Violencia, desaparecidos y falta de agua: tres temas que impactaron a Guanajuato en 2022
Conoce algunos de los temas impactantes en Guanajuato en 2022 que fueron un reflejo claro de las decisiones de las autoridades
Javier Bravo
Guanajuato.- Tres de los temas pendientes que más apremian a la opinión pública de Guanajuato, entraron en una fase de complejidades durante 2022. Reflejo claro de las decisiones e indecisiones de quienes ostentan el espacio temporal del poder político.
La confusa –en ocasiones enfermiza- relación de encuentros y desencuentros entre el gobierno del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el del presidente Andrés Manuel López Obrador, a menudo fue el común denominador en la mayoría de estos asuntos hasta ahora irresueltos.
En el año que termina, la rueda patinó sobre el fango en temas como el agua, la violencia y la búsqueda de los desaparecidos.
En el mejor de los casos, algún acuerdo político aconteció en las postrimerías de este periodo. Esto para dar señales de una salida a un progreso, que irremediablemente se postergará para el 2023.
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Del Zapotillo a Solís
Ya son 25 años desde que se intensificó la advertencia. Los mantos acuíferos de Guanajuato están sobreexplotados. De no tomar medidas de reabastecimiento, pronto se iría de la alerta a la alarma de una crisis hídrica.
Justo el 22 de diciembre de 2021, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador su “plan b” para garantizar el abasto de agua, luego de que a mediados de ese año Guanajuato fuera excluido del proyecto de la presa El Zapotillo.
Los detalles sobre el plan llamado ‘Agua Sí para Guanajuato’ se fueron desgranando a la opinión pública a cuentagotas. Al finalizar este año es ya conocido que se pretende extraer agua de la cuenca del río Lerma, a partir de la Presa Solís, infraestructura hidráulica que data del sexenio de Miguel Alemán Valdez.
La determinación del gobierno estatal se basa en la viabilidad de aprovechar excedentes en las concesiones en manos de más de 25 mil productores agrícolas, principalmente de la zona sur del estado. Con el Zapotillo, el plan era dotar de agua a León; con la vieja –pero eficiente- Solís, se dotará de agua a todo el corredor industrial.
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Nadie explica por qué no se pensó en esta solución hace más de dos décadas, antes que esperanzarse en un proyecto insalvable como la Presa y Acueducto el Zapotillo.
AMLO ‘toma las riendas’
Al final la solución quedó planteada a López Obrador quien se tomó su tiempo para tratar el caso Guanajuato.
Primero gozó de buenos dividendos en Jalisco y de una luna de miel con el gobernador Enrique Alfaro, al iniciar de inmediato con las modificaciones a la presa El Zapotillo para que su aprovechamiento sea regional. Después se dirigió a Nuevo León donde la crisis hídrica le estalló en las manos al gobernador Samuel García. Otra presa se construirá allá.
Fue hasta el 17 de noviembre, cuando de visita en León el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, prometió apenas iniciar el proceso legal para la modificación de las concesiones del agua para uso agrícola, para febrero del próximo año.
Las dudas sobre su viabilidad son pocas. La propuesta está avalada por los titulares del ramo en el distrito de riego o en el consejo de la Cuenca Lerma Chapala. Incluso se presume que tiene el aval de sus pares en Jalisco. La incógnita está en su costo económico y social, lo incierto en su financiamiento.
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La persistente crisis de violencia
Durante los doce meses de este año, la crisis de violencia en Guanajuato sostuvo un ritmo persistente, incrementando sus niveles de impacto público. Masacres, bloqueos, comercios incendiados, convulsionaron las inmediaciones de al menos 13 municipios de Guanajuato durante el segundo semestre del 2022.
Las acciones eminentemente organizadas, correspondieron a reacciones criminales que rayaron en el descaro, frente a corporaciones de policía rebasadas. Atribuidas a uno u otro grupo criminal, quedó en evidencia la vulnerabilidad a sus acciones.
