El recurso de la controversia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está abierto para un acusado, o bien, de una víctima mal representada.
El recurso de la controversia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está abierto para un acusado, o bien, de una víctima mal representada. Sin embargo, se trata de una instancia que bien puede exhibir las ineficiencias del Poder Judicial Estatal, los yerros legales del Congreso del Estado o la negligencia de la Fiscalía General del Estado.
Para los entendidos, la SCJN es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación de México, a excepción de la materia electoral, la cual le compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De ahí la importancia de los datos que Correo revela hoy.
Este tribunal que preside actualmente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha recibido 1 mil 994 controversias contra fallos judiciales dictados en Guanajuato. Abarcan tanto la justicia federal como la estatal, siendo esta última la que motiva más del 90 por ciento de los asuntos. Desde ahí hay una lectura importante.
El Poder Judicial de Guanajuato, es presidido actualmente por Rosa Medina Rodríguez, que con un perfil bajo ha visto incrementar el número de casos que, por los fallos de los jueces a su cargo, se han incrementado en la oficialía de partes de la SCJN. Un incremento que vale la pena ser estudiado y aclarado.
De 59 asuntos que terminaban con algún presunto agravio por dirimir en 2010, este se incrementó a 113 en 2013, coincidiendo con la puesta en marcha del nuevo Sistema de Oralidad que en el caso de Guanajuato se dio de forma gradual. Para 2017, ya con la renovación en pleno, comenzamos a hablar de 230 casos.
Tan sólo este año se han recibido en la SCJN 175 controversias, es decir, cada dos días un asunto ha terminado en la máxima tribuna. Hasta ahora, 77 casos de 2010 a la fecha, han sido revocados al Poder Judicial de Guanajuato.
En lo que toca a asuntos del fuero federal, ha sido notable la capacidad de los acusados de crimen organizado y delitos contra la salud, para defenderse incluso hasta la última instancia.
Se documentaron seis casos de delincuencia organizada de 2010 a 2022, de las cuales en dos se revocó la sentencia. En los delitos contra la salud, hay 22 casos en los cuales, 15 siguen pendientes.
Al final, estos datos deben dar un indicador del incremento en la demanda judicial, así como la cantidad de temas que deben ser reformados o corregidos. Encontrar el quiz es tarea de todos los días.
Me reuní con @JPablo_Delgado, director de @amicusdh, acordamos mantener diálogo constante y trabajar siempre, desde nuestro ámbito, en beneficio de todas las personas.
Ayer, el presidente de la Mesa Directiva, Martín López Camacho, junto al activista y político, Juan Pablo Delgado, puso plazo de dos semanas para oficializar la asignación en el Presupuesto de Egresos del 2022, una partida para promover los derechos de la comunidad LGBTQ+. Sí, a menos de 15 días de que acabe el año.
De entrada, el hecho es relevante para un estado como Guanajuato, que es gobernado por un partido de derecha como el PAN, resistente y contradictorio en esta agenda de derechos por la diversidad sexual, que desde el gobierno permite el matrimonio igualitario, mientras en la legislativa es un término que permanece proscrito.
Estos recursos hasta ahora aprobados, provienen de un litigio que prácticamente duró siete meses, luego de una serie de impugnaciones trabajadas por el Secretario General del Congreso de Guanajuato, Christian Cruz Villegas, que a la postre fueron rechazadas hasta llegar a un fallo definitivo.
Con opción para una última instancia, fue en octubre que el Presidente de la Junta de Gobierno, el panista Luis Ernesto Ayala Torres, anunció que se desistirían de pelear el fallo ya con los dedos en la puerta del cambio de año.
Ahora López Camacho anuncia su cumplimiento mediante redes sociales, sin especificar montos o mecánica de aplicación. No obstante, se garantiza un diálogo permanente, no solo para dar cumplimiento a la sentencia emitida por un juez sino en otros temas con la organización AMICUS que representa Juan Pablo Delgado.
De manera que en menos de 15 días, habrá de acreditarse el fallo judicial y quizá antes, darle aplicación en la Ley de Ingresos del 2023 para el logro de las comunidades de la diversidad sexual quede consumado.
Es así como entre contradicciones, resistencias y aperturas a regañadientes, Guanajuato poco a poco abre la llave para el respeto institucional y la visibilidad que las derechas políticas han frenado.
Tal parece que la atención ganada por los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, no ha sido suficiente para corregir las anomalías generadas en otros centros de trabajo, lejos de la observancia que sí tuvo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Luisa María Alcalde Luján.
Aún con su basta gama de sindicatos en poder de los Contratos Colectivos de Trabajo en la mayoría de la manifactura del sector automotriz en Guanajuato, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) liderada por Hugo Varela Flores, sigue concentrando las inconformidades y con ello las críticas del naciente activismo sindical.
Esta circunstancia ha derivado a que exempleados de la recién cerrada planta Gissing en León, le habrá la puerta a otras organizaciones para sumar esfuerzos en la demanda que mantienen sobre las liquidaciones de alrededor de 900 trabajadores.
Los obreros no están conformes con la aparente defensa que han tenido del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Automotriz, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITIMM) que encabeza Alejandro Rangel Segovia.
Incluso esto dio pie a una nueva denuncia pública de la Casa Obrera del Bajío, al aseverar que desde antes de que cerrará la empresa automotriz Gissing, el SITIMM ya tenía pleno conocimiento y no alertó a sus agremiados. Alegan que ha pactado con la empresa para que sólo les den el 70 por ciento de su finiquito.
Se espera que esta semana se inicie con los pagos, pero será en ese momento cuando los extrabajadores de Gissing, decidan recibir o demandar el pago completo.
La otra crisis germina en la empresa Kinugawa ubicada en el Parque Industrial Castro del Río en Irapuato. Ahí el Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz y de Autopartes (STIAA) que lidera Víctor Manuel Jasso González, es el apoderado del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que fue legitimado en medio de irregularidades.
Nuevamente es la Casa Obrera del Bajío la que aseveró que el pasado 30 de noviembre se realizó la legitimación del CCT en Kinugawa, sin apegarse a lo que determina el protocolo, vaya, la convocatoria no fue publicada con anticipación a la fecha de la consulta.
Estos dos ejemplos demuestran que la efervescencia sindical mantiene su sacudida, con trabajadores que han dejado la pasividad para reclamar sus derechos, justo en la etapa con mayor inflación del sexenio.
Desde su incursión en el tema migrante durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez, su gestión transitó en medio de la controversia, por su proclividad a los pronunciamientos, eventos públicos y la parafernalia gobiernista contra su escaso trabajo de campo. Al final, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo decidió elevar su nivel como secretario.
Al frente de una de las pocas secretarías de atención migrante dentro de los gobiernos estatales, Juan Hernández apunta a un nuevo encargo desde esa misma posición, que seguramente alimentará la polémica sobre su desempeño.
Ahora es presidente de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención al Migrante (CONOFAM), organismo que nació en 2004 durante el sexenio de Vicente Fox Quezada, en el que precisamente el funcionario estatal estaba al frente de la Oficina Presidencial para mexicanos en el exterior.
Por ahora, ya tiene un viaje programado a Suiza para el 2023, lo que sin duda provocará cejas alzadas en más de uno de los líderes migrantes, que no lo consideran un interlocutor efectivo.
Es así como Juan Hernández llega a un encargo que lo acercará al ámbito internacional, pero que no garantiza su acercamiento con los clubs de migrantes guanajuatenses o con las organizaciones civiles que asisten a los migrantes centroamericanos. Al menos ahora, se le pedirán resultados a otro nivel.
