¿Cartas marcadas?

1.- ¿Cartas marcadas?

Todo apunta a que el 26 de octubre próximo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) procederá a elegir de entre las propuestas dadas por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) para determinar nuevos consejeros y consejeros presidentes de varios estados, entre ellos Guanajuato.

Ayer, la Comisión determinó que habrá una sola propuesta para presidir el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y que esta recae en Brenda Canchola Elizarraraz, pues consideraron que, en la valoración integral de los aspirantes, su perfil cumple con la idoneidad requerida para presidir al OPLE guanajuatense. Con esto, la joven aspirante dejó en el camino a la propia Arminda Balbuena, cuyo grupo político la consideraba ya presidiendo el IEEG en noviembre.

Sin embargo, hay quienes consideran que la decisión ha discriminado a los aspirantes varones, porque no se respetó la paridad de género, principio que el dictamen asegura se cubrió, ya que todo indica que desde el principio la consejería ha asignarse ya tenía género determinado. El IEEG quedaría integrado por cinco consejeras y dos consejeros. La puerta queda abierta para el litigio de quienes se consideren desplazados

2.- Silao en la mira

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Ernesto Millán Soberanes, se erigió en vanguardia de la primera minoría al presentar un punto de acuerdo para instruir a la Auditoría Superior del Estado y exhortar a la Fiscalía Superior del Estado para que investigue e informe respecto del faltante de 28 mil cartuchos en la policía municipal de Silao, así como el robo a su Tesorería, suscitados en el trienio de José Antonio Trejo.

A fin de obtener la aceptación y votos necesarios de la asamblea para ello, Millán Soberanes, llamó su atención al desvelar resultados del estudio hecho por México Evalúa: “Hallazgos 2020: Seguimiento y Evaluación del Sistema Penal en México 2019-2020”, en donde Guanajuato incrementó su nivel de impunidad en once por ciento. En ese marco, señaló, el trienio pasado la administración en Silao estuvo plagada de irregularidades.

Al parecer los panistas en el Congreso quieren tomarse su tiempo para ponderar su decisión. Atajaron la propuesta de Ernesto Millán, legitimada por la información pública, El diputado Víctor Zanella, propuso atomizar el paquete de Ernesto Millán, llevando por un lado la fiscalización la seguridad pública por otro. Cabe mencionar que el tema de los 28 mil cartuchos faltantes, el 5 de marzo de 2021, el secretario de Seguridad Pública estatal, Alvar Cabeza de Vaca, indicó que luego de una revisión realizada por la SEDENA “no se reportó ningún faltante”. Los diputados: como Santo Tomás.

3.- Separación

Coincidieron las diputadas de los grupos legislativos PRI y Morena, Ruth Noemí Tiscareño y Alma Alcaraz Hernández, respectivamente, en hacer notar la necesidad de mejorar el funcionamiento del Congreso del Estado en materia de Fiscalización. Presentaron en sesión plenaria iniciativas de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Se espera que la voluntad política prive para un análisis puntual y aprobación.

La oposición al PAN en Las Enredaderas encontró que la división de la facultad fiscalizadora y revisora en materia presupuestaria se aplica en otras entidades. En Guanajuato siguen fusionadas en la Comisión de Hacienda y Fiscalización. La priista Ruth Tiscareño matizó que la separación se haría a fin de que haya eficiencia en las decisiones. Mientras que la diputada del rojo marrón, Alma Alcaraz, refirió que en 25 de 32 estados de la República ya existe esa división, Guanajuato está en el grupo de los siete que todavía no lo hacen

Por cierto, en el intento de mejor la actuación del Congreso Local, los diputados deberán evitar ser “pasto” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó fracciones de norma en Educación por discriminar a las comunidades indígenas e indigentes, al no ser consultadas al momento de legislar. Deberá el Congreso reponer el procedimiento.

Valija. Sol rojo en León

Con una amplia población en el estado de Guanajuato, sobre todo en León, la embajada de Japón en México a cargo de Yasushi Takase, tras los ataques del crimen organizado a la policía de la ciudad donde tiene su Consulado General, realizó recomendaciones severas a sus ciudadanos para que preserven su integridad física y eviten exponerse en sitios públicos. Un mensaje que tiene copia para las autoridades guanajuatenses y federales. El gobierno japonés cree que los ataques podrían ejecutarse de nuevo.

En este escenario, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez estrechó el contacto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación, al reunirse con el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja y atender la circunstancia. En León, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, que a salido a “tomar el toro por los cuernos” a diferencia de sus antecesores, sostiene contacto directo con instancias locales y federales para aumentar las condiciones de seguridad tras los ataques. Acudió al cambio de turno a refrendar el apoyo a los elementos de la corporación, además de supervisar la atención a las familias de los policías caídos. No sólo eso, Mario Bravo Arrona, su secretario de Seguridad Pública pasará a la báscula ante la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública, Academia Metropolitana, Tránsito y Prevención del Delito, para ofrecer respuestas. Esta vez nadie le tendió manto. Leticia Villegas, será la inquisidora.

Fernando Gasca Almanza

Fue el alcalde que más rápidamente se “deshizo” del conflicto que le representaba optimizar las estructuras policiales y de tránsito en una de las plazas más calientes en territorio guanajuatense. Le pidió al gobernador del estado apoyo para liquidar a 135 elementos de las dos corporaciones, amén de imponer un mando único con fuerzas policiacas estatales apoyadas por federales.

Fernando Gasca Almanza, alcalde panista del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, aceptó sin chistar la propuesta del gobierno estatal: despido masivo por presunta infiltración del crimen organizado en las corporaciones. Pero de la comodidad del corte parejo, pasará al difícil paso de formar cuerpos de seguridad pública donde le pesarán los despidos, pues entre ellos “justos pagaron por pecadores”.

En otros municipios les fijaron secretarios o directores de seguridad pública, pero en Santa Cruz se usó el rasero que complicará la chamba a Gasca Almanza con personal inexperto. A 10 días de protestar al cargo despidió al personal. Los factores de liquidación aún no justifican el hecho.