Guanajuato resalta en transparencia de información… pero sus municipios reprueban

El Índice de Gobierno Abierto es un ejercicio que midió el grado de gobierno abierto, a partir de dos dimensiones

Miguel Juárez
Guanajuato.- Guanajuato, de acuerdo con el CIDE y el INAI, es el estado más abierto y transparente de México. Sin embargo, el grueso de sus municipios tiene peores resultados que el promedio. Además, se advierten otras complejidades a considerar. Por ejemplo: el número de recursos de revisión abandonados.

Recientemente se dio a conocer que Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en el Índice de Gobierno Abierto. Esto según un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): la Métrica de Gobierno Abierto (MGA).

El Índice de Gobierno Abierto es un ejercicio que midió el grado de gobierno abierto, a partir de dos dimensiones: transparencia y participación ciudadana. En la primera analizó el cumplimiento del plazo legal. La existencia de, al menos, una respuesta. También la frecuencia del uso de prórroga, así como las obligaciones comunes de transparencia. Incluía la existencia y calidad de los datos abiertos publicados, entre otras cosas.

En la segunda se revisó la existencia de mecanismos de participación y su nivel de incidencia ciudadana. Si los sujetos obligados cuentan con diversos métodos de contacto, si las personas pueden realizar propuestas ciudadanas y si reciben confirmación; entre otras.

Aunque el Índice de Gobierno Abierto muestra una evolución importante para nuestra entidad, transitando de un promedio en el índice de gobierno abierto de 0.48 en 2017 a 0.54 a 2019 y, a 0.66 en 2021. Es claro que para activistas locales este camino aún tiene muchos desafíos.

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Le apuestan al desgaste

Para los integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato realizar solicitudes de información sigue siendo un desafío para el grueso de la ciudadanía. Aunque se ha trabajado de la mano del Comité de Participación Ciudadana para promover capacitaciones y talleres sobre el tema. Para la investigación y análisis de información, requiere en muchos casos procesos de análisis sumamente técnicos.

Es conocido entre los activistas de transparencia que la información proveída por los sujetos obligados en un primer momento, únicamente, es para ir calentando motores. Los recursos de revisión siempre son parte de la tarea. Aunque solicitudes se realizan de sobra, un tema importante se encuentra en los mecanismos de revisión. Primero porque el lenguaje especializado no es del todo sencillo y segundo porque pareciera, le apuestan al desgaste de los interesados.

“Una de las apuestas es el desgaste. Le apuestan al desgaste. Eso está pasando mucho con el tema de las declaratorias de inexistencia. Encontrar evidencia que contradiga la inexistencia es bien complicado”, compartió Efraín Tzuc a ARTICLE 19, en Negación (2022).

Información llega incompleta

De acuerdo con el Instituto de Acceso a la Información Pública, entre enero de 2020 y marzo de 2022, en el estado se presentaron 4 mil 464 recursos de revisión debido, principalmente a que la entrega de información es incompleta (mil 196). También a la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley (mil 098), a que la entrega de información no corresponde con lo solicitado (599) y a la clasificación de la información (317).

Sin embargo, en la mayoría de las veces, los recursos de queja son desechados debido a que los solicitantes no desahogan los requerimientos adicionales para dar seguimiento a su queja o porque las quejas fueron presentadas fuera de plazo.

Por otro lado, aun cuando se realizan en tiempo y forma dichas acciones se desechan, sobreseen o modifican sin entrar al fondo del tema.

Sin embargo, en la mayoría de las veces, los recursos de queja son desechados debido a que los solicitantes no desahogan los requerimientos adicionales para dar seguimiento a su queja o porque las quejas fueron presentadas fuera de plazo. Por otro lado, aun cuando se realizan en tiempo y forma dichas acciones se desechan, sobreseen o modifican sin entrar al fondo del tema.

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ARTICLE 19 ha identificado, además una serie de retos en cuanto al seguimiento de las resoluciones del pleno de los institutos de transparencia, por ejemplo, aun cuando se ha obtenido una resolución favorable que ordena modificar o revocar la respuesta del sujeto obligado, la información no se entrega y el incumplimiento es validado por la propia institución de transparencia, a través de diversas unidades administrativas encargadas de supervisar el cumplimiento de las resoluciones.

Organizaciones de la sociedad civil, especialistas, periodistas e investigadores han denunciado que es complicado recurrir al litigio por las resoluciones del pleno, las respuestas de los sujetos obligados o los acuerdos de cumplimiento.

Por último, en estos largos procesos, aunque los juicios de amparo son una última instancia, resultan inasequibles para la gran mayoría de las personas.

Sobre el estudio

Para el estudio del CIDE e INAI se analizaron mil 365 sujetos obligados de los tres ámbitos de gobierno (49 del orden federal, 870 del orden estatal y 446 del orden municipal).

A pesar de que Guanajuato y Chihuahua presentan las mejores medias estatales, el grueso de sus municipios tienen peores resultados que el promedio debido a que Guanajuato es la entidad que más rápido contesta. Por otro lado, en más de la mitad de los casos el sujeto obligado respondió.

En definitiva, es posible reconocer que Guanajuato ha avanzado de forma importante frente a otras entidades. Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos para que la calidad de la información y su disponibilidad para toda la ciudadanía sea efectiva.