Urge solución estructural

1.- Urge solución estructural

A los dos órdenes de gobierno, federal y estatal, se les presenta la oportunidad de aplicar, de la mejor manera, sus capacidades en la atención sistemática de la saturación de reos en un orden de 60 por ciento de las cárceles en Guanajuato. Por las implicaciones de la problemática, demandan acciones urgentes de mediano y largo plazo, incluidas permutas y amnistías; y que, además, “toque fondo”.

El diálogo suscitado entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el pasado viernes en Irapuato, tras exponerse la necesidad de apoyo con respuesta positiva, debe de apuntar hacia la salida estructural, porque la cuestión vulnera los derechos humanos de los internos, además del incremento de riesgos a la salud, pues las cárceles tienen sobrepoblación del 20 por ciento en promedio y 35 de cada 100 residentes aún no recibe una sentencia.

El envío de reos al Cefereso de Ocampo para “disminuir” la población excedente, o reproducir en Guanajuato la ley federal de amnistía como pretende la diputada local de Morena, Alma Alcaraz Hernández, no se pueden soslayar, pues se deben buscar y hallar las salidas emergentes, pero no son suficientes. De las once penitenciarias del estado, pensadas para albergar 6 mil 043 personas, están hacinadas una media de 20 por ciento más. Así AMLO y DSRV deben realizar el esfuerzo por evitar el maquillaje.

2.- Sin vacunas, habrá clases presenciales

Mientras las autoridades educativas federales y estatales parecen decididas a llevar a cabo, bajo cualquier condición el retorno a clases en enero de modo presencial de forma definitiva, en el magisterio se elevan voces que reclaman vacunación de refuerzo para el profesorado y trabajadores del sector, máxime que se avecina la llamada cuarta ola y ha surgido una nueva variante, ómicron, de la que aún se discute su letalidad, aunque ya hay evidencias de su alto potencial de contagio, mayor a cualquier antecedente viral de la COVID-19.

En este entorno, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en coordinación con las secciones 13 y 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, comenzó ayer a evaluar a 663 mil escolapios en español y matemáticas, de cuarto a sexto de primaria y secundaria, privadas y públicas, con base al programa de Recopilación de Información para la Mejora de los Aprendizajes (RIMA), que también observa “las habilidades socioemocionales del estudiantado”.

El tema no es menor, de cara a la segunda parte del año lectivo que se desea presencial. Adriana Sánchez Lira, secretaria general de la sección de 13 del SNTE, considera que se transita de una educación de antes, hacia una educación después de la pandemia, donde y aquí se observa la alineación del SNTE a los objetivos de la SEP y SEG, la tarea educativa “debe continuar”, aunque se matiza que debe darse prioridad a la salud de sus alumnos, magisterio, trabajadores y padres de familia. Se sabe que el SNTE ha trazado que haya reforzamiento de la vacuna para los maestros a más tardar en febrero.

3.-Legislar ante la necesidad

Hay la preocupación al interior del grupo legislativo panista en el Congreso del Estado, de que no todos sus legisladores hayan captado la importancia de reformar el Código Penal para castigar con privación de la libertad a quienes conduzcan automotores en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas. Una iniciativa del ayuntamiento de León bajo el liderazgo de la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, que ya tiene el espaldarazo del propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez, consciente del gran número de víctimas mortales, mutilados y perdidas materiales que dejan los accidentes donde están involucrados conductores “borrachos”.

Si bien la iniciativa aún no está en “Las Enredaderas”, el mandatario estatal recordó a los legisladores guanajuatenses que deben hacerse responsables de sus actos quienes “por hacer las fiestas se llevan la vida de inocentes (…) estoy a favor que se endurezcan las penas”.

A contracorriente, el diputado albiazul, Rolando Alcantar Rojas, que mientras ponderaba la iniciativa leonesa, comenzó a buscar los fallos a la propuesta, para sostener que ya hay un campo administrativo que toca el tema, en lugar de pensar en el cómo si, es decir, armonizar la condición penal, puliéndola y eliminando los rasgos reglamentarios del tema. Cosa de voluntad.

De la Valija.- Conflictos que sujetan

Entre amigos y cofrades la reunión de los tres políticos irapuatenses llamó harto la atención, y no sólo porque dos diputados: la federal Itzel Balderas y el local Víctor Zanella, se encontraron en el restaurante de famoso hotel con el exalcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, sino porque en el Ayuntamiento y Congreso Local, la pasada administración de Irapuato tiene “cuentas pendientes”. Amén del reclamo porque no dejó recursos para pagos pendientes del municipio, resulta que la Auditoría Superior del Estado (ASEG), le hizo “observaciones” por 30 millones de pesos.

La ASEG, como hace con las cuentas públicas, tomó al azar algunas acciones del gobierno que encabezó Ortiz Gutiérrez y encontró un pago por obra que excedió su costo, que debió recuperar del contratista para que se reintegrara a las arcas municipales, y seguramente por ello compartió el pan y la sal con el diputado, Víctor Manuel Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, quien tiene el teléfono rojo con el auditor superior; aunque el caso se resuelve en controlaría municipal. La diputada federal, seguramente conoció como enredar los quesos.

Francisco Javier Mendoza Márquez

La experiencia le ha permitido al ingeniero, egresado del Tecnológico de Celaya y vinculado a la iniciativa privada, hallar las salidas ante las cuestiones de violencia e impunidad, incluso el ataque de sus policías; aunque el suministro de Seguridad Pública, con base a los referentes ofrecidos a los celayenses, requiere de la consolidación y más tiempo.

Francisco Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de Celaya para el trienio 2021-2024, quien heredó la inseguridad en uno de los municipios con más altos indicadores de comisiones de diversos delitos en todo el país, quiere transformarlo para, de acuerdo con sus direcciones de Turismo y Desarrollo Económico, que sea un destino turístico que se muestre al mundo como una ciudad que no vive ni está sitiada. De las tareas en el rubro para el alcalde. En 2 ocasiones comentó que su proyecto de seguridad pública lo concibe de manera estructural-regional por lo cual el municipio que gobierna se deberá fortalecer subsidiando como apoyando a sus vecinos; se entiende que la seguridad es orbital, pero hay límites y vínculos por precisar. En el tema de guaruras para los funcionarios, Javier Mendoza lo dejó en manos de expertos; quizá tenga más casos para ellos.