabajadora este viernes. Incluso se empleó fuerza pública y seguridad privada de la propia universidad para correrla a ella y a su abogado.
La trabajadora es coordinadora de Contratos del departamento de Administración de la Construcción, de la dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios, cuyo director es Eloy Juárez Sandoval.
A la trabajadora no le permitieron defenderse, presentar testigos de descargo, y por el contrario, fue exhibida y humillada.
“Es algo muy lamentable, porque se están violando derechos humanos de la trabajadora y están violentando que en la Universidad Pública le niegan el acceso a miembros de la sociedad”, explicó el abogado Jesús González, maestro jubilado de la UG y exdefensor de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario, quien lleva la defensa de la afectada.
Lo anterior, tras que se dieran órdenes a los guardias de no dejarlo pasar a las instalaciones de Noria Alta, ni a él ni a los medios de comunicación.
"Es una humillación", clama la víctima
Elizabeth, la trabajadora afectada, relató que fue una humillación la forma en que la corrieron.
“Sin previo aviso, llegó personal a notificarme la recisión de contrato, me dijeron que me tenía que salir, que no formaba parte ya de la universidad, al negarme llamaron a la fuerza pública. Esto es una violación a mis derechos y al debido proceso, es una humillación”, dijo la afectada.
Al llegar su abogado para defender a la trabajadora, lo acusaron de alterar el orden y pidieron a la policía que los desalojaran.
"Fue una trampa": abogado
En entrevista con Periódico Correo, el abogado Jesús Hernández relató que previo a este despido injustificado, tuvieron un acercamiento con el director de Infraestructura, Eloy Juárez, con quien se acordó remover de puesto a la trabajadora pero manteniéndole sus derechos laborales, situación que también se corroboró en una reunión posterior con el Secretario de Gestión y Desarrollo, Salvador Hernández Castro.
No obstante, el abogado explicó que semanas después citaron a la trabajadora por parte del departamento de Relaciones Laborales a comparecer a una cuestión de naturaleza laboral.
Al acompañar a la afectada a la diligencia, el abogado se percató que no la estaban citando a una comparecencia de naturaleza laboral, sino que le prepararon un acta de administrativa, y donde no le reconocieron a él con el carácter de apoderado o representante legal de la trabajadora.
“Ella refirió en la propia acta que no se le citó a un acta administrativa, si la hubieran citado a un acta administrativa, le hubieran dicho que ofreciera pruebas y llevara testigos de descargo, no lo hicieron, esa es una violación flagrante a su debido proceso, protegido por los derechos humanos”, explicó el abogado.
Además, la diligencia realizada este viernes fue ilegal, porque pretendieron notificarle un aviso rescisorio pero violando al proceso, porque no le dieron vista a la agrupación sindical y porque debieron acudir al tribunal laboral a notificar el propio aviso.
Al no firmar la trabajadora el documento, no se colma la recisión laboral.
El abogado solicitó al Órgano de Control Interno de la UG, que pida un informe de esta situación y se pronuncie al respecto.
Pretenden 'aliviar' la situación
Al lugar llegaron representantes de la ventanilla UGénero y de Derechos Humanos en el Entorno Universitario, con la intención de proteger a la trabajadora.
“Hemos acordado con ella, le hemos ofrecido que se dicten medidas de protección, para que las personas que ella señala no se le acerquen, no la molesten, en tanto nosotros iniciamos formalmente la activación del protocolo, ya lo hemos acordado con ella”, comentó la titular de la ventanilla UGénero, Luz María Velázquez.
Dijo que requerirán que mientras se atienda a la trabajadora por este programa, el tema de la cuestión laboral se pause.
Sobre la llegada de la fuerza pública, la representante de UGénero, dijo que “por ningún motivo” debió llegar, que “no sabemos quién la llamó”, y “que no lo hubieran permitido”.
Reconoció que la notificación de despido a la trabajadora no fue formal, porque la afectada no firmó, y todavía no se da a través del Juzgado Laboral.
Pese a todo lo ocurrido, la titular de Derechos Humanos en el Entorno Universitario, Margarita López Maciel, no reconoció que se violaron los derechos humanos de la trabajadora. Incluso dijo desconocer que haya llegado la fuerza pública y que le hayan negado el acceso al abogado.
Al respecto dijo que “estoy verificando… ya platiqué con ella, ya le expliqué que la presencia del programa de Igualdad de Género como la defensoría de Derechos Humanos es precisamente para cuidarla, protegerla en su integridad, creo que no ha tenido molestia, para mí eso es lo importante, lo importante es que ella esté bien, que no la hayan molestado, el proceso laboral se sigue y se verificará que se haya respetado el debido proceso y que no le hayan afectado sus derechos humanos”, expresó.
Se le preguntó que cómo se puede entender que primero le violentan sus derechos, que llegue la fuerza pública y que luego vienen a sobarle la espalda. “La verdad no sé, esa parte no la puedo señalar”, respondió.
Llama a la ética quien viola la Ley...
Adriana Monserrat Andrade Aldana, quien se identificó como reportera y empleada de Comunicación Social de la UG, pidió al abogado Jesús Hernández grabar la entrevista que le realizaba Periódico Correo.
Luego, llamó al reportero a que se condujera con ética.
Adriana Monserrat Andrade Aldana fue una de las personas que allanó las instalaciones del Periódico Correo el pasado 8 de junio, violando su propio Código de Ética, además del Código Penal del Estado de Guanajuato.
JRP