UG: nuevo desplante
1.- UG: nuevo desplante
Como si no fuera suficente el escándalo que la Universidad de Guanajuato (UG) protagonizó, al plantear la censura de los números artísticos de autores rusos -vía su director de extensión cultural, José Osvaldo Chávez Rodríguez– argumentando la tensión bélica con Ucrania, un nuevo desplante se vivió esta semana, ahora por negligencia.
Resulta que el pianista ruso Vyacheslav Gryaznov ‘Slava’ fue programado para presentarse en el Teatro Principal, para acompañar a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG). No era un imprevisto, se trata de las colaboraciones habituales que gestiona el director Roberto Beltrán Zavala para enriquecer la escena.
Resulta que de la UG no salió el pago para su presentación. Así como lo lee, la burocracia universitaria no hizo su tarea y simplemente no se liberaron sus honorarios, pese a la planeación de la Segunda Temporada 2022 de la OSUG.
El bochorno fue mayúsculo para la orquesta, pues se trata de uno de los pianistas más renombrados del orbe, con una larga data de éxitos en América, Europa y Asia; por ello le solicitaron que no viajara al no contar con los recursos convenidos.
Pero en un acto que quizá marca la distancia de criterios entre culturas y sociedades, ‘Slava’ decidió hacer el viaje para cumplir aún sin los honorarios que le habían fijado.
Lo que siguió fue una magistral actuación del egresado del Conservatorio Estatal de Moscú y diplomado de la Escuela de Música de Yale. Desde la sinfonía número 1 en Sol menor de Vassili Kalinnikov y el concierto para piano número 3 en Re menor Op. 30 de Sergei Rachmanninov, el invitado de honor dio lo mejor de sí.
Sin saberlo, fue una cachetada con guante blanco para una burocracia universitaria que no se ha cansado de despreciar a la OSUG, que es en buena medida el patrimonio de mayor renombre y vida de la UG.
¿Qué pensarían el director de extensión cultural o el mismo rector general Luis Felipe Guerrero Agripino? Es difícil saberlo, pues no es habitual su asistencia a las presentaciones de la OSUG. Aunque por otro lado, su falta de interés, no debe solapar actos negligentes y mucho menos vergonzosos.
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2.- Alcaldes blindados
El uso de camionetas blindadas para los presidentes municipales comienza a ser todo un tema. Atemorizados también por la violencia, se asumen merecedores de un vehículo de buenas dimensiones y con un blindaje que les proteja, aunque sus costos sean directamente para el erario.
En esta lista se acaba de integrar el presidente municipal de San Francisco del Rincón, Antonio Marún González, quien junto a su titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Hugo César Romero, ya se enfilan para estrenar sendos vehículos que en suma representarán un gasto de más de 6 millones de pesos.
En este caso, la compra se realizará a través de un convenio en el que participa el gobierno del estado, por lo que el Ayuntamiento aprobó tres millones 295 mil pesos para dicho proyecto, y el estado pondrá la misma cantidad.
Otro caso es el de la alcaldesa de Abasolo, Rocío Cervantes Barba, quien renovó la camioneta utilitaria modelo 2015 que adquirió su antecesor panista Abel Gallardo Morales.
Con un costo aproximado de 1.6 millones de pesos, también con un blindaje para su traslado, la alcaldesa de Abasolo argumentó fallas mecánicas constantes por las que prefirieron cambiar la unidad completa.
Pero hay otros municipios que, por el contrario, se encuentran conflictuados para disponer de estas unidades, pues su carga financiera sumada al desuso, las ha convertido en lastres financieros que los han hecho hacer malabares para quitárselas de encima.
En Pénjamo, Gregorio Mendoza Flores pidió autorización al cabildo para la compra de un vehículo con valor de 900 mil pesos, pero no han ejercido el recurso. Buscan comprar un seminuevo que tampoco se antoja alcanzable, pues pretenden uno que cumpla con el blindaje para su protección.
En su caso, la camioneta que utiliza actualmente el alcalde de Pénjamo es modelo 2013 y en ese entonces costó 1.2 millones de pesos; las refacciones hay que traerlas nada más y nada menos que de Alemania.
