Deudores alimentarios: escala GTO al primer lugar nacional
Guanajuato, Gto.- Cada día, en Guanajuato se inician casi nueve carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, lo que ha llevado al estado al primer lugar nacional en cantidad de deudores alimentarios.
Al cierre de enero, la Fiscalía General del Estado registró 265 denuncias por este delito, colocándolo en la cima del ranking nacional. En segundo lugar se encuentra Chihuahua, con 233 casos, seguido del Estado de México, con 223 carpetas abiertas.
“La mayoría de los deudores son hombres, y esta tendencia puede atribuirse a diversos factores, desde el machismo hasta cuestiones económicas y sociales que impactan en el ámbito familiar y contribuyen al aumento de estos casos”, explicó el abogado especialista Baruck Sánchez.
En 2023, el Congreso del Estado de Guanajuato, a iniciativa del diputado panista Aldo Márquez Becerra, retomó el tema y destacó que el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar es un “delito de peligro o de riesgo”, ya que no requiere un daño material para considerarse una falta.
En ese contexto, se propuso endurecer las penas debido a sus repercusiones en la integridad física y emocional de las personas afectadas.
No obstante, aunque se ha buscado aumentar las sanciones, tanto con prisión como con multas, el Código Penal del Estado de Guanajuato mantiene vigentes las reformas más recientes en el artículo 215, realizadas en 2009 y 2011. Dicho artículo establece que:
"A quien se coloque dolosamente en estado de insolvencia con el propósito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, se le aplicará de uno a cuatro años de prisión".
El incremento de estos casos es alarmante. En enero de 2015, se registraron solo 88 denuncias por este delito, lo que equivalía a poco más de dos casos diarios. Durante todo ese año, se abrieron 1 mil 045 carpetas de investigación. En contraste, para el cierre de 2024, la cifra se disparó hasta 2 mil 713 casos, reflejando un crecimiento preocupante en la problemática.
Una lucha sin fin
Desesperación, frustración y un profundo desgaste emocional son los sentimientos que atraviesan muchas madres solteras en México, al enfrentarse a juicios por pensión alimenticia que pueden prolongarse por años, sin una solución clara ni apoyo efectivo de las autoridades.
Tal es el caso de Angélica D.G., madre de un niño de seis años, quien desde el nacimiento de su hijo ha asumido sola todos los gastos necesarios para su bienestar. "Nunca ha recibido un solo peso de su padre biológico", asegura.
Desde los primeros años de preescolar hasta ahora que cursa la primaria, Angélica ha tenido que costear la educación de su hijo, así como alimentación, vivienda, transporte y actividades extracurriculares. "Es frustrante no tener de dónde agarrar para cubrir nuestras necesidades, desde la despensa, la renta o simplemente el pasaje para movernos cada día", confiesa.La espera
Angélica lleva más de tres años en un proceso legal por pensión alimenticia, sin resultados. "El juicio ha sido agotador. El padre no ha colaborado en lo más mínimo. Incluso ha dado domicilios falsos, lo que ha impedido que se le notifique legalmente", explica.
En algún momento, el padre se acercó con la intención de establecer contacto, pero cuando se le mencionó que todo debía hacerse conforme a la ley, desapareció nuevamente. "Mi hijo nunca ha recibido una llamada de cumpleaños, ni un regalo de Navidad o Día de Reyes. La última vez que lo vio fue cuando tenía dos años", lamenta.
Autoridades pasivas y procesos costosos
Según Angélica, el actuar de las autoridades ha sido lento y pasivo. Audiencias pospuestas, trámites burocráticos y gastos que se acumulan sin resultados visibles. Uno de los estudios socioeconómicos solicitados durante el proceso costó 4 mil pesos, monto que, según ella, debería cubrir el padre demandado.
A pesar de los obstáculos, el juicio sigue su curso. Angélica menciona que los abogados han solicitado un 25% del salario del padre como pensión alimenticia. Sin embargo, no han recibido respuesta oficial. Existe incluso la posibilidad de que el caso escale a una demanda penal, ya que, según sus cálculos, la deuda acumulada podría ascender a 850 mil pesos.
La esperanza permanece
Cuando se le pregunta si ve una solución próxima, Angélica responde con paciencia: "Tengo que confiar en que las cosas se resolverán. Lo único que quiero es que mi hijo tenga lo que merece".
Mientras tanto, los gastos siguen creciendo con el paso del tiempo. El caso de Angélica D.G. es solo uno entre miles, donde madres solteras enfrentan un sistema judicial lento, procesos desgastantes y una paternidad ausente que no solo falla económicamente, sino también emocionalmente.El desafío de buscar la pensión alimenticia
“El proceso en el área civil es más rápido que en el área penal. Al principio, realicé el trámite por el área penal, pero tras 17 años en los que él no se ha hecho responsable de los gastos de sus hijas, el proceso lleva cerca de 3 años y aún no hay avances. Solo se ha hecho la vinculación a proceso, y de ahí no ha pasado nada. En el área civil, al menos se obtiene algo más rápido, aunque sabemos que no es la cantidad justa, porque mis hijas están a mi cargo y esas cantidades ni para dos días alcanzan”, explica Maricarmen.
A lo largo de estos años, Maricarmen ha tenido que enfrentarse a una serie de dificultades, tanto legales como personales, que han puesto a prueba su determinación. Uno de los mayores problemas ha sido la falta de respuesta por parte del padre de las menores, quien en varias ocasiones ha evitado presentarse a las audiencias o no ha cumplido con los requerimientos establecidos por la ley.
“Por más que demuestre los gastos que tengo con mis hijas, ya que las dos son universitarias, no se me otorga una pensión justa para ellas. Ni siquiera el salario mínimo pueden otorgarles de pensión”, señala con frustración.
