Punto ciego: indígenas en Guanajuato
1.- Punto ciego: indígenas en Guanajuato
Si hay un sector poblacional frecuentemente olvidado por la opinión pública Guanajuato, ese es de las comunidades indígenas. Pareciera que el hecho de que se consideren sólo 13 municipios con presencia de grupos autóctonos, es razón suficiente para considerarlos como un grupo marginado más, dentro de los polígonos de pobreza y rezago del estado.
No obstante lo anterior, hoy Correo difunde que desde 2018 nada menos que 17 comunidades solicitaron su reconocimiento oficial a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), con argumentos más que cuestionables.
En 2012, se publicó el padrón estatal de comunidades indígenas que dio cuenta de 96 localidades originarias. En aquel momento, datos del INEGI en Guanajuato indicaban que, bajo el criterio de hablantes de lengua indígena, 15 mil 204 son considerados indígenas que representan el 0.28% de la población total.
Sin embargo, la recopilación de comunidades realizada para este primer registro suma una población de 67 mil 240 personas, que las habitan. De acuerdo al último censo de 2020, en Guanajuato hay 14 mil 048 personas mayores de tres años de edad que hablan alguna lengua indígena.
No existe otra actualización del Padrón Estatal de Comunidades Indígenas, pero ese no debe ser motivo para revisar de forma acuciosa el existente dados los criterios que han permitido postular e incluir asentamientos que no deben llevar esa clasificación, mientras otros genuinos se quedan fuera.
Se trata de una labor que cae en las responsabilidades de la Sedeshu, ahora a cargo de Jesús Oviedo Herrera, a través de la coordinación de atención a grupos vulnerables, incluso con la participación del Consejo Estatal Indígena –que este año debería ser renovado- que preside Cirila Gallegos Gallegos del municipio de Tierra Blanca.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley en citada, se toma como criterio fundamental “la conciencia de su identidad indígena” para determinar a quiénes se les aplican las disposiciones contenidas en la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato.
Tal parece que la citada ley, sirvió de facilitador para postular sin el mayor análisis a a estas 17 comunidades, principalmente del municipio de Atarjea, con el objetivo de lograr los apoyos sociales que se ofrecían de forma específica, de ahí la necesidad de depurar e integrar la lista para darle certeza en los hechos.
Pero ojo. Apenas el pasado 12 de septiembre, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, lanzó la Convocatoria para las Jornadas de Registro Nacional para la integración del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Así que ese proceso de depuración será ineludible. Las 17 solicitudes se quedarán a la espera.
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2.- PVEM: segunda opción que es la primera
Según el líder del Partido Verde en Guanajuato, Sergio Contreras Guerrero, la primera opción de su partido es trabajar por una candidatura propia para competir en solitario por la gubernatura de Guanajuato en 2024. Pero como suele suceder en estas lides, la realpolitk indica otra cosa.
De manera ineludible, el partido que dirige a nivel nacional Karen Castrejón Trujillo bajo la canonjía de Jorge Emilio González Martínez, está arraigada a la ya histórica postura acomodaticia para signar alianzas con los apostadores principales, para asegurar su lugar en el espectro político nacional.
Así fue en el 2000 con el PAN, en el 2012 con el PRI y ahora en 2024 todo indica que será con Morena. Ese es el verdadero punto de partida para los verdes.
En Guanajuato, incluso bajo la batuta de Beatriz Manrique Guevara, el crecimiento de la estructura del PVEM en buena medida se basó en reclutar políticos populares en los municipios, sin importar el partido del que provinieran. Ello les dio puntos, pero no el sostenimiento total de su marca a nivel estatal.
Esa insuficiencia los mantiene expectantes para el 2024. Sergio Contreras dijo que, a diferencia de “los adelantados”, en su partido no. En entrevista realizada en Yuriria -uno de sus aparentes bastiones-, sostuvo que su primera preocupación es consolidar el partido, labor que se complicó con el arribo de Morena como la principal oposición.
Por ello, tanto en lo público como en lo privado, el Partido Verde no deja de lado la verdadera intensión que se pretende: la alianza con Morena por la gubernatura.
Trabajar para sostener la rentabilidad política necesaria para hacer un acuerdo que los beneficie, es ahora la más ardua labor. Si bien en Guanajuato el PVEM se dice por su lado, la alianza tomará forma una vez que Morena defina su proyecto y que la dirigencia afiance su capacidad de interlocución. Ya veremos.
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3.- Ciudadanos y transporte, el consejo que ya fue
La relación de los gobiernos municipales con los concesionarios del transporte público, suele ser problemática. El cruce de intereses, pero sobre todo el manejo político de las tarifas y la calidad del servicio, a menudo son el coctel perfecto que define la postura de un administración.
En Irapuato, esta relación se mantuvo en una tensión permanente, pues el exalcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez mantuvo su tendencia a patear el bote para no ser quien aplicara los amargos incrementos tarifarios, pero sí quien generara el proyecto del Sistema Integral del Transporte Público de Irapuato (SITI).
Ahora, el gobierno de Lorena Alfaro García mantiene un mutis en el tema que ya causa incomodidad entre los integrantes del Consejo Ciudadano del Transporte.
El presidente Andrés Salas Zurita reprochó que no han sido notificados de su permanencia, la renovación del organismo ni de los avances del SITI. De las sesiones mensuales donde participaban de doce a catorce líderes de sectores, ya no queda nada.
Acuñado este organismo en la pasada administración municipal, para sugerir mejorías para el servicio desde el punto de vista de los usuarios, ahora han sido mantenidos al margen, aún cuando este mes iniciaría la etapa de prepago y pruebas del SITI.
Tomado el gesto como un desdén a la participación ciudadana, la previsión es la desaparición de este organismo que es identificado como cercano al exalcalde que, sobra decir, no ha mantenido lazo alguno de cordialidad con Lorena Alfaro.
CONTRA RETRATO
Ernesto Prieto Ortega
Su participación como candidato del PT a la gubernatura de Guanajuato en 2012 fue poco menos que testimonial. Sin embargo, su amistad entrañable con Andrés Manuel López Obrador, lo hizo colocarse como el primer notable de Morena, cuando este partido nació para enfrentar sus primera elecciones en 2015.
El problema, es que esa amistad con el tabasqueño sigue siendo lo único que Ernesto Prieto Ortega, actual director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) ofrece a diez años de distancia.
Ayer levantó la mano en público para buscar nuevamente esa candidatura, en el mensaje que pronunció durante un evento social para festejar su cumpleaños y el de sus hijos Julio César y Ernesto Alejandro. Motivo había pues “cumplieron años el mes pasado”.
Respaldado por figuras no afines a la dirigencia que actualmente encabeza Adriana Guzmán Cerna, anunció sus pretensiones y la concurrencia, en su mayoría parte de la estructura existente en Salamanca, le gritaron “gobernador” sin mayor recato.
Al caminar sobre el hielo delgado del juego preelectoral, Prieto Ortega avanza con una desventaja abismal, pues no solo arranca desde un cuarto lugar entre los aspirantes de Morena visualizados por las encuestadoras, es quien más puntos negativos acumula.
Además, su ausencia e ignorancia de los grandes temas que padece Guanajuato, ha provocado que su discurso se reduzca a los temas ya denunciados por el mismo López Obrador. No hay mayores lecturas de lo que ocurre en el estado que pretende gobernar.
Por ahora, como en 2012, es la amistad cercana con el llamado grupo Tabasco, la que sostiene la aspiración de un Prieto Ortega, que necesita mucho más que eso para mostrarse como un candidato viable.
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JRP
