Exigen en Celaya corresponsabilidad ciudadana
1.- Exigen en Celaya corresponsabilidad ciudadana
La masacre en el bar ‘Los 3 amigos’, en Celaya, evidenció otro problema del municipio: la proliferación de establecimientos clandestinos donde se vende alcohol.
Abundan en la zona rural, en comunidades como San José el Nuevo, reconoció el director de Fiscalización, Salvador Martínez Abud. Sin embargo, también admitió que no tienen identificados todos los puntos irregulares.
El funcionario argumentó que su dependencia cuenta con un total de 50 inspectores, y se requerirían al menos otros 20, que se dedicaran en exclusiva a la detección de venta clandestina de bebidas alcohólicas.
‘Los 3 amigos’ no contaba con permiso para operar. Hace dos años funcionaba bajo otra razón social, con documentos avalados por el Municipio, sin embargo, cerró. Fiscalización no estaba al tanto de su reapertura, ya que los accesos principales al local se mantenían cerrados; los clientes ingresaban por la parte trasera. Así lo explicó Salvador Martínez, aunque de acuerdo con habitantes de San José el Nuevo, la operación del bar no era un secreto, ni siquiera para el personal del área que encabeza.
El funcionario, por su parte, exhortó a denunciar, “invitamos a que la ciudadanía se comprometa con nosotros”. El desconocer la dimensión de una problemática así de grave y promover la denuncia, cargar parte de la solución en los hombros de la gente, es frecuente entre las autoridades celayenses. Es parte del discurso cada que las extorsiones, amenazas, presuntos abusos policiales, la inseguridad en general, derivan en tragedia.
Salvador Martínez entiende que los ciudadanos no reporten negocios clandestinos por temor (un temor para nada infundado). Pero reiteró, “sin la aportación de datos de estas familias no vamos a poder lograr mucho, se necesita esa corresponsabilidad, que la ciudadanía apoye, que nos aporte”.
Mientras tanto, habitantes de San José el Nuevo esperan que los prometidos operativos en la zona rural también los apoyen, les aporten.
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Exigen en Celaya corresponsabilidad ciudadana
2.- Irapuato: el desorden en Mercados
No fue necesario que la alcaldesa Lorena Alfaro García entrara en detalles para evidenciar que a Pascual Delgado López le quedó grande la Dirección de Mercados, cargo del que fue separado a menos de diez meses de iniciar la administración.
“Hacían falta unos ajustes en el área para buscar tres objetivos: que se trabaje en orden, con seguridad y con limpieza”, dijo la presidenta municipal, confirmando el desaseo y falta de control que había en esa oficina.
Los problemas que enfrenta la Dirección de Mercados no son nuevos. Por años ha estado enmarcada por las disputas entre los líderes de comerciantes que buscan imponer su voluntad en los tianguis de la ciudad fresera, donde constantemente hay quejas por el desorden y cobro de cuotas a contentillo.
El empoderamiento de esos grupos se ha ido enraizando gracias a que cuentan con el liderazgo para movilizar a decenas de comerciantes a favor o en contra del gobierno. Por eso con frecuencia se veía a sus líderes apersonarse en la oficina de Pascual Delgado, en la Plaza del Comercio, para quejarse unos de otros.
No la tenía fácil: el exfuncionario cargaba sobre sí la tarea de llegar a acuerdos e imponer orden y limpieza con los comerciantes, para dar pie a la actualización del Reglamento de Mercados que lleva más de 35 años sin ser modificado.
Poco pudo hacer, y por eso ha quedado a medias la promesa de regularizar el ‘pago de plaza’ que por años no se les cobró a muchos comerciantes. Al inicio de la administración arrastraban hasta 100 mil pesos de adeudos, sin contar las cuentas millonarias que estaban pendientes por cobrar en algunos mercados.
Ninguna administración ha podido acordar con los comerciantes, ya que sus líderes desean conservar sus privilegios y mejor dejan de lado el reglamento.