Algo similar pasa en Cuerámaro, donde el alcalde Mauricio Arce Canchola sigue el proceso para vender la camioneta blindada que le heredó Ana Bueno Macías, con un costo de 1 millón 436 mil 500 pesos.
Los alcaldes merecen protección, no cabe duda, sin embargo estos deberán dimensionar que la adquisición pública de estos vehículos son también la compra de un activo que debe sopesar su costo beneficio al implicar recursos del erario, por cierto, nada abundantes en estos tiempos.
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3.- IMUVI Irapuato: proyectos perdidos y cartera vencida
El Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato (Imuvii) se enfrenta ante el proyecto que le salvaría su existencia o que de plano, haría revivir los planteamientos de desaparecerlo para replantear sus objetivos y los programas municipales en su materia.
Desde hace más de diez años, esta paramunicipal enfrentó graves dificultades para financiar sus proyectos de promoción, debido a los cambios de políticas federales. Diseñado para sumarse como una entidad pública que facilitara la vivienda digna, vio truncada su rentabilidad.
Aunque el exdirector José Martín López Ramírez, hizo alarde de buenos resultados, al entregar el proyecto de desarrollo del fraccionamiento El Guayabo con una inversión de 100 millones de pesos, la verdad es que su sucesora, Diana Patricia Alanís Barroso, inició con números rojos que han hecho necesaria una nueva inyección de recursos.
El planteamiento ahora es de un préstamo de 12 millones de pesos para la compra de una reserva territorial, que el 25 de julio informaron que ya estaban formalizando. Sin embargo, este no fue autorizado al no dejar clara la fórmula de pago.
Alanís Barroso asegura que ya se han saneado las finanzas, sin embargo, sigue pendiente la venta del predio San Luis, el cual consta de alrededor de 40 hectáreas y es crucial para subsidiar otros proyectos con que cuenta el municipio para temas de vivienda, además de una cartera vencida a la que no se le ve salida.
Sin capital, con una lista de deudores interminable y terrenos ociosos, el Imuvi de Irapuato se encuentra en una verdadera crisis que la hace depender de la voluntad de un Ayuntamiento que, hasta ahora, ve inviable comprometer recursos para impulsarle nuevos proyectos.
Sin duda se trata de un panorama que le coloca una nueva piedra en el zapato a la alcaldesa Lorena Alfaro García, quien irremediablemente deberá reevaluar las soluciones para esta paramunicipal, así como su futuro inmediato.
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Contra retrato
María Rosa Medina Rodríguez
Tiene escasos ocho meses como presidenta del Poder Judicial de Guanajuato y, si se le compara con sus antecesores, su presencia en medios de comunicación es realmente escasa. Sin embargo, a medida de que la realidad de la criminalidad en Guanajuato se manifiesta, su figura recobra relevancia.
María Rosa Medina Rodríguez representa el poder que cierra la pinza para evitar la impunidad. La eficiencia del sistema de justicia sin duda depende en buena medida de la eficacia y eficiencia de sus jueces, cada vez más cuestionados en la coyuntura política actual.
Por ello, tras las once detenciones implicadas en los ataques a comercios y vehículos particulares del martes pasado, el Poder Judicial será crucial para conocer si al menos esas actuaciones tuvieron un gramo de certeza.
Sin elementos suficientes, estos once detenidos no tendrán futuro a través de la Fiscalía General de la República.
¿Qué se prevé entonces? Pues lo detenidos serán procesados en el fuero común por la Fiscalía General del Estado que encabeza Carlos Zamarripa Aguirre, quien seguramente no dejará que se desate otro escándalo dejando libre a once detenidos por falta de pruebas.
Es por ello que el papel del Poder Judicial será determinante para procesar conforme a derecho, o de plano evidenciar la ineficaz acción de las fuerzas estatales y municipales buscando detenidos para salir al paso.
Medina Rodríguez debe tener en claro que la actuación de sus jueces debe ser pulcra, aún cuando evidencien una cruda realidad de detenciones infructuosas.
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MD
