Derecho de réplica

En respuesta a lo publicado ayer en esta columna con el título “El intento de engaño de Alejandro Arias”, relacionado con el hallazgo de “huachicol” en el rastro municipal de Villagrán, el diputado local del PRI, apelando a su derecho de réplica, desea manifestar lo siguiente: En el citado texto se refiere a insanas motivaciones de mi parte para “defender lo indefendible” porque, con relación al hecho referido, declaré que el centro de matanza animal de ese municipio estaba clausurado desde 2016, es decir, dos años antes de que asumiera su primer periodo el alcalde todavía en funciones.

Sin embargo, se afirma que dicho hallazgo permite recordar (…) “la presencia latente del crimen organizado, así como sus nexos con el gobierno municipal encabezado por Juan Lara Mendoza”, a pesar de reconocerse también que en 2016 “la actividad de los grupos dedicados al huachicol ya se encontraba en pleno”.

A partir de que dan por sentado, indebidamente y violentando el principio de inocencia, la existencia de nexos entre el crimen organizado y el gobierno municipal de Villagrán, con dolo sostienen que lo defiendo “a ultranza”, afirmación que rechazó tajantemente, además de acusarme de “distorsionar información tan delicada”, de mentir, cuando lo único que hice fue dar una opinión a un medio de comunicación a partir de un hecho real: la clausura del rastro municipal de Villagrán que desde 2016 realizó la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).

La citada columna asevera que filtré un documento, circunstancia totalmente infundada, porque no fue así, porque lo que ocurrió fue que entregué al reportero que me cuestionó sobre el hecho el documento que me proporcionó el municipio en cuestión, lo que me permitió formular la declaración en el sentido en que lo hice.

Asimismo, se sostiene en la columna que mi declaración, en el sentido de que en tanto que clausurado, el Rastro no estaba bajo resguardo del municipio, motivó que la SSG emitiera un comunicado para negar que tuviera atribuciones legales para tomar el control de las instalaciones del mismo. Sobre esto último, debo reconocer que no tengo conocimiento de si la medida de suspender actividades se mantiene a la fecha, seis años después, ni si en algún momento la autoridad municipal subsanó las irregularidades que motivaron esa decisión, pero tampoco tengo conocimiento de si la SSG realizó inspecciones de seguimiento para cerciorarse del cumplimiento de las medidas que dictó.

Lo cierto es que fotografías recientes publicadas en otros medios de comunicación indican que el Rastro luce en situación de abandono. Y debo comentar que, de acuerdo con el artículo 412 de la Ley General de Salud, la suspensión es temporal, “por el tiempo estrictamente necesario para corregir las irregularidades” y puede ser “levantada a instancias del interesado o por la propia autoridad que la orden, cuando cese la causa por la cual fue decretada”.

Por último, le comento que en mi declaración también fui enfático en el sentido de que el descubrimiento de “huachicol” en instalaciones del Rastro municipal, debe investigarse y se debe castigar a quien o quienes resulten responsables, porque hasta ahora no hay detenidos, ni acciones, ni hechos concretos. De estas afirmaciones no se ocupó la columna. Hago votos porque las plumas se usen para decir la verdad y no para cumplir encargos, porque con relación al tema que nos ocupa, el medio que usted dirige ni siquiera me entrevisto. 

2. Contrarréplica 

En el terreno de las opiniones todas son respetables, pero hay aseveraciones en la réplica del diputado local y secretario general del PRI, Alejandro Arias Ávila, que nos parece necesario precisar ante lo ya escrito y publicado.

Afirma que se viola el principio de inocencia, pero primero habría que cuestionarse de quién, pues los señalamientos refieren a instituciones, no a una persona específica. Para el diputado, el hecho de que una instalación pública sea usada para guardar decenas de miles de litros de combustible robado, sumado a la violencia y las declaraciones de instancias estatales y federales sobre las actividades ilícitas que se desarrollan en Villagrán, no son muestra de una presencia latente del crimen organizado.

