CNDH oculta expedientes de abusos de autoridades entre 1990 y 2015; solo están disponibles en fotocopia
Ciudad de México, México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha impedido el acceso público a los registros de 2 mil 543 recomendaciones sobre abusos cometidos por autoridades mexicanas en contra de la población en el periodo comprendido entre 1990 y 2015; es decir, en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Así, documentos como la investigación sobre el primer caso de desaparición forzada del periodo neoliberal en México, al inicio del gobierno de Salinas de Gortari; o la indagatoria sobre los crímenes de la “guerra sucia”, publicados en 2001, ya no están disponibles para su acceso público.
Tampoco es posible consultar todas las investigaciones por violaciones a derechos humanos cometidas por organismos federales, estatales y municipales de Seguridad Pública durante la llamada “guerra contra el crimen organizado”, ocurrida en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Restricción de la información va contra la Ley General de Transparencia
Todos estos expedientes y miles más ya no están disponibles para su consulya pública y gratuita en internet, a pesar de que esto va contra el artículo 74-II de la Ley General de Transparencia, mismo que establece que todas las recomendaciones de la CNDH obligatoriamente deben estar “a disposición del público" en “versión pública".
Incluso el artículo 70 de la misma ley garantiza que la información deberá divulgarse a través de “medios electrónicos".
Hasta 2022, todos estos archivos estaban disponibles para su consulta en internet, pero desde este 2023, la información del periodo mencionado fue eliminada de la página oficial de la CNDH.
CNDH afirmá que la información sí es pública... a cierto costo
De acuerdo con la investigación de Animal Político, la CNDH argumentó que no tenía los expedientes solicitados en formato electrónico, por lo que las personas interesadas en conocer los expendientes de las 2 mil 543 recomendaciones emitidas entre 1990 y 2015, deben pagar 49 mil 871 pesos para que la información sea entregada en fotocopia
JRP