No han fiscalizado

1.- No han fiscalizado

A menos de una semana de haber recibido la especie de reprimenda de parte del grupo parlamentario de Morena respecto de que los informes de resultados ofrecidos por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) a la Comisión de Hacienda carecían de información suficiente para evaluar la objetividad, confiabilidad, imparcialidad e independencia con las cuales la ASEG debe llevar a cabo su trabajo, el auditor general Javier Pérez Salazar encontró la coyuntura para reconocer que existe un déficit en la fiscalización, pues los informes presentados sí carecen de información.

Ayer miércoles, en el inicio de la Jornada de Parlamento y Fiscalización Agenda 2027, Pérez Salazar apuró la “mea culpa” porque el Congreso del Estado no estaba haciendo la fiscalización con las auditorías; amén del engaño, queda la Soberanía en deuda con sus representados. Aunque no desveló desde cuándo estaba consciente del grave error u omisión, dijo: “debemos de dar la información que sea útil para la toma de decisiones, debemos de cambiar la forma de comunicarnos con el dueño de la potestad”. Entregar los informes cabales a los diputados.

En la plenaria del 4 de noviembre pasado la diputada de Morena, Alma Alcaraz Hernández, comentó que el Congreso de Guanajuato, tiene un terrible sistema de fiscalización en su marco normativo y en la propia relación entre la ASEG y legisladores. La defensa del diputado del PAN y presidente de la Comisión de Hacienda, Víctor Zanella, fue: el hecho de que una o varias auditorias “no se tenga un resultado de violación a la ley, irregularidad o daño al erario no implica que se hizo mal el trabajo, sino que los entes fiscalizados están cumpliendo la ley”.

2.-Gestión priista

Todo un logro los 70 amparos logrados por la secretaría de Vinculación con la Sociedad, del Comité Directivo Estatal en Guanajuato del Partido Revolucionario Institucional (CDE PRI), la silaoense Norma Concepción Parra Rocha, para que menores de 17 años sean vacunados contra la COVID-19. Las y los jóvenes beneficiados ya recibieron sus vacunas en las instalaciones de la zona militar de Irapuato.

Nos informan que hay en juicio otros 30 casos, en espera de protección de la justicia federal. El apoyo legal establecido por el CDE a través del equipo de apoyo de Norma Parra se hace sin costo para las familias que luchan por inmunizar a sus hijos ante la enfermedad, luego de que el morenista gobierno federal, por instrucción de Palacio Nacional, se ha negado a suministrar la vacuna de forma universal a todos los menores de 17 años.

En el trance, se sabe que, ante el éxito obtenido por los tricolores, en Irapuato, la diputada federal panista, Itzel Balderas, ha seguido paso a paso la estrategia, estableciendo en su casa de gestión también un apoyo similar a la guía priista, invitando a más personas a amparar a sus menores hijos para ser vacunados. Se aplaude que la diputada sume para que haya más opciones de asistencia legal a los padres que buscan inmunizar a sus vástagos.

3.-Insensibilidad

Ahora sí, parece que a las legisladoras del PAN en la Comisión de Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables habrá que ponerles una “tortuguita” en su libreta de tareas, pues resultan incapaces de organizar, con todo el apoyo técnico a su disposición en el Congreso del Estado, una pronta mesa de trabajo con integrantes de colectivos de búsqueda de personas. Ante la petición, se lo piensan y de plano quieren hacerlo en dos meses más, hasta enero, pues se les hace complicado el tema y piden analizarlo a fondo.

En su calidad de representantes populares, las panistas Janet Melanie Murillo, Briseida Anabel Magdaleno y Katya Cristina Soto, le fallan no solamente a los peticionarios de su atención, le fallan a todos los guanajuatenses, pues el tema de los desaparecidos es de alta sensibilidad, pues son parte del cuadro de violencia extrema de la que goza fama internacional Guanajuato.

Además, es carecer de sensibilidad ante el dolor de quienes buscan a sus familiares y desean ser escuchados, lo menos ya que el Estado ha sido incapaz de suministrar la seguridad que le exige la ley y la sociedad. Si en la Comisión de Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables no se quiere dejar un mal sabor de boca a sus representados, todos los guanajuatenses, su presidente, el morenista David Martínez Mendizabal y el priista Adolfo Alfaro Reyes, deben conminar a repensar el asunto a las diputadas panistas que han dilado el encuentro sin tacto y lectura política.

De la Valija.- Amarre familiar de lujo

La licenciada en Derecho por la UCA, alcaldesa de Acámbaro, Claudia Silva Campos, sólo resistió estoicamente un mes a fin de llevar a cabo el enroque político: relevar al primer secretario del Ayuntamiento, Baruc Camacho Zamora, por su cuñado Gerardo Aguilera Torres, hermano de Juan Gabriel, el presidente del DIF municipal. Un cierre de pinza familiar sin límites. El que se fue, lo hizo porque halló una chamba mejor, experredista y compadre de Gerardo Silva, el hermano de la alcaldesa.

Del cuñado que entró de “emergente” a la Secretaría del Ayuntamiento se debe registrar que ha acompañado a la exdiputada Claudia Silva en las duras y las maduras, más en estas, porque era su asesor en el Congreso Local; lo saben muy bien los albiazules que cobijaron a la experredista. La presidenta Silva Campos con el movimiento tardío pretendió “librar” los señalamientos de nepotismo; pero terminó por calzar el privilegio, pues se podría constituir en tráfico de influencias ya que el secretario es operador jurídico y en todos los actos de gobierno está su cuñada.

Javier Mendoza Márquez

Mientras los habitantes del municipio que gobierna viven bajo el terror que suscitan los enfrentamientos callejeros entre maleantes y policías, que le muestran el grado de dificultad en las tareas de seguridad pública, el edil y su Cabildo han decidido cargarles más peso en lo fiscal. En época de vacas flacas, la lógica con el aumento del predial y tarifa del agua es apretar al pueblo a cambio de un gobierno con más dinero.

Javier Mendoza Márquez, presidente municipal en Celaya, aplicará incrementos de predial a todos los propietarios de inmuebles en 2022, que, aunque diferenciados, representan una carga adicional a los contribuyentes, mientras que el gran golpe se da en las tarifas de agua potable: un aumento de 6.5 por ciento, indexado, para que no se perciba de golpe, pero que lastimará los bolsillos de los celayenses, aún afectados en su economía por la crisis que ha dejado la pandemia.

La cosa es saber si este dinero adicional será sólo para uso gozoso de la burocracia o se empleará con inteligencia para que los actos de terror que se han vivido estos días, no se reproduzcan más y la impunidad cese.