Maricarmen resalta que, como madre, no importa el ingreso que se tenga; siempre se debe cubrir lo necesario para sus hijas. "A los padres no se les obliga como a nosotras, que asumimos la responsabilidad como sea", enfatiza. Además, ha tenido que lidiar con la carga emocional y económica de un proceso legal largo y costoso, mientras sigue cumpliendo con su rol como cuidadora principal de sus hijas.
“No le dan agilidad al proceso. Como te comento, tengo 3 años con una carpeta de investigación por incumplimiento de obligaciones alimentarias y sigue en espera. No es fácil, pero sé que estoy luchando por su futuro”, comparte con determinación.
El proceso también ha evidenciado las deficiencias del sistema judicial. Las extensas esperas entre audiencias y la falta de recursos en algunos casos han hecho que el camino para garantizar la pensión alimenticia sea aún más arduo. “Sé que estoy luchando por sus derechos, pero cada día es más difícil mantener la esperanza”, concluye Maricarmen.
Demandas y largas esperas
Blanca, una mujer de 39 años, quedó viuda en 2017 cuando su esposo falleció a causa de una enfermedad. En 2020, conoció a José, con quien tuvo dos niños de año y medio.
En una entrevista con el periódico Correo, Blanca compartió que, en sus planes, no estaba previsto tener más hijos. Con su difunto esposo, ya tenía dos adolescentes. "Mi embarazo con José fue inesperado, no lo planeamos. Al principio todo fluyó bien, pero después de que nacieron los bebés, comenzaron los problemas. Él no cumplió con lo que habíamos acordado, porque seguía manteniendo a sus dos hijos de su primer matrimonio, uno de ellos en preparatoria y otro en la universidad", explicó.
Cuando Blanca dejó de recibir el apoyo acordado, decidió interponer una demanda alimentaria para garantizar que sus hijos pequeños también tuvieran lo que les correspondía. "Él no quería dejar de darles dinero a sus hijos mayores, pero los míos no recibían nada. Incluso habló con ellos, pero tampoco quisieron apoyar. No querían que su papá les diera menos de lo que les daba a ellos", contó Blanca.
A pesar de las dificultades con José, Blanca ha logrado salir adelante con sus hijos mayores. Sin embargo, la situación con él ha sido complicada. A lo largo de dos años de litigio, la carga emocional ha sido agotadora, sumada a sus responsabilidades del hogar.
"El proceso se ha alargado mucho. En cada audiencia, los hijos y la exesposa de José no se han presentado, o han puesto excusas. Al principio no pensaba en demandar, pero los bebés tienen derecho a su manutención, mientras yo sigo encargándome de mis hijos mayores", declaró.
Blanca también enfrenta los desafíos diarios de cuidar de sus cuatro hijos, trabajar y mantener su hogar. "Es muy cansado, pero sigo luchando por el bienestar de mis hijos", concluyó.
Un calvario
Alejandra sufrió violencia en manos de su entonces esposo y, tras el divorcio, enfrentó un calvario para reclamar pensión alimenticia para sus hijos. A la fecha tiene complicaciones para que ésta le sea entregada completa y con regularidad, pese a existir una orden judicial.Durante una década se enfrentó a violencia económica, psicológica, física y sexual, sin embargo, debido a su añoranza de que su matrimonio saliera adelante, soportó humillaciones y todo tipo de malos tratos.
Pero fue hasta que descubrió una infidelidad por parte del padre de sus hijos que decidió pedirle el divorcio, acto que le valió que la violencia económica incrementara. “Le pedí el divorcio, dijo que no, quiso remediar las cosas, pero yo ya estaba firme, ya la decisión la había tomado y ya no iba a retroceder.
Aun con esta situación vivieron en la misma casa los siguientes meses hasta que él decidió irse de la casa y “como siempre lo había hecho, ejercer violencia económica, lo volvió a hacer…no me daba dinero”. Fue el quien la demandó por la custodia de sus hijos y pese a que ella buscaba terminar el matrimonio por mutuo acuerdo, él no accedió.
Alejandra relató que sus mayores tropiezos legales fueron el no contar con recursos económicos para contratar abogados, así como la burocracia que se vive en las instancias que atienden en estos casos.
El juez resolvió que el padre debía otorgar pensión a sus hijos hasta que cumplieran la mayoría de edad o hasta que terminaran de estudiar de manera regular, pero “ahí empezó mi martirio: incumplía con la pensión, me la daba incompleta, a destiempo”, lo que la llevó a iniciar denuncia en el Ministerio Público por el incumplimiento de obligaciones.
No obstante, con muchas trabas y retrasos la carpeta fue archivada sin el consentimiento de ella y, luego de insistir, el trámite se prolongó por un año. La madre se había quedado sin empleo y sin un sustento sólido para sus hijos, “sí me daba pensión, pero no alcanzaba para nada”.
Al final, a fin de resolver su asunto, fue orillada por el Ministerio Público a aceptar una cantidad menor a la que adeudaba el padre por los gastos caídos, pese a que había sustentado los gastos tal y como lo exige la ley.
A la fecha, a Alejandra le queda claro que “cuando no tienes los recursos para contratar abogados, no te hacen caso” y los procesos suelen ser retrasados por el Ministerio Público, mientras tanto “los niños a la venia de Dios y, los hombres, bien gracias”.
El conflicto legal continúa y, así como la imposibilidad de ella de conseguir un empleo formal para solventar los gastos de los menores, debido a las dificultades que tiene para encontrar a alguien que la apoye en su cuidado.
Por: Lourdes Juárez, Deyanira Lancón, Karla Silva y Alfredo Moreno
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