Exhiben más irregularidades de la Notaría Pública 53 de Irapuato
Irapuato, Guanajuato.- De acuerdo a una queja formal presentada en su contra el 8 de junio de 2020 en la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías, le imputan participación al titular de Notaría Pública 53 de Irapuato en un fraude inmobiliario por agravio de un matrimonio que en 2018 adquirió con engaños. El está situado en el fraccionamiento Cañada del Conde, en Guanajuato capital, y en detrimento del propio Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).
Los afectados presumen una colusión del notario con la inmobiliaria denominada INNOVA que promovía la venta de inmuebles para la sociedad denominada: ‘Fraccionamiento Tierra Nueva” cuyos accionistas Rubén N y Ernesto N se encuentran prófugos de la justicia por diversos fraudes.
En lo sustancial, la estafa consistió en que el inmueble que adquirieron los afectados, -para lo cual el ISSEG les otorgó un crédito hipotecario mancomunado por 1 millón 816 mil 445 pesos- tenía pendiente un crédito puente, es decir, que el inmueble ya estaba hipotecado, y aun así, el titular de la Notaría 53 de Irapuato liberó el cheque del ISSEG a la sociedad Fraccionamiento Tierra Nueva S.A.
¿Qué hacer ante un fraude notarial y cómo evitarlo?
Notario no debió liberar cheque
De acuerdo con el planteamiento jurídico que realizan los afectados, el cheque del ISSEG no debió ser liberado hasta en tanto no estuviera liquidado o pagado el crédito puente; sin embargo, el notario sabedor de esto, lo liberó y lo entregó a Rubén N, de quien no desconfió porque era cliente de su notaría, según cita la denuncia.
Para constancia de ello, los afectados aportaron pruebas como una carta sujeta a condición de pago que el Banco Inmobiliario Mexicano le remitió al notario 53, con las referencias de un saldo de 908 mil 716 pesos y una amortización acelerada de 907 mil 729 pesos, de la escritura 85925, en total 1 millón 816 mil 446 de pesos.
Y aun sabiendo el notario que el desarrollador no había cubierto esta garantía hipotecaria, pues esto lo supo desde el día 3 de octubre de 2018, en donde el banco en la misma carta le decía que en caso de no finiquitarse dicho monto no firmarían la escritura. Decidió aun así liberar el cheque que expidió ISSEG el día 31 de octubre de 2018.
En el contrato de compraventa que se firmó el 14 de agosto de 2019 se estipuló en su cláusula cuarta…. “Situación del inmueble” que sería el notario el encargado de la liberación del pago una vez recibida la carta de liberación de pago por parte de la institución bancaria involucrada.
En ese entonces, la queja fue dirigida a Luis Miguel Aguirre Arana, titular de la dirección, quien recientemente renunció al cargo.
Por estos hechos también se interpuso una denuncia penal, para lo cual se abrió la carpeta de investigación 44301/ 2020.
Notaría Pública 53 de Irapuato actúa de forma indebida
De acuerdo con los afectados, el notario 53 de Irapuato era la persona responsable de dar seguridad jurídica en estos actos jurídicos, asegurándose que estuviera liberada la casa de cualquier tipo de gravemente antes de liberar el cheque como lo hizo.
Así también, lo acusan de expedir una copia certificada de la escritura sin contar con firmas y con información falsa, ya que de su lectura se advierte que la hipoteca estaba cancelada y que las personas involucradas en la compra venta y los acreedores hipotecarios ya habían firmado; cuando todo esto resultó falsó, pues no firmaron los apoderados del banco, ni se canceló la hipoteca.
Los afectados le pagaron al notario los gastos de sus honorarios de escrituración, 20 mil 394 pesos y por supuesto que aún no la reciben.
Pasa el tiempo y no hay respuestas
Los afectados por este fraude pidieron desde el año 2020 la intervención de la dirección de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías pero a la fecha no han tenido respuesta.
Ellos consideran que esta dirección que depende de la Secretaría de Gobierno no puede pasar por alto estas anomalías y actuaciones dolosas del titular de la Notaría Pública número 53 de Irapuato.
