Incubando violencia, encarcelando a jóvenes
1.- Incubando violencia, encarcelando a jóvenes
Vaya situación que atraviesan las niñas, niños y adolescentes en medio de la vorágine de violencia en Guanajuato. Es este el sector que se ha vuelto campo de cultivo de la criminalidad que suma encarcelados, mientras el uso de armas les es normalizado por los propios gobiernos.
No nos referimos a la delincuencia común. Se trata de delitos de alto impacto ligados a organizaciones delictivas, que aprovechan esa naturalidad con la que menores de hasta 12 años conciben la idea de la violencia como el camino más corto.
Correo difunde hoy los datos de una juventud que en dos años sumó 127 sentenciados por delitos como la violación, narcomenudeo, homicidio, robo o portación de arma de uso exclusivo del Ejército, de acuerdo al Sistema de Oralidad para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
El dato anterior, por supuesto, es sólo la parte culminante del proceso penal en el que se ordenó la vinculación a proceso de 1 mil 273 menores de edad, es decir, apenas el 10 por ciento de los procesos con una resolución. El resto son 48 internamientos preventivos y 2 mil 012 ingresos totales.
En este como en muchos otros temas, los políticos prefieren una salida fácil, muchas veces carente de un análisis profundo. En febrero de este año, Martín López Camacho, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Seguridad, dio a conocer que se analizaría la posibilidad de reducir la edad a los 16 años para juzgar y encarcelar por cometer delitos de alto impacto.
El problema es cuando el propio gobierno contribuye a la normalización en el uso de las armas y la violencia. Se trata de una concepción policiaca y belicosa, que se suma al mar de información que reciben los infantes. Es decir, el gobierno como otro agente apologista de la violencia.
Así tenemos el caso del alcalde Purísima del Rincón, Roberto García Urbano, cuya Dirección de Seguridad Pública, a través de la Coordinación de Prevención de Delito, ha impartido, por un tiempo aún no determinado, exhibiciones prácticas o adiestramientos a estudiantes de secundaria.
Es el caso de Purísima el más relevante, pues nuevas imágenes donde se ve a elementos de policía prestar sus armas a menores de edad, revela que no se trató de un caso aislado.
A este municipio se suma el de León, donde el pasado 11 de julio la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, salió junto a una niña uniformada como elemento de grupo táctico de la Policía Municipal; acción que fue acusada como un agravio al derecho a una vida libre de violencia de la menor.
A ojos vistos, el análisis sobre la violencia y la criminalidad entre los menores de edad, requiere de una visión mucho más autocrítica que retórica y populista.
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2. La Covid que llegó para quedarse
La grandes cifras ya no asustan. La Covid-19 ha llegado a insertarse en la vida diaria de los mexicanos y los guanajuatenses, tanto, que al ver reducido su efecto mortífero, el relajamiento de las medidas sanitarias ha traído consigo una quinta ola tan pronunciada como las anteriores.
Sin duda alguna la inmunización ha logrado abatir las cifras de defunciones, pero esta condición ha provocado que se menosprecie esta enfermedad, aún cuando ha superado al sarampión como la más contagiosa, como lo ha alertado el infectólogo Alejandro Macías Hernández.
Sólo en cinco días, se registraron 9 mil 188 contagios. Un ritmo de incremento de hasta casi tres veces en comparación a lo registrado a principios de julio. De continuar en esta escalada, Guanajuato podría vivir su momento más álgido de la pandemia, al menos en cuanto a contagios, durante los siguientes días.
Esta alerta no tiene que ver con el incremento de muertes, si no a un impacto directo que para los gobiernos siempre influye en lo presupuestal.
Justo ayer, el infectólogo Juan Luis Mosqueda advirtió que el Covid largo gradualmente se convierte en un problema mayor de salud pública, por lo que urgió a la ciudadanía a tomar todas las medidas posibles para tratar de no enfermar.
