Estado de derecho, garantía de orden y legalidad

Esta semana la vida pública de nuestra sociedad se vio modificada y restituida por el actuar de diversas instancias jurisdiccionales, mismas que enarbolando el estado de derecho hicieron valer la ley y aplicaron la justicia en actos de abuso de poder gubernamental. Así el H. Ayuntamiento de San Miguel de Allende se encuentra inmerso en plena sentencia de restitución del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de ese municipio, por disposición de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Con este acto jurisdiccional será restituido el Consejo encabezado por Luis Manuel Orozco y sancionada la destitución ilegal de éste por el alcalde Mauricio Trejo y su Ayuntamiento, los que además son multados y apercibidos con acción penal en caso de mantenerse en desacato. En virtud de la emisión de este acto correctivo, el TJA somete a una instancia municipal al imperio del estado de derecho y sujeta a la autoridad al respeto de la ley.

Bajo este tenor de hacer prevalecer la ley y garantizar el imperio del derecho, hace unos días el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, emitió sentencia contra el H. Ayuntamiento de la capital y su alcalde Alejandro Navarro, ordenando la reposición de la primera sesión de Cabildo e instruyendo la inscripción del presidente municipal en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Por lo anterior también las instancias de justicia electoral se adscriben en los procesos de prevalencia del estado de derecho contra el abuso de poder, lo que obliga a funcionarios públicos al respeto del marco legal y a cuidarse mucho para que sus aspiraciones futuras no sean cercenadas por alguna sanción.

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Así, cuando las instancias jurídicas de los estados o la Federación, se ciñen al ejercicio de sus facultades, nuestra sociedad se sentirá protegida y serán salvaguardados sus derechos, más ahora que violentar la ley y asumir posturas absolutistas pareciera la norma dictada desde el mismo seno de poder nacional. Hace unos días la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo extrema presión social, emitió un laudo absolutorio a favor de la señora Alejandra Cuevas y su madre, quienes estuvieron en prisión más de 500 días de manera ilegal por supuestos delitos manipulados desde la misma Fiscalía federal.

Pero quizá los actos jurisdiccionales más relevantes han sido los emitidos contra las disposiciones legislativas que han querido enrarecer diversos procesos, como el decreto del Senado para promover la revocación de mandato desde el poder mismo, pues haciedo valer el estado de derecho la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó la inaplicabilidad de la disposición legislativa.

Bajo este contexto y tesitura gubernamental, el Poder Judicial ha tenido que emplearse a fondo, bien por convicción ética o por presión social y mediática, para mediar y conciliar posturas que sean garantes del orden y armonía socio política, aunque desde algunas instancias e intereses se han sembrado minas queriendo socavar la paz y el equilibrio nacional, estatal o municipal.

Sin lugar a dudas que será fundamental el papel del árbitro garante de la ley y en general del estado de derecho, pues las convulsiones paradigmáticas de la transición a la nueva época u orden mundial, aún generará serias preocupaciones por la imposición de caprichos ideológicos personales o de grupo de quienes ostentan el poder

Finalmente, adjunto al esquema legal, también existen violaciones al espíritu del marco ético cuando desde el ejercicio de la función pública se miente o engaña a la sociedad, simulando avances o desestimando daños en procesos trascendentes, evadiendo responsabilidades institucionales con evaluaciones de creencia falsa, lo que no escapará al juicio de la historia y de Dios mismo.

Sólo el respeto al estado de derecho, salvará a un país convulsionado por los delirios del poder.