Consideran que dicho profesionista ha incurrido en faltas graves que son incluso sancionadas no solo por la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato sino por el propio Código Penal para el Estado de Guanajuato.
Inmobiliaria comienza el engaño
Fue en diciembre de 2017, cuando el matrimonio afectado contactó a Christian dueño de la inmobiliaria denominada INNOVA y que este se dedicaba a la promoción y venta de bienes inmuebles.
Christian, quien ahora encabeza una asociación de profesionistas inmobiliarios, los llevó a “fraccionamiento Cañada del Conde” para mostrarles algunas opciones de casas.
En el diálogo con la pareja Christian que todo estaba en orden, y que antes de ofrecer una casa siempre verificaba previamente que estuviera todo en regla y sin problemas de ningún tipo.
Christian les contó que el desarrollador de esas casas era una sociedad denominada “Fraccionamiento Tierra Nueva” y que los accionistas de esta sociedad eran todos familiares, pero que quien representaba a la misma era que un empresario muy reconocido de nombre Rubén y su tío Ernesto aclarándoles que estas dos personas habían contratado los servicios de su agencia inmobiliaria como “asesor inmobiliario” para poder vender rápidamente dichas casas.
El mismo les presentó a Rubén y a Ernesto, ahora prófugos de la justicia, personas que junto con Christian siempre les ocultaron que la casa que les ofrecían comprar estaba hipotecada.
Fue hasta que se formalizó la compra y se hizo un contrato de compraventa que fue validado incluso por el Instituto de seguridad del estado de Guanajuato (ISSEG) fue que se dieron cuenta que el inmueble que adquirían tenía un crédito puente.
Al respecto se les dijo que no había ningún problema pues con lo que se cobrara del cheque expedido por ISSEG se cubriría el adeudo y se podría escriturar sin mayor problema, esto ocurrió en el mes de junio o julio de 2018 aproximadamente.
Fue el propio Christian que les insistió mucho que el trámite de la escrituración lo hicieran con la Notaría Pública 53 de Irapuato, quien aparte de tener “mucho prestigio” llevaba todos los trámites del “Fraccionamiento Cañada del Conde”, es decir del desarrollador de los presuntos estafadores Rubén N y Ernesto N, que por lo mismo sería más rápido y confiable el trámite de su escrituración.
Así comenzó el fraude.
Declara el afectado de la Notaría Pública 53 de Irapuato
“Es el patrimonio de mi vida y estoy volando, no tengo escrituras”, exclamó Roberto Gámez Flores.
Denunció que por culpa de la inmobiliaria Comebi y las “equivocaciones” del titular de la Notaría Pública 53 de Irapuato, no tiene certeza jurídica de al menos dos de propiedades.
Roberto Gámez narró que fue en 2008 cuando compró a la inmobiliaria Comebi dos terrenos -los lotes 7 y 8- en la Manzana 4 de Villa Jardín, cuyos pagos están constados con copias de cheques girados a su favor y movimientos de sus cuentas bancarias. Efectuó un pago de un millón 200 mil pesos por el lote 7 y un millón 300 mil pesos por el lote 8.
El día 21 de febrero del 2008 emitió un cheque a favor de Comebi para el pago del lote 7 de la Manzana 4 de Villa Jardín, de Quinta Las Villas por un millón 111 mil 500 pesos, con lo que cubría la totalidad de la compra del inmueble; para la escrituración de su casa fue canalizado a la Notaria 53.
Las escrituras a favor de Roberto Gámez Flores se realizaron el 13 de junio del 2008 con la escritura número 3891 y certificada por la Notaría 53, por lo que todo parecía estar en regla. En el documento se dio cuenta de la cancelación de la hipoteca del fideicomiso a favor de Comebi sobre esa propiedad, y del contrato de compra venta a favor de Roberto sobre lote 7 de la Manzana 4, identificado con el número 682 de Villa Jardín.
Sin embargo en el noviembre 2010, la Tesorería Municipal de Irapuato comenzó a enviar requisitos de pago a la dirección de Villa Jardín 682, pero cuyo deudor era Kiana Madelyn Barajas Hinojosa.
