Tribunal no ha resuelto caso de acoso de jefe de tránsitos en Irapuato a casi 1 año y medio
Irapuato, Guanajuato.- A un año y más de 4 meses de que la contraloría municipal iniciara la investigación por presunto acoso laboral y hostigamiento sexual al director de tránsito Juan José Mendoza Pérez, el Tribunal de Justicia Administrativa no ha resuelto si situación, pese a que la investigación hecha por la contraloría determinó la presunta responsabilidad del funcionario.
Fue el 29 de marzo del año pasado, cuando una agente de tránsito presentó una queja en la contraloría a local contra su jefe Juan José Mendoza Pérez, por presunto hostigamiento laboral y acoso sexual. Señaló que en varias ocasiones el funcionario le hizo propuestas de índole sexual, ella las rechazó y en respuesta sufrió una serie de abusos laborales, desde arrestos, cambios de turno sin justificación hasta impedirle acudir al baño durante su jornada, lo que derivó en problemas de salud. En varias ocasiones la agente estuvo a punto de renunciar.
Tras la queja, Mendoza Pérez fue separado de su cargo para que la contraloría iniciara la investigación. Como parte de este proceso el funcionario compareció, pero no presentó ninguna prueba a su favor.
Seis meses después, en septiembre del 2023, la contraloría terminó la investigación. Determinó que Juan José Mendoza Pérez incurrió supuestamente en una conducta grave y otra falta menor por presunto acoso laboral y hostigamiento sexual, turnó el asunto al Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato para que determinara las probables sanciones.
Tribunal se declara incompetente
El tribunal analizó el expediente y observaciones hechas por contraloría. Cuatro meses después en enero de este año emitió la primera resolución, pese a que la contraloría de Irapuato determinó la responsabilidad del funcionario por hostigamiento sexual y acoso laboral, el Tribunal se declaró incompetente y carente para fincar responsabilidades por este caso a Mendoza Pérez, aseguró que no encontró elementos suficientes para sancionarlo.
La contraloría municipal presentó un recurso de inconformidad acompañado de los elementos técnicos de su investigación, que a la fecha el Tribunal de Justicia Administrativa no ha resuelto.
“Sigue pendiente el tema continúa en el Tribunal de Justicia Administrativa ya salió de nuestro ámbito de competencia y no ha sido resuelto todavía”, sostuvo la contralora municipal Patricia Aguilar Gallardo.
Van 3 casos por presunto acoso laboral en presidencia municipal
En lo que va de la actual Administración municipal que terminará el próximo 10 de octubre, se registraron 3 casos por presunto abuso laboral y hostigamiento sexual. Sólo en uno de ellos se resolvió.
El 25 de enero del año pasado, a través de sus redes sociales, la alcaldesa Lorena Alfaro anunció el cese del director general de Asuntos Jurídicos Fabián Ochoa Sánchez, luego de que una de sus compañeras de trabajo lo señalara por presunto acoso sexual y hostigamiento laboral.
“¡No toleraré que en mi gobierno haya mujeres que se sientan acosadas! Ante el conocimiento de presuntas conductas, solicité la renuncia inmediata del Director General de Asuntos Jurídicos. He instruido a la directora del @INMIRA1 para que dé puntual acompañamiento a las afectadas. En mi Administración garantizamos la atención a las denuncias y reafirmamos nuestro compromiso para erradicar estas conductas contra las mujeres”, publicó Alfaro García.
El segundo caso aún sin resolver es el del director de tránsito separado de su cargo Mendoza Pérez.
El tercer caso que se encuentra en proceso de investigación es el de la jueza cívico, Karen Alejandra Hernández Ramírez. En junio pasado, denunció en la Procuraduría de la mujer y contraloría municipal a su jefe y titular de los juzgados José Luis Oñate Padilla por presunto acoso laboral. Tras una serie de agresiones no sólo contra ella y su hermana una adolescente de 16 años edad, Karen sufrió parálisis facial y decidió denunciar a su jefe.
A diferencia de los 2 primeros casos por presunto hostigamiento laboral y hostigamiento, donde un funcionario fue cesado inmediatamente y otro separado del cargo para realizar las investigaciones, esta vez el funcionario señalado Oñate Padilla no fue separado ni para realizar las averiguaciones, continúa en funciones frente a los juzgados cívicos. Aunque el Comité para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia Laboral, el Acoso y Hostigamiento Sexual, -instalado el pasado 20 de junio- encargado además de determinar las sanciones en este caso, si emitió una serie de recomendaciones y medidas que se reservaron para no alterar el proceso ni revictimizar a la jueza Karen Hernández.
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