Doctor Gámez denuncia la impunidad en la FGE por embargo contra su clínica dental en Irapuato
El doctor Gámez denuncia irregularidades en la FGE mientras lucha por salvar su clínica dental embargada por un fraude de la COMEBI en Guanajuato
Irapuato, Guanajuato.- Roberto Gámez y su esposa están a punto de perder su clínica dental, gracias a la impunidad y revictimización de la FGE, el presunto fraude por parte de la COMEBI y las malas prácticas mercantiles y notariales que hoy los mantienen en juicios civiles y penales buscando justicia y castigo para los responsables del calvario que han tenido que enfrentar durante varios años.
El doctor Roberto hizo un llamado a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para que ponga orden al interior de la Fiscalía General del Estado, que realizó la investigación en contra de COMEBI, entre irregularidades, y ponga atención al ejercicio notarial, pues consideró que no es posible que, aun teniendo un notario dando fe de los actos realizados, ahora su clínica esté siendo embargada a otra persona.
El caso de la familia Gámez en Irapuato
La familia Gámez compró ocho terrenos en el fraccionamiento Quinta Las Villas a través de COMEBI entre 2005 y 2010, donde José Luis Rivera Rivera se ostentó como representante legal de la empresa. Sin embargo, al intentar escriturar no pudieron hacerlo y descubrieron que algunas de las propiedades tenían dos dueños.
Además, la empresa estuvo utilizando las propiedades a través de un fideicomiso como prendas de garantía para obtener créditos financieros y seguir comprando y construyendo fraccionamientos.
Leonor Figueroa comentó que, en su caso, ella compró una propiedad y José Luis Rivera le dijo no poder escriturar porque el predio tenía un excedente que tenía que pagar, lo cual hizo y resultó ser otro predio, además de intentar que firmara documentos con medidas incorrectas.
Aunque todos los contratos de compra-venta estuvieron supervisados por notarios públicos, entre ellos José Luis Vázquez Camarena, titular de la Notaría 53, la empresa argumentó que los lotes ratificados y los contratos no eran los correctos y se habían asignado predios de forma incorrecta.
Interponen demandas
El 11 de septiembre del 2023, fueron presentadas las denuncias ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales y Robo Vehicular, bajo la carpeta de investigación 105774/2023 y 127282/2023, que se convirtieron en un asunto acumulado sin ser notificados y pese a que solicitaron que ambos casos se trabajaran por separado.
Sin embargo, el titular de la unidad, Carlos Andrés Romero Vázquez, no atendió la petición y, por el contrario, fue revictimizante, aseguraron los ofendidos, ya que gran parte de los actos de investigación y pruebas fueron presentadas por ellos mismos, mientras que el agente investigador se comunicaba en privado y de manera informal con la parte demandada de COMEBI.
En el juicio, José Luis Rivera Rivera negó ser representante de COMEBI e incluso no trabajar para ellos, y dentro de las investigaciones se comprobó que esta persona no está registrada para realizar tal acto. Sin embargo, sí se cuentan con documentos y contratos de compra-venta firmados por él.
Algunos de estos documentos fueron ratificados por el notario José Luis Vázquez Camarena, quien incluso fue llamado a declarar en el caso y confirmó haber firmado los documentos y seguir el proceso de compra-venta de las propiedades.
Pese a su declaración y los peritajes presentados por los demandantes y el propio notario público, los peritos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales y Robo Vehicular determinaron que las firmas eran falsas, atribuyendo que los ofendidos estaban presentando documentos falsos.
Ante esta situación irregular, el doctor Roberto y la señora Leonor presentaron demandas en contra de los peritos de la FGE, Gabriela Elizabeth y Gabriel, al considerar que su actuar como funcionarios no es el correcto.
Y es que hace seis meses, Carlos Andrés Romero les informó que ya se tenía fecha para la vinculación a proceso por el delito de fraude, pero finalmente no se llevó a cabo y el caso estuvo a punto de ser archivado.
Roberto Gámez acudió con el Fiscal de la Región B, Israel Aguado Silva, quien escuchó al ofendido y, tras revisar el actuar de esta investigación, coincidió en que había muchas irregularidades en el proceso. Por lo que retiró la carpeta de la investigación de esta unidad y la canalizó directamente a los asuntos del fiscal, en donde se precisó que había un cúmulo de delitos, entre los que destacan la falsificación de documentos y de declaraciones, entre otros.
Aunque el doctor Gámez reconoció y agradeció el actuar del fiscal, señaló que desde septiembre la carpeta está detenida y, mientras tanto, él está a punto de perder su clínica.
Embargan propiedad a otro dueño en Irapuato
A principios de este año, fue interpuesta una solicitud de embargo número 1742457 al lote 17 de Quinta Las Villas, justo en donde el doctor tiene su consultorio desde hace más de 15 años.
La demanda, sin embargo, no está a nombre del doctor, sino del señor Hugo Ignacio Ramírez León, quien supuestamente es el dueño real del predio, a quien, supuestamente, por un error de COMEBI, se le hizo entrega en posesión de otro predio que no era el suyo, cuando el real es en el que se encuentra la clínica.
Para acreditar esta situación, COMEBI presentó una adenda en donde se hacía de conocimiento este error, fechada en 2005. Sin embargo, el propio Hugo Ignacio señaló en la investigación que se sigue en el Juzgado Primero Civil de Partido sobre el mismo caso, con número de expediente C-164/2023, que esa adenda la firmó en fechas recientes, según la prueba confesional presentada.
Para el doctor Gámez, este acto es deshonesto y documentación falsa que había sido admitida por la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales, por lo que solicitó la intervención de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para que este tipo de fraudes no sigan afectando el patrimonio de la ciudadanía que, de buena fe, busca la certeza de un patrimonio.
Añadió que también se tiene que castigar el mal proceder de los funcionarios de la unidad investigadora en este caso, en donde se tienen documentales en donde al menos siete personas ya fueron señaladas con irregularidades entre peritos, el propio titular de la unidad y personal de COMEBI que se ostentaron con información falsa. Además, la comunicación “cercana” entre la empresa y el personal de la unidad presumió tener en el proceso civil que se lleva del caso.
“No han castigado a nadie, cuando en la fiscalía, a excepción del fiscal y la Agencia 1, nos tratan como si fuéramos nosotros los delincuentes, cuando la investigación no avanza, no se realizan actos de investigación para resolver el caso y, mientras que no se actúa, estoy a punto de que me desalojen de mi propia clínica, espacio que yo pagué”, indicó el doctor Gámez.
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