Policías federales deberán pagar por agresión a familia en Celaya en 2022
Celaya, Gto.- En 2022, durante la existencia de los policías federales en Celaya, varios de ellos tuvieron un comportamiento inapropiado hacia una familia, por lo que deberán pagar por los daños tras haberlos golpeado de manera indebida.
Este caso fue resuelto a inicios de 2025 por personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, en el expediente 1375/2022. Según la investigación, los nueve uniformados agredieron a una pareja luego de detenerlos, supuestamente porque habían robado una motocicleta.
La detención no fue sencilla, pues el hombre y la mujer comenzaron a agredir a los policías, incluso alegando que la mujer fue la primera en golpear. Ante esto, los policías respondieron con golpes, logrando someterlos. Sin embargo, según la versión del detenido, los policías lo amenazaron de muerte y le prometieron violar a su esposa y a sus dos hijas si decía algo sobre lo sucedido.
Las amenazas no pudieron ser comprobadas, ya que la procuraduría no encontró pruebas suficientes para corroborar lo que dijo la víctima, y no se emitió ninguna recomendación al respecto.
Lo que sí pudo comprobarse, gracias a grabaciones de testigos, fue que el sujeto que iba en la motocicleta fue derribado al suelo, y algunos policías lo golpearon en la cara antes de arrestarlo.
Además, dos hijas del detenido se acercaron para reclamar, pero cuando se retiraban, una mujer policía alcanzó a una de ellas, la jaló del cabello y la golpeó. Aunque los policías negaron esta versión, otros videos confirmaron los hechos.
Con base en estas evidencias, la Procuraduría de los Derechos Humanos emitió una recomendación en contra de los nueve policías, aunque no se revelaron sus nombres. La recomendación establece que los oficiales deberán pagar 4,340 pesos al detenido y la misma cantidad a una de sus hijas que fue agredida. Además, los policías (o posiblemente ahora ex policías) deberán ofrecer una compensación a las víctimas por el daño y las pérdidas económicas derivadas del incidente. También serán incluidos en el registro estatal de víctimas y deberán recibir capacitación para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
En cuanto al presunto robo de la motocicleta, la resolución no establece si realmente se cometió el delito.