Esa situación alertó a Roberto Gámez, que enseguida acudió a revisar y encontró con que su lote tenía otro dueño.
Y es que según la documentación que presentó Roberto Gámez un día después de que él emitió el cheque para liquidar la compra del terreno, el 22 de febrero la Notaría 53 realizó una escritura identificada con el número 3361 a favor de Kiana Madelyn ‘N’ y Axel Derek ‘N’, representados por Domingo ‘N’ por el mismo lote 7 de la Manzana 4, documento que no cuenta con los logotipos de la notaria.
Al revisar la situación encontró que el lote 8 de la Manzana 4 también estaba escriturado a nombre de la misma persona, cuya escritura también era la 3361, aunque las fechas de certificación no coinciden en los documentos, pues en la primer página señala que el trámite se realizó el 22 de febrero y al final, se hace la certificación con fecha del 13 de junio del 2008, misma fecha en la que Roberto Gámez obtuvo las escrituras del lote 7.
Ante esta situación, Roberto aseguró que fue a pedir una explicación a la Notaria 53, y el titular le dijo que se había equivocado, además de acusarlo de no haber pagado para la realización de las escrituras de las propiedades, cantidad que asciende a más de los 100 mil pesos, pero del que no hubo un recibo firmado, y fue sacado por la fuerza de la notaria.
Sin embargo, en diciembre del 2010 la Notaría 53 realizó la cancelación del movimiento de traslado a favor de Kiana y Axel en torno al lote 7 de la Manzana 4, luego de que Roberto pidió la intervención de Miguel Ángel Chico Herrera, en aquel entonces diputado local por partido del PRI.
Mientras que en el caso del lote 8, Roberto Gámez cuenta con un estado de cuenta a favor de Domingo Barajas, para la compra de ese lote vendido por Comebi, pero la dirección de esta persona quién se ostenta como papá de Kiana y Axel, es su misma dirección; así como cuenta con un recibo de pago de 107 mil pesos a favor de Domingo, pero cuyo cheque fue entregado por Roberto Gámez Flores en diciembre del 2007.
Roberto Gámez comentó que tardó muchos años en obtener toda la documentación y el proceso legal ya representa de por sí un daño a so patrimonio, pues en cada litigio le piden el pago del 30 por ciento del valor de cada inmueble, sin embargo, busca tener certeza jurídica de sus casas pues son parte de su patrimonio y no tienen escrituras al respecto.
Advirtió que pretende interponer una denuncia por fraude, aunque el notario de le haya dicho que el tema ya prescribió y argumentando estar bien protegido en Gobierno del Estado.
Y es que además Comebi mantiene activos los fideicomisos en torno a las propiedades que vende, pues en uno de sus lotes se tiene un gravamen vigente y el otro, otros dos.
Cuando acudió hace unos meses a interponer una queja en la Dirección General de Notarias, aseguró que no le dieron trámite, pues le pedían el recibo de pago por los servicios prestados en la Notaría 53, el cual no tiene.
“Ya no era el cobro de las escrituras lo que reclamaba, sino con qué documentos acreditó las escrituras de mis casas a un tercero, ese es el fraude y me moleste mucho porque me pedían el pago de honorarios, y me dijo el notario que yo era el pillo, porque no le había pagado y entonces ¿con qué se hizo el traslado de dominio y con qué lo pagó?”, comentó.
Su exigencia en la Dirección General de Notarias dijo es que el notaria revele quién le dio la orden de escrituración a favor de Kania y Axel cuando él pagó la propiedad, ya que consideró que sus 100 mil pesos ya están perdidos porque no pidió recibido del pago.
“Existe una ingobernabilidad y falta de certeza jurídica. Yo no le voy a ningún partido, esto no es una denuncia política, ni es algo político, es que al Gobierno exigirle que debe de revisar a quiénes son fedatarios públicos y dar mayor certidumbre jurídica a las gente”, señaló.
Con información de: Alejandro Sandoval y Nayeli García
