Facturas del pasado
1.- Facturas del pasado
La relación entre la Federación y el estado de Guanajuato no puede pasar por el cobro de facturas del pasado como motivación de praxis política cada semana. Quienes han hecho forma de vida el insertar en la acción comunicativa pública disonancia para la vendetta, en realidad sepultan las posibilidades de que la ciudadanía, en general, sin artificios políticos, encuentre bienestar a partir de la colaboración.
El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha señalado que el presidente Andrés Manuel López Obrador “siempre tiene en su mente” a Guanajuato, al precisar y criticar cada semana situaciones que pasan por inseguridad o corrupción. Pero más allá de la esgrima de los actores, lo cierto es que no se pasa de la retórica a la solución efectiva de los problemas. Es una suerte de guerra fría.
La interacción social requiere de la fuerza racional de las verdades sometidas a crítica, pero encaminadas a la formulación de acuerdos para el avance de la sociedad. Se necesita una nueva forma de estructurar la acción comunicativa entre ambos órdenes de gobierno.
2.- Acción voluntaria y mesurada
El estado libre y soberano de Guanajuato tiene elementos suficientes para retrasar unas semanas el retorno a clases presenciales, cuando haya condiciones menos agresivas de contagio de COVID-19 para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En la cresta de la “tercera ola” de la pandemia, se pide los padres de familia a que envíen a sus hijos a las aulas, sin garantías de eximirles de contagios.
La Secretaría de Salud de Guanajuato comunicó que, debido al incremento de casos, el semáforo epidemiológico pasa de amarillo al amarillo con alerta que cambia los aforos de personas a restaurantes y bares, al 60 por ciento. Froylán Salas, subsecretario de Desarrollo Económico, aclara que la proporción atañe a iglesias, antros, casinos y espacios públicos. La letalidad indica 35 decesos de menores de edad por contagio en la pandemia, de los cuales siete no cumplieron su primer año de edad.
Ante las circunstancias y número, Alfredo Herrera, investigador y director del LANGEBIO del IPN, marca la pauta al citar que el retorno a clases es de altísimo riesgo pues sería en el pico máximo de la 3ª ola del COVID-19. La propuesta sensata es posponer el regreso presencial hasta octubre. Hay que escuchar a los que saben.
3.- Transición de terciopelo
No existen razones que justifiquen transiciones de gobierno sin el esfuerzo conjunto, entre el equipo que deja la responsabilidad y el que la asume, pues existen leyes que sancionan las omisiones y las fallas. Además, es importante que el saliente invite al entrante a participar en las acciones que “afectarán” el trienio siguiente, como es la integración del pronóstico de ingresos y el presupuesto de egresos. Lo eficaz en la transición consiste en erradicar la cultura del Año de Hidalgo, evitando jugosas liquidaciones y negociaciones de última hora.
En León, en donde recibirá el poder la alcaldesa electa, Alejandra Gutiérrez Campos, su equipo espera que su similar, a cargo de la entrega del alcalde Héctor López Santillana, cambie el tecnicismo por información valiosa, participando de decisiones últimas que terminarán incidiendo en el próximo trienio o más años, sin los errores para cerrar.
En Irapuato la alcaldesa electa, Lorena Alfaro García, ha colectivizado una solicitud de información al gobierno de Ricardo Ortiz Gutiérrez sobre una serie de proyectos; pero, sobre todo, de los débitos de la administración saliente al fisco. Esto, porque el gobierno municipal de La Fresera debe el pago del Impuesto Sobre la Renta al SAT por los 2 trienios -2016 al 2021- por más de 160 millones de pesos y los recargos para totalizar 200 millones. El grupo entrante pide que el gobierno saliente no negocie la deuda ante Hacienda y sea la nueva administración, quien lo acuerde, porque será quien pague el desaguisado fiscal.
De la Valija. Opacidad o transparencia
Este viernes, el gobierno de San Miguel de Allende firmó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y su similar guanajuatense, el IACIP, la Declaratoria de Municipio Abierto, instrumento de transparencia y rendición de cuentas, para lo cual fue indispensable contar un Reglamento de Gobierno Abierto, aprobado hace una semana y a lo cual se refirió esta columna de opinión tras su validación, destacando el voto en contra de 3 regidores del ayuntamiento sanmiguelense: María Elena Vázquez Muñoz, Helio Huescar Caupolicán Bastien Partida y Laura González.
Los citados regidores presentaron esta semana a Correo su inconformidad por lo aquí expresado, citando que ““dicha nota es inexacta y falta a la verdad por pretender justificar un acto administrativo”, sin detallar la base de su reclamo y si argumentos ajenos a lo opinado. En Yerbamala, se da por recibida su queja y se aclara a los citados representantes populares, que lo expresado el viernes 13 de agosto pasado en este espacio no corresponde a nota informativa alguna, pues es una columna de opinión; por ende, la ejerce sobre diversos hechos de interés público. Tampoco se “justifican” actos administrativos, no es nuestra labor.
Lo que si relevamos y confirmamos, es que ante la oportunidad de estructurar de forma reglamentaria una administración pública municipal en San Miguel de Allende, abierta, transparente y que auxiliará para la rendición de cuentas, María Elena Vázquez Muñoz, Helio Huescar Caupolicán Bastien Partida y Laura González se opusieron. Y opinamos que hay… motivaciones políticas.
María Magdalena Rosales Cruz
Nadie se esperaba la sorpresa de que la legisladora de Morena, junto con dos de sus compañeros de bancada, presentaría una iniciativa de ley que en otros estados fue impulsada por su némesis, los panistas, para instaurar impuestos ambientales a empresas contaminantes, que causaron escozor profundo en la Cuarta Transformación, porque las más afectadas serían Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. María Magdalena Rosales Cruz, diputada del Congreso del Estado de Guanajuato, a poco más de un mes de que termine la 64 Legislatura, hay que reconocerlo, ha tenido la valentía de proponer una iniciativa que ayudaría a engrosar las arcas estatales y obligaría a que las empresas mayormente responsables del desastre ecológico en Salamanca, PEMEX y CFE, contribuyan económicamente para limpiar aire, agua y tierra estatal. Sin excluirse, claro, al sector privado.
La iniciativa que los panistas lanzaron en estados como Tamaulipas, esta vez presentada por Morena en Guanajuato, podría resultar en campanada, porque podría encontrar eco y concordia entre ambas representaciones partidarias y decirse que, al fin, sacaron una juntos, gracias a Magdalena Rosales.