En particular, municipios como Irapuato, Celaya, Villagrán, Juventino Rosas, Cortazar, lucieron inermes ante tales despliegues criminales que, en tres ocasiones, durante la noche, madrugada y tarde, interrumpieron la vida cotidiana de los guanajuatenses y, en al menos cinco casos conocidos, fueron ser asesinadas en el contexto de estos hechos.
Ante las detenciones presentadas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), sólo queda esperar la efectividad de sus anuncios con acusaciones de terrorismo, hasta ahora pendientes en casos judiciales particulares.
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Se culpan unos a otros
La reacción a estos hechos, las diferencias políticas entre el gobierno estatal y federal se recrudecieron. Las acusaciones de López Obrador hacia el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre mantuvieron su tono, el despliegue de la militarizada Guardia Nacional se intensificó por el estado, mientras el eslabón se identificó en las policías municipales.
Por supuesto, a nada ayudaron las declaraciones que a lo largo de octubre realizó Adán Augusto López, al atizar la situación de Guanajuato utilizando descalificaciones como el ‘paraíso de los delincuentes’, para ejemplificar la necesidad del perfil militar de la Guardia Nacional, por encima de las infiltradas policías locales.
Al final, en la referida visita del secretario a León, el tema quedó aparentemente zanjado, con las obligadas disposiciones oficiales para colaborar y frenar la violencia que desde hace al menos un lustro priva en Guanajuato. los resultados, claro, se verán en 2023, si acaso.
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Inefable freno a la reforma de la Ley de búsqueda
Desde 2019 y 2020, la consolidación de una ley de vanguardia, atenta a los parámetros y recomendaciones internacionales, para atender la tragedia de la desaparición de personas en Guanajuato, se convirtió en un reto mayor para las familias víctimas de este penoso delito.
La lentitud burocrática y resistencias políticas, lucieron por el desconocimiento sobre este fenómeno criminal que creció junto a la crisis de violencia en Guanajuato, pero que no fue reconocido como tal hasta esos años, donde el grito por encontrar a los desparecidos retumbó en espacios públicos y gubernamentales.
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Urgen soluciones
En este 2022, la experiencia con esa primera legislación, pronto dio luz a los colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de derechos humanos, las omisiones que en la práctica habrán de ser subsanadas.
Por ello, desde febrero de este año presentaron un borrador de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y a la constitución, para crear el Instituto Estatal de Ciencias Forenses, que independice de la FGE la labor de identificación fosas y cuerpos rescatados, pues las labores de búsqueda, han dejado ver una crisis forense que apremia su máxima atención.
Inscrito tales reformas como agenda común por parte de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, presidida por el panista Luis Ernesto Ayala Torres, se esperaba tener una iniciativa impulsada por todas las fuerzas políticas, que hiciera posible ayudar a las labores de búsqueda de forma inmediata. Pero no fue así.
Postergan mesas de trabajo
Las mesas de trabajo, foros y consultas, fueron opacadas por los sainetes políticos. El tema fue postergado en la agenda por la junta de gobierno hasta que en noviembre fue asignado a la Comisión de Derechos Humanos y Atención de Grupos Vulnerables que preside el morenista David Martínez Mendizábal.
Nuevas mesas de trabajo se entablaron y hasta mediados de diciembre no había iniciativa conocida para entregar al pleno. El último acuerdo de la Junta de Gobierno fue retomar la prioridad de la iniciativa en la última sesión del pleno, para esperar que en 2023 tenga luz tras ser convalidada por las fuerzas políticas.
Sobre la creación del Instituto Forense, apenas el debate estará por entablarse con la fiscalía de Carlos Zamarripa, que no permitirá que le sea retirada esta área clave para identificar el verdadero tamaño de la tragedia de la violencia en Guanajuato. Lo veremos también, en 2023.
MM
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