Congreso de Guanajuato exhorta a municipios a cumplir normas ambientales en sus rellenos sanitarios
Guanajuato, Guanajuato.- El Congreso de Guanajuato exhortó a 20 municipios para que, en ejercicio de sus atribuciones, implementen las acciones que permitan que su relleno sanitario se regularice conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-083- SEMARNAT-2003.
Se trata de los municipios Jaral del Progreso, Apaseo el Alto, Atarjea, Manuel Doblado, Comonfort, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Jerécuaro, Moroleón, Ocampo, Purísima del Rincón, Salvatierra, San José Iturbide, Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tierra Blanca, Villagrán, Xichú y Guanajuato,
De igual manera, solicitaron capacitaciones que permita, ante contingencias que se presenten en el relleno sanitario, realizar acciones de remediación ambiental que atiendan de manera pronta los incidentes que contaminan el ambiente y dañan la salud de las personas. Además de informar los planes de manejo que aplican, si siguen lo establecido con la NOM-083-SEMARNAT-2023 y la vida útil de los mismos.
El exhorto, analizado y aprobado por los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y el Congreso en pleno, fue propuesto por diputada y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ruth Noemi Tiscareño Agoitia, Alejandro Arias Ávila y Gustavo Alfaro Reyes.
Los gobiernos municipales, tienen hasta este 25 de agosto, para presentar opinión, con la finalidad de que, en su caso, envíen observaciones o comentarios a la propuesta, a través de la Secretaría General del Congreso del Estado o bien al correo electrónico de la Comisión de Medio Ambiente: [email protected].
Lo anterior, en virtud de que los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento y su disposición final.
Medidas son para el medio ambiente en Guanajuato
Las consideraciones para tomar el acuerdo en el Congreso del Estado, fueron considerando que: La protección al medio ambiente ha venido desarrollándose de manera legítima, a través de medios que se traducen en normas jurídicas o políticas públicas que buscan atender a la defensa y restauración de la naturaleza y sus recursos, así como a que esta protección constituya una garantía para las personas para la realización y vigencia de los derechos reconocidos a su favor.
Si bien la protección al medio ambiente ha encontrado reconocimiento constitucional en el artículo 4to de la Ley fundamental de nuestro Estado mexicano, su contenido ha encontrado mayor desarrollo a través de los criterios jurisprudenciales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido.
El artículo 4°. Constitucional prevé el derecho al medio ambiente como un auténtico derecho humano, cuyo bien jurídicamente protegido es el medio natural; la naturaleza, por su valor en sí misma. También es un principio rector de política pública, porque el artículo 4°. Constitucional establece el deber del Estado de garantizar su respecto, lo que debe interpretarse en concordancia con el artículo 25 constitucional, en relación con el desarrollo sustentable.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, mediante la Opinión Consultiva OC-23/17 que se trata de un derecho autónomo, es decir, que la naturaleza es un valor tutelable en sí mismo que tiene interdependencia con otros derechos, por lo que los Estados tienen obligaciones para:
"Garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, un medio ambiente sano para vivir; Garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, servicios públicos básicos; Promover la protección del medio ambiente; Promover la preservación del medio ambiente y, Promover el mejoramiento del medio ambiente.
Se destaca que dicha Opinión Consultiva refirió que los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades, a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de las entidades públicas, así como de personas privadas.
De la misma manera, se señala que, como parte de la obligación de prevención, los Estados deben vigilar el cumplimiento y la implementación de su legislación y otras normas relativas a la protección del medio ambiente, así como ejercer alguna forma de control administrativo sobre operadores públicos y privados como, por ejemplo, a través del monitoreo de las actividades de estos operadores.
Se subraya que el control que debe llevar a cabo un Estado, no termina con la relación del estudio de impacto ambiental, sino que los Estados deben monitorear, de manera continua, los efectos de un proyecto o actividad en el medio ambiente.
En ese sentido y de conformidad con el artículo 1" de la Constitución Federal se establece que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales, entre ellos el medio ambiente sano.
De la misma manera, el artículo 115 de la referida Ley fundamental señala que la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados, es el municipio libre, y que éste tendrá a su cargo las funciones y servicios públicos, del que en el caso concreto destaca, el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
De lo anterior se desprende que, el municipio libre, en el ámbito de los derechos fundamentales debe realizar actos que conlleven a su máxima protección, y asimismo que, como encargado de los servicios públicos, encaminar la prestación pública de estos, de tal manera que incidan en la protección de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al medio ambiente sano, entro otros.
Tiradero de Guanajuato no es el adecuado
Se expone que el pasado lunes primero de mayo del presente año, el tiradero municipal a cielo abierto de Guanajuato capital comenzó a incendiarse, llevándose a su paso toda serie de residuos sólidos urbanos (basura) y quemando, a su vez, múltiples gases nocivos para la salud de las personas, como el metano.
Se describe además que este incidente, es solo una de las consecuencias de la falta de atención a un tema importante que incide en la prestación del servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos que es exclusiva competencia de los municipios, en este caso del municipio de Guanajuato.
Además de que, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-20037 el tiradero municipal de la capital, no es el más adecuado para la disposición final de los residuos sólidos urbanos.
Dicha Norma Oficial Mexicana prevé las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
De la misma manera, se define como residuos sólidos urbanos: los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticos, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques.
Los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos.
A la par de lo anterior, establece las especificaciones para la selección del sitio en el que habrán de depositarse, donde, el municipio de Guanajuato, no cumple con las referidas especificaciones.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Asimismo, los diputados consideraron la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que establece una regulación sobre los residuos sólidos urbanos que son competencia municipal, y específicamente en su artículo 10.
Articulo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a otras más facultades.
Considerando lo anterior, se acordó que, es indudable que el tema de los rellenos sanitarios en los 20 municipios referidos debe atenderse con prontitud, “las obligaciones constitucionales para ellos, así lo mandatan.
Más aun cuando las contravenciones a la norma oficial mexicana en la prestación de este servicio público violentan los derechos fundamentales de los guanajuatenses a un medio ambiente sane y a su salud.
Las experiencias recientes, abonan a que el objeto del presente punto de acuerdo se tome como necesario y urgente, pues con una debida atención y seguimiento a abordar la problemática que se presenta, permitirá evitar, a primera vista, que se presenten incidentes como el más reciente en la capital del Estado”, concluye la asamblea legislativa y aprueba el acuerdo de exhorto a los municipios.
