Fiscalía Guanajuato ignora evidencia en caso de Jorge González Topete y lo rearchiva pese a orden del juez
Carteles con mensajes exigiendo justicia para Jorge González Topete.
León, Guanajuato.- Tras 8 años de obstruir la justicia por el asesinato de Jorge González Topete, la Fiscalía estatal de Guanajuato dio un nuevo revés al amparo federal promovido por la familia para obligar a la autoridad que investigue la causa, que desde 2016 intentó archivar como suicidio.
Hace tres meses la familia logró una sentencia definitiva a su favor en un tribunal colegiado en materia penal de Guanajuato, derivado de un amparo otorgado por el Juzgado 11 de distrito dictado en junio de 2022, que su viuda Laura Elena Díaz Infante inició luego de que la Fiscalía estatal intentó retirarle la calidad de víctima a ella y a sus hijas.
José de Jesús Ortega de la Peña, abogado que acompaña a la familia en el caso, explicó que el amparo ganado no solo les restituyó su calidad de víctimas, sino que además volvió a instruir a la Fiscalía a investigar la muerte de Jorge, realizando las diligencias que se negaron a hacer durante estos 8 años para esclarecer el caso.
Lejos de requerir las pruebas exigidas por las demandantes, basadas en peritajes que ellas mismas tuvieron que pagar para determinar que Jorge fue asesinado y hubo al menos 4 personas involucradas, la autoridad cambió al fiscal de la causa y éste en menos de un mes contrató a un nuevo médico forense para insistir en la versión del suicidio, con el cual hace 2 semanas volvió a archivar el expediente.
“El fiscal, lejos de estar de nuestro lado parece nuestro enemigo, primero nos dice que los médicos no se ponen de acuerdo porque el suyo dice que se suicidó y el nuestro no. Hizo una cita de peritos médicos y como obviamente no se pusieron de acuerdo, nombra a un tercero que no está en la lista de peritos del Tribunal, no lo conocemos ni sabemos de dónde salió ni quien le pagó. Y con base en eso nueva determinación: archivo el asunto, se suicidó Jorge”, narró el abogado.
Ante este nuevo revés de la Fiscalía, la familia volvió a interponer un recurso en contra de la determinación de archivo de la averiguación previa, esta vez ante el Juzgado primero tradicional penal, del que confían una nueva resolución a su favor.
“Por un lado recurrimos el no ejercicio de la acción penal, y por el otro le dijimos a la jueza de distrito que no han cumplido realmente su sentencia. Y otra vez sigue todo este calvario. Seguimos recurriendo porque quienes nos han dado la razón, al menos en no investigar, son los jueces, no la Fiscalía. Tenemos mucha fe, los jueces son los que nos han ayudado, con mucha visión de derechos humanos y perspectiva de género, y lealtad hacia el ordenamiento jurídico”, añadió Ortega de la Peña.
Ocho años sin justicia
El abogado defensor de la familia consideró que la nueva resolución de la Fiscalía es una respuesta a la demanda de responsabilidad iniciada por Laura Elena en 2020, en donde señaló que los agentes ministeriales han ocultado y manipulado pruebas para hacer pasar la muerte de Jorge como un suicidio, y en la que exigen la reparación integral y moral del daño.
El 19 de noviembre de 2015 Jorge González Topete, quien era un alto funcionario de Banamex, apareció muerto en un cuarto de hotel. La Fiscalía le aseguró a la familia que se había suicidado ingiriendo un coctel de pesticidas porque estaba involucrado en un fraude a la institución, aunque nunca hubo una denuncia ni una investigación por esos hechos.
Durante los años siguientes, con la asesoría legal de José de Jesús Ortega y basándose en los propios peritajes de la Fiscalía, Laura Elena pudo demostrar que Jorge fue golpeado y asfixiado con una estopa empapada en thiner, y luego mediante una sonda le introdujeron las sustancias en el estómago cuando ya estaba muerto, para que éstas aparecieran en el reporte toxicológico.