Otro obstáculo es que Daniel León, quien fungió como director de Mercados en el gobierno de Ricardo Ortiz Gutiérrez (2018-2021), sigue influyendo sobre algunos comerciantes.
Lorena Alfaro decidió dar un viraje y nombrar a Gerardo Venegas Mondragón, quien ya había colaborado en la Dirección General de Ordenamiento Territorial de 1993 a 2009, y un breve paso de 2014 a 2015.
El desafío es mayúsculo y escaso el tiempo para dar resultados.
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3.- Oscuridad para el campo
Campesinos de Irapuato, San José Iturbide, León y Celaya, San Francisco del Rincón y Guanajuato capital, sumaron este lunes sus voces para manifestarse contra los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Manel Bartlett Díaz.
La organización Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense encabezó la protesta masiva, donde se denunciaron incluso amenazas por parte del personal de la CFE.
Alrededor de 600 pozos adheridos a la mencionada asociación, operan en Guanajuato, abastecidos por la Comisión Federal de Electricidad, aunque se estima que hay 3 mil que enfrentan el mismo problema. Los campesinos sostienen que aún después de fijar una estrategia de pago justa, les han destruido postes, los han embargado y algunos productores terminaron encarcelados.
Por si fuera poco, aseguran que los cortes de energía eléctrica son constantes. A inicios del presente mes, otro gremio se manifestaba por el mismo motivo. Empresarios del sector del calzado y los sombreros en San Francisco y Purísima del Rincón, rodearon instalaciones de la CFE para reprochar continuos apagones que les provocaron millonarias pérdidas.
La dependencia federal cobra, brinde o no el servicio, agregaron los empresarios. La CFE atribuyó las fallas al “mal clima”.
La reactivación económica de Guanajuato depende en buena medida del campo y su industria. El primero de estos sectores ya se ha visto suficientemente golpeado por la falta de lluvias y el incremento en los precios de los insumos, para encima añadir un obstáculo más.
Al momento, sólo los propios líderes campesinos han dado voz al reclamo, esperemos si acaso alguna autoridad estatal se pronuncia sobre el tema. Insistir, es el único camino que este embrollo deja a los productores.
Por si te lo perdiste: Campesinos de Guanajuato se manifiestan en la CFE contra cobros excesivos
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CONTRA RETRATO
Carlos García Villaseñor
Necesitará mostrar firmeza y arrestos para negociar si no quiere que la presión que ejerzan los concesionarios del transporte público lo ponga contra la pared.
Ya le hicieron llegar la solicitud para que se revise la viabilidad de subir el precio del pasaje, aunque el alcalde de Silao adelantó que no entablará mesas de diálogo mientras sus unidades no cumplan las condiciones que garanticen la seguridad de los usuarios. Es una puja que apenas comienza.
Sabedor de que no existe una medida más impopular que aumentar la tarifa al transporte público, Carlos García Villaseñor debe sopesar el costo político/electoral que tendría para su partido -Morena- que el alza al pasaje se apruebe durante su gestión.
Por ello su primera respuesta es condicionar a los transportistas para que primero cumplan con su obligación de contar con unidades en buen estado, lo cual requerirá de una inversión que difícilmente estarán dispuestos a hacer.
La revista mecánica vehicular recién arrojó que muy pocos camiones cumplen con los requisitos para operar en óptimas condiciones, lo que evidencia que la mayoría requiere de un servicio mecánico mayor, o que de plano adquieran nuevas unidades.
El último incremento se autorizó en 2017, con Juan Antonio Morales Maciel como presidente municipal, cuando pasó de seis a ocho pesos. Esta vez se pretende elevar en tres pesos para que cueste once, lo que García Villaseñor consideró exagerado.
“Es algo imposible. No vamos a hacer que la ciudadanía pague tres pesos por un servicio donde no se tiene garantizado que cumplan con la revista vehicular”, dijo sin dar pie a la negociación.
Para los transportistas, sin embargo, es una batalla que apenas comienza.
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JRP