Es decir, tal cantidad de enfermos son ya un peso específico para las estructuras de salud pública, que además de la vacunación, debe asumir el seguimiento de nuevos infectados, además de aquellos que desarrollarán secuelas.
No es un asunto para echar a menos. Desde el Secretario de Salud de Guanajuato (SSG), Daniel Díaz Martínez, todos sus homólogos en los estados así como la estructura federal de la SSA, habrán de recalcular los efectos de esta pandemia que ha reconfigurado el repertorio de enfermedades estacionales.
Al final la Covid, como dicen, llegó para quedarse.
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3.- El Acámbaro de los desaparecidos
El caso de Patricia Quijada Hernández, quien cumple cuatro meses desaparecida desde el 5 de abril de 2022, sin duda reenfocará la atención en Acámbaro. Un municipio crucial para la zona sureste de Guanajuato, donde el crimen de la desaparición de personas avanza al amparo del silenciamiento.
Serán los familiares de la mujer de 32 años y madre de un pequeño, los que acompañados por el activismo lleven su caso a las puestas del Palacio de Gobierno, en busca de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Serán recibidos por la Secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, pero lo importante será la denuncia expresa.
Punto importante son las condiciones del caso. Hombres con uniforme militar que viajaban en un vehículo blanco desaparecieron a Patricia Quijadas, hacen pensar en un esquema similar al que vivió otro joven detenido por la Guardia Nacional, víctima de desaparición forzada confirmada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pero pese a la repetición de los casos y los descubrimientos forenses logrados hace más de dos años y medio, Acámbaro se ha ido diluyendo del foco oficial de las desapariciones, como si estas ya no ocurrieran.
Los 118 indicios con 59 cuerpos rescatados del punto conocido como la Ascensión, dieron cuenta de la gravedad. Es a partir del procesamiento de esos hallazgos que el tema entró en dilación.
Ya no continuaron las búsquedas y los colectivos en formación se vieron obligados a intensificar su actividad bajo la mayor discreción, pues el silenciamiento al que se han visto obligados permanece como la violencia en este municipio gobernado por la panista Claudia Silva Campos.
La versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, da cuenta apenas de 70 personas desaparecidas, un subregistro evidenciado por el mismo flujo de reportes anuales, pues de sumar hasta 39 en 2020, para 2021 no se agregó un solo caso, así, como sí nada.
Acámbaro es uno de los diversos focos rojos en un panorama estatal de desaparición de personas y fosas clandestinas, que apenas vislumbra su verdadera dimensión.
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CONTRA RETRATO
Mario Bravo Arrona
Llegó en el gobierno de Héctor López Santillana como otro más de los recomendados del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini. Sin mayores resultados frente al recrudecimiento de la violencia, fue ratificado por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, con la promesa de una recomposición que no ha llegado.
Durante los nueve meses que lleva la actual administración municipal, Mario Bravo Arrona se ha replegado. Ya no concede entrevistas como antes; si puede mimetizarse en medio del ritmo de los hechos de violencia ya enquistada en la ciudad más grande de Guanajuato, mejor.
Pero como suele ocurrir en estos casos, la atrocidad es la que obliga a salir a los responsables. La masacre del domingo 10 de julio en Santa María de Cementos, dejó ver la peor cara de la violencia en la capital del calzado, para dejar testimonio de una problemática que está lejos de aminorarse.
Ante los hechos, Bravo Arrona apelo a lanzar su deseo para tener ‘una bolita para saber hacia dónde va a suceder un hecho’ para conocer donde se cometerá un ilícito.
Por lo demás, operativos permanentes, alerta en la corporación y un ‘compromiso permanente’. La narrativa de los resultados en la que se consigna un descenso del 19 por ciento en los asesinatos, que sigue sin palparse.
Ahora, el desempeño de Mario Bravo Arrona por enésima vez es motivo de debate en el Ayuntamiento de León. Entre exigencias de renuncia de la oposición y el respaldo del PAN, se trata de un funcionario cuya cobija oficial también puede terminarse.
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JRP