Además, con pruebas genéticas demostraron que hubo al menos 4 personas en la habitación con él, quienes dejaron cabellos y huellas de sus manos en una toalla que se encontró en la habitación.
Mediante amparos judiciales también pudieron probar que del celular de Jorge se realizaron varias llamadas telefónicas desde el cuarto donde fue encontrado su cuerpo, cuando él ya estaba muerto.
Y mientras que la Fiscalía a lo largo de los años se ha empeñado en ocultar pruebas y no ha solicitado cotejar los datos genéticos encontrados en los peritajes pagados por la familia, su respuesta a la denuncia de 2020 fue intentar quitarles la calidad de víctimas para impedir que continúen con la denuncia, y después, volver a archivar la causa.
“Este fiscal en un mes acabó con todo lo que en 8 años hemos hecho, pero no vamos a parar. Mis hijas y yo nos merecemos la verdad. No es normal y no nos podemos acostumbrar a que sea normal que no haya justicia. Yo no quiero que me pongan un mundo de mentiras, quiero que me digan la verdad, sea la que sea. Si hizo y deshizo que me lo digan, quiero saber qué pasó” expresó Laura Elena.
Hasta las últimas consecuencias
José de Jesús Ortega afirmó que esta no será la última instancia a la que recurran para resolver el asesinato de Jorge, pues ante la obstrucción de la justicia exhibida por la Fiscalía estatal aún se puede recurrir a la Fiscalía General de la República, e incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Todo debe seguir pasos. Creemos que probablemente tengamos que acudir en su momento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el asunto quede en el Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Y ahí ya es una responsabilidad del Estado mexicano por ocultar la verdad y no actuar en favor de las víctimas” expresó.
La familia por lo pronto ya comprobó que no se puede recurrir a ninguna instancia estatal para resolver el caso, pues además de la obstrucción de la Fiscalía, desde hace 2 años permanece abierta una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a la que Laura Elena acudió cuando le retiraron su calidad de víctima, y de la cual, tras año y medio de haberles solicitado pruebas, no volvieron a tener contacto.
Lo mismo ocurrió cuando la viuda recurrió al gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y a Libia Dennise García Muñoz Ledo cuando aún era secretaria de Gobierno, quien primero le prometió ayudarle y después dejó de contestarle las llamadas.
“Buscamos en algún momento a Libia y cita con el gobernador, y nos cerraron la puerta. Libia al principio me dijo: yo tengo conciencia y aquí está mi teléfono, lo que se te ofrezca márcame. Le escribí varias veces pidiendo la cita con el gobernador y contestaba: en lo que yo te pueda ayudar, ambigua en sus contestaciones. Y ya después dejó de contestar” narró Laura Elena.
Laura contrató peritos privados para obtener una segunda opinión sobre la causa de la muerte de Jorge. Estos expertos concluyeron que Jorge no murió por envenenamiento, ya que el veneno nunca llegó a su torrente sanguíneo. En su lugar, argumentan que fue ahogado después de que llenaron sus pulmones con thinner.
Se señalaron múltiples inconsistencias en el informe oficial de la Fiscalía, incluida una descripción errónea de la escena del crimen y evidencia de golpes en las fotos de Jorge. También se encontraron ADN de múltiples personas en una toalla vinculada al caso.
El informe oficial no abordó preguntas importantes, como dos llamadas realizadas desde el teléfono de Jorge después de su muerte. Estos detalles arrojan más dudas sobre las circunstancias de su fallecimiento.
A pesar de las inconsistencias en el caso de Jorge, la verdad detrás de su muerte aún no se ha esclarecido por completo. Laura Díaz Infante continúa su búsqueda de respuestas y justicia.
El caso de Jorge ha generado preocupación y cuestionamientos en la comunidad, ya que las fallas en la investigación inicial resaltan la importancia de una investigación exhaustiva y precisa en casos de muerte.