Más aún, cuando niega defender a ultranza al gobierno de Juan Lara Mendoza, en la declaración que originó este debate justificó que el Ayuntamiento no solicite el Mando Único por “terror y miedo”, lo cual reafirma la presencia del crimen pero es, en sí mismo, un argumento de defensa y excusa para el municipio.

Nuevamente, en su declaración pública dice textualmente: “Quien tenía bajo resguardo ese predio, no era el municipio, era la Secretaría de Salud, porque no se podía utilizar por parte del municipio…” Lo anterior, es de hecho, una falsedad evidenciada por la institución citada; por lo tanto una mentira que distorsiona información delicada, que dice no haber filtrado sino entregado. Al margen del eufemismo, admite haber ventilado un documento a tras mano del municipio, lo que en el argot es inequívocamente una filtración.

Por lo demás, resta comentar que lo referente a la falta de una intervención del estado y la federación, fue materia de un apartado completo en la Yerbamala del pasado 6 de diciembre, en uso de nuestra libertad para este espacio editorial, la misma libertad que nos permite elegir a quien entrevistar. 

3. Los ‘gota a gota’ sin solución 

Luego de la detención de un grupo de presuntos prestamistas colombianos en Guanajuato capital, las reacciones fueron de normalidad. Las operaciones de estos grupos que ofrecen dinero fácil a cambio de cuotas y pago diarios interminables, parecieran cosa de todos los días más que sabida por el gobierno federal, estatal y los municipios.

Es preciso recordar que el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, aseveró que han identificado incluso el lugar donde se resguardan los integrantes de esta red, “por supuesto que les vamos a caer”, expresó. Pero es en ese tratamiento en el que la descoordinación oficial hace mella. Ayer, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo describió que estos grupos operan de manera intermitente.

En el caso de Guanajuato, Correo ha documentado al menos diez ciudades, mientras medios nacionales han hecho lo propio en otras veinte entidades desde hace más de una década. Es decir, una extensa red de prestamistas extranjeros perfectamente visualizada, pero que no ha motivado la mínima coordinación entre las policías municipales, estatales y federales, con instancias federales como el Instituto Nacional de Migración (INM) actualmente a cargo de Francisco Garduño Yáñez.

El municipio de Guanajuato o cualquier otro, le puede ‘caer’ a estos lugares de resguardo de inmigrantes dedicados a la usura, pero sin la debida coordinación para detener la ilegalidad de sus operaciones, su situación migratoria, así como la cabeza que los coordina, los esfuerzos serán estériles. 

CONTRA RETRATO 

Juan Pablo Delgado  

Que perfiles nuevos irrumpan con efectividad en el ámbito político local y estatal siempre se agradecerá. Ya sea desde el activismo social o desde los partidos políticos, que estos sean factor de cambio es un aporte invaluable. Pero en este caso, ambas trincheras se combinan creando un doble filo. Desde hace una década, Juan Pablo Delgado, se ha dedicado a la defensa de los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+) acuñando el llamado litigio estratégico.

En 2021, el también abogado se integró al partido Movimiento Ciudadano, que lo hizo candidato a la alcaldía de León. En su última causa, Juan Pablo logró que un juez federal ordenara la asignación de recursos para promover los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+. Una a una se cayeron las impugnaciones del Poder Legislativo, hasta que cedieron en el acatamiento del fallo. La foto con el diputado Martín López Camacho parecía firmar el fin de las hostilidades.

Pero el tema no terminó ahí. Los ‘cómos’ en el cumplimiento de la sentencia quedaron en el aire y el oficialismo panista está a punto jugarle una mala pasada, asignando el presupuesto en términos generales, con la modificación realizada por el ejecutivo y no por el legislativo. Por supuesto, no se trata de hacer apología de las prácticas sucias de la realpolitik, pero sí de advertir los riesgos entre el activismo y la política, una mezcla de doble filo que seguramente le está dejando una dura lección al joven activista y político leonés. 

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