Alejandro Tirado, exalcalde de Acámbaro, es inhabilitado políticamente por un año
Esto se dio por a la falta de 21 concentradores que se prestaron sin mediar convenio de contrato y siendo propiedad del municipio de Acámbaro
Acámbaro, Guanajuato.- El pasado 10 de noviembre, el expresidente municipal Alejandro Tirado recibió una notificación por parte de la Contraloría municipal, donde se le inhabilita políticamente por un año.
"Durante la pandemia de COVID-19 en el año 2021, compramos concentradores, logrando adquirir 107, los cuales se prestaban a la ciudadanía sin que firmaran algún documento. Algunos ciudadanos devolvieron el concentrador antes de que finalizara nuestra administración", indicó Alejandro Tirado.
Debido a la falta de 21 concentradores, los cuales se prestaron sin mediar convenio de contrato y siendo propiedad del municipio, se omitió realizar un acuerdo con la ciudadanía que los solicitaba.
"Los que vivieron de cerca la pandemia saben que no había horario para enfermarse. Algunas personas pedían el concentrador a las 2:00 am, en ese horario no podíamos realizarles un convenio. Era más la necesidad y urgencia de la ciudadanía que estar realizando convenios. Lo que es claro y notorio es que es un tema de carácter político, ya que derivado de esa resolución, la Contraloría municipal decide inhabilitarme por un año para ocupar cargos públicos. El procedimiento lo realizan en un año electoral, no al inicio de la actual administración".
Durante la entrega-recepción del 2021, se realizó la observación, pero se decidió resolver hasta el 10 de noviembre del 2023. Tardaron dos años en llevar a cabo un procedimiento que es simple y sencillo. Se decidió no dar de baja los concentradores faltantes porque la ciudadanía los iba entregando.
Según el expresidente, es un tema político, "el procedimiento lo inicia una persona que no tiene la facultad política y carece de personalidad jurídica. Jesús Iván Orozco Villagómez es quien inicia los procedimientos administrativos como autoridad sustanciadora".
El reglamento de la Contraloría indica que la autoridad sustanciadora solo puede ser el contralor municipal y que no puede delegar esas funciones exclusivas del contralor municipal, siendo esto una usurpación de funciones. Se desconoce si fue una omisión del contralor, quien tiene una responsabilidad ya que permite que otra persona actúe en su nombre.
Se solicitó información a través de Acceso a la Información, donde indican que Orozco Villagómez es asesor externo y no pertenece a la Contraloría municipal. Además, es asesor de la presidenta municipal.
"Desconozco quién le dio la facultad para actuar a nombre de la Contraloría e iniciar estos procedimientos. Me estoy reservando el derecho para dar parte a la Fiscalía por usurpación de funciones, siendo una causa tipificada en el Código Penal del Estado de Guanajuato".