CERESOS: la cara violenta
1.- CERESOS: la cara violenta
Los motines en los Centros de Reintegración Social (Cereso) no se dan por generación espontánea. Se trata del punto culminante de una serie de las violaciones, colusiones, negligencias y omisiones que las han sumido en el autogobierno.
Así lo reflejó el primer suceso de este tipo del año, el 1 de enero en el Cereso 3 de Chihuahua, que dejó un saldo de 17 muertos, al menos 12 lesionados y 30 reos fugados. Las disputas entre grupos criminales por el control de la plaza han sido el principal motivo, con todo y su certificación de la Asociación Americana de Correccionales (ACA).
En México, hay 319 centros penitenciarios. Bajo el orden federal están 15 de estos y del estatal son 251 prisiones. La población penal se estima en unas 226 mil personas, la mayoría en condiciones de hacinamiento.
Estos sucesos no son ajenos a Guanajuato. Las circunstancias de las diez cárceles estatales han sido un tema álgido para el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appenidini, así como para Juan José González González, Director General del Sistema Estatal Penitenciario.
Está el motín e intento de fuga que se registró en mayo de 2017, cuando los reos del Cereso de León tomaron como rehenes a 50 personas, al tener acceso a armas para controlar sus instalaciones todo un día. El hecho terminó con más violencia, al ser detenido el comando de prófugos en una refriega sobre la autopista a Aguascalientes.
Por supuesto, también están las riñas registradas entre abril y mayo de 2020 en el Cereso Mil de Valle de Santiago que, por cierto, fue captado en video por múltiples celulares en posesión de los internos. Aunque se hablaba de intentos de motín, todos los hechos fueron insistentemente negadas por Cabeza de Vaca.
Esa opacidad prevalece también en los penales federales. Correo difunde hoy un historial apenas conocido del Cefereso de Ocampo que, en los últimos tres años, fue escenario de 17 riñas en las que se vieron involucrados 42 internos.
El penal que data de los últimos años del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, bajo el modelo de concesión privada para su operatividad con resguardo de las fuerzas de seguridad federal, engrana con los señalamientos sobre violaciones a los derechos humanos incluso en plena pandemia.
Incluso, el registro indica al menos otras tres agresiones a terceros, por lo que
son 20 incidentes que se dan cuenta en el Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Nacional, en el que, por cierto, los penales de Guanajuato aparecen “en blanco”.
2. Agua: ¿solución destrabada?
El decreto que emitió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de diciembre, sacó del letargo las medidas de surtimiento de agua para Guanajuato que inexplicablemente se quedaron en un cajón desde hace casi una década.
La primera duda que salta a la vista es por qué una solución, como la canalización de agua de la cuenca del Pánuco a través de cuatro ríos foráneos, se mantuvo en la congeladora aún con su viabilidad.
Sin embargo, con esta acción ejecutiva ahora los cuestionamientos van en torno a las obras complementarias y su relación con el plan Agua Sí para Guanajuato, que depende de la cuenca Lerma Chapala con la presa Solís como punto de partida.
De acuerdo con el presidente del Distrito de Riego 011, Agustín Robles Montenegro, el abasto de agua para 17 municipios hasta el año 2070 contemplado en este decreto, es parte de las gestiones del gobierno Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sin embargo, llama la atención el mutis frente a la medida.
Robles Montenegro -también suplente del diputado federal del PAN, Román Cifuentes Negrete– fue quien aseveró que había un proyecto de la cuenca del río Santa María, de la que ahora se pretende irrigar los municipios del norte de Guanajuato, pero se había quedado parado.
Los “cómos” y los “cuántos” siguen siendo la incógnita. El director de la Comisión Estatal del Agua, Francisco García León, no ha hecho un solo pronunciamiento al respecto.
Por lo pronto, ya se pronunció el presidente de la cuenca Lerma-Chapala, Roberto Castañeda Tejeda, quien suscribió la opinión favorable al decreto basado en la urgencia de incrementar el consumo de agua superficial para el uso urbano y doméstico. Aunque planteó la misma duda: los costos de llevar el agua hasta la zona del Bajío.
Planteó también un diferencia medular con la cuenca Lerma-Chapala, pues esta se mantiene en veda por la sobre explotación, por lo que el proyecto Agua Sí se dispone más sobre el reacomodo de las concesiones; en la del Pánuco hay suficiencia vigente del recurso que, más allá de la distancia, garantiza el surtimiento.
Es así que se vuelve innegable el beneficio del decreto, solo que el camino para hacerlo valer aún parece nebuloso y sin reacciones del gobierno estatal.
3. Maltrato animal en puertas oficiales
La inscripción de la violencia animal como un delito en Guanajuato, está lejos de surtir un efecto activo en los Centros de Atención Animal a cargo de los municipios. Los arcaicos –y sangrientos- métodos de sacrificio siguen siendo constantes en los antes llamados antirrábicos o perreras municipales.
Para muestra está el naciente escándalo del Centro de Atención Animal de Silao a cargo de Gustavo Guerrero Velázquez, donde se ha denunciado que literalmente matan a los perros a palazos, para luego ser embolsados y arrojados al relleno sanitario.
El denunciante es el médico veterinario Víctor Manuel Hernández Rosas, quien tiene una trayectoria de diez años de experiencia, cuatro de ellos en el Centro de Atención Animal de Silao. Él se ha dicho víctima de acoso laboral desde hace un año, cuando comenzó a denunciar la violencia que se comete en esta instalación pública.
Aunque Guerrero Velázquez todo lo asignó a una revancha del veterinario por su despido, los señalamientos han generado consternación al tener sustento en las cruentas imágenes que revelan las condiciones de los canes alojados en las instalaciones a su cargo.
Lo mínimo para el alcalde Carlos García Villaseñor, sería investigar y verificar el caso. Al final, estamos ante las omisiones oficiales de una ley de protección animal aún sin sustento en la realidad.
Contra retrato
Javier Mendoza Márquez
Su fortaleza era la cercanía y empatía con los ciudadanos. Así era recordado tras gobernar Celaya entre 1989 y 1991, así lo ratificó en la campaña electoral que lo llevó a su segundo mandato en 2021. Pero esa cualidad, pareciera haberse diluido con el tiempo.
El alcalde Javier Mendoza Márquez ha visto a lo lejos las protestas que vecinos de Rincón de Tamayo emprendieron, para reprochar el deplorable servicio que reciben de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado les ha brindado. El enojo llevó estas protestas hasta las puertas de la presidencia municipal, aún sin respuesta.
Estas exigencias tienen su epicentro en el control del agua que, en otros tiempos, se encontraba en manos de los comuneros. El cambio a la municipalización del servicio llegó con promesas que con el tiempo menguaron en su cumplimiento.
Si bien la operación de grupos de interés pudieron motivar la movilización de decenas de pobladores, le gestión directa pareciera un trabajo echo a la medida de Mendoza Márquez, pero no fue así. El Secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, es quien se encargó de las negociaciones, hasta ahora, infructuosas.
La tensión por el control del agua, la desesperación ciudadana, los intereses particulares, son un coctel que debiera motivar una acción certera del presidente municipal. Esperemos que pronto, salga de su atrincheramiento.
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