Abril: el feminicidio que no debe ser

1.- Abril: el feminicidio que no debe ser

Pese a todas las demandas, avances, discursos, estructuras y protocolos, el sistema público no pudo evitar el feminicidio de Abril Guadalupe Zárate de 23 años, ocurrido el 15 de febrero pasado.

Fue una falla generalizada entre la burocracia que probablemente prever los riesgos que corría la joven madre de familia, pero no fue así. La vulnerabilidad que padecía frente a su pareja Guillermo, no cambió desde que pidió la primera ayuda y ser asilada tres meses. Esta se reintegró a su entorno con las mismas carencias estructurales.

Abril hizo su parte. Presentó la denuncia por violencia familiar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y se presentó en el Instituto Municipal de las Mujeres de León (Immujeres), para pedir ayuda y asistencia. Ahora los titulares de ambas entidades públicas prometen, en diferentes niveles, una revisión interna tras este delito que no debe consumirse.

En el caso de la FGE, su titular Carlos Zamarripa Aguirre recibió el abordaje de la diputada local del PRI, Yulma Rocha Aguilar, justo el día de su informe. Oportunismo político o no, la legisladora pudo arrancarle una justificación que pinta de cuerpo entero su postura frente a la violencia familiar: “cómo tú sabes, todos esos delitos son intramuros”.

Lo cierto es que pese a los antecedentes asentados en sus denuncias, Abril fue asesinada. Ya consumado el crimen, su esposo Guillermo fue detenido y vinculado a proceso bajo prisión preventiva durante al menos tres meses.

En un tono radicalmente opuesto fue la respuesta de la directora de Immujeres León, Mónica Maciel Méndez Morales, quien reconoció que hay fallas en sus programas de atención a mujeres libres de violencia que ameritan una reestructura a casi ocho años de asumir su cargo.

Desde el 31 de octubre del año pasado, Abril dio cuenta de su caso por el que recibió apoyo psicológico y acompañamiento jurídico para interponer la denuncia penal. Fue alojada junto a sus dos hijos por tres meses. Todavía el 10 de febrero fue vista en su cita de seguimiento, pero nadie fue capaz de detectar una situación de riesgo.

Evidentemente, el sistema no fue capaz de proteger y evitar la máxima expresión de la violencia de género como lo es el feminicidio. Queda por lo pronto la exigencia absoluta de justicia así como la promesa de fortalecer el Immujeres con modificaciones al reglamento y la contratación de más personal.

¿Será con más burocracia que se podrían evitar estos casos en el futuro? Por ahora, sólo queda el amargo sabor de un feminicidio que pudo haber evitado.

2.- Crisis de la extorsión

Las cifras y los testimonios de la vox populi no mienten, la extorsión se encamina a convertirse en el crimen del sexenio, en medio claro, de la de por si galopante crisis de violencia que padecen Guanajuato.

El repunte de este ilícito indudablemente coincide con las intervenciones oficiales para detener a los líderes criminales que entre 2017 y 2020, comenzaron a disputarse el control del robo de combustible y posteriormente le mercado de drogas en Guanajuato.

La extorsión por ahora no tiene una definición en su modalidad. Desde las amenazas armadas, las telefónicas y hasta los engaños, se trata de un acto criminal que ha recrudecido la percepción de inseguridad que sigue reflejándose en la ausencia de denuncia, derivada de la desconfianza en las autoridades.

Es en ese contexto, que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aprovechó el marco del cuarto informe de la FGE, para llamar al estudio de una reforma que permita perseguir y castigar de forma eficiente este delito que ya priva en buena parte del corredor industrial de Guanajuato .

El repunte obliga. Rodríguez Vallejo asumió el gobierno estatal con un registro de 15 víctimas en 2018. Para el siguiente año la cuenta subió a veinte y la tendencia siguió en 2020 con 19.

Las cosas definitivamente se recrudecieron a partir de 2021, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), encontró 373 víctimas. Para 2022 fue evidente la nueva crisis con 668 víctimas, es decir, casi dos por día.

Apenas el año pasado se reformó el Código Penal del Estado, para que se reconozca la extorsión como un delito contra la libertad y seguridad de las personas. Sin embargo, poco a permeado esa modificación. Para Diego Sinhue es momento de revisar el marco jurídico para ver si es necesaria otra reforma.

Aunque las explicaciones oficiales han versado sobre una supuesta confianza renovada que habría provocado este repunte en denuncias sobre extorsión, lo cierto es que este ilícito se intensificó de manera que ese panorama, que implica dos víctimas cada día en Guanajuato, sería apenas la punta del iceberg tomando en cuenta la cifra negra.

3.- Candados para el CPC

Tras cinco años de un trabajo estéril contra la corrupción, en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se dieron cuenta que habría que imponer candados laborales, para evitar conflicto de intereses que en si mismo es un acto de corrupcion

El planteamiento llega después de controversias que han protagonizado sus exintegrantes, quienes recibieron premios en la burocracia que difícilmente se pueden desligar de su gestión en este órgano. Ahora hacen ruido las labores que realizan mientras se desempeñan como miembros del CPC.

En sueldos y salarios, en este 2023 el presupuesto asciende a 13 millones 475 mil 792 pesos. Se trata de 7.7 millones de pesos en la estructura de la secretaría ejecutiva y 5.8 millones en los emolumentos de los integrantes del CPC, que tienen hasta ahora posibilidad de seguir en actividades públicas o privadas.

Fue el diputado local del PRI, Adolfo Alfaro Reyes, quien presentó una propuesta de reforma para prohibir que desempeñen cargos y/o funciones privadas, salvo las docentes. Incluso, agregó una causa que fue rechazada en su momento, que es la imposibilidad de integrarse a la administración pública estatal o municipal, hasta que haya pasado un año.

Quien recibió de mil amores la iniciativa fue la propia presidenta del CPC, Katya Morales Prado, quien quizá todavía no la lee a profundidad. La abogada admitió que otros integrantes tienen actividades de docencia y uno “otro tipo de trabajo”.  

Dedicación al cien por ciento sin conflicto de interés, es la consigna que increíblemente a cinco años de su creación, en el CPC se la piensan seriamente.

CONTRA RETRATO

Beatriz Paredes Rangel

Integrante de una generación de políticos profesionales del viejo régimen, ayer reafirmó en Guanajuato su intención de mantenerse en la brega política argumentando aspiraciones a la presidencia de México, incluso soñando con una alianza electoral que fructifique en un gobierno de coalición.

La senadora Beatriz Paredes Rangel estuvo en la capital del estado junto a su colega panista Juan Carlos Romero Hicks, quien quizá comparte su misma condición. Ambos sosteniendo aspiraciones que difícilmente podrán tener sustento en la realidad, pero con bastante efecto en la repartición de espacios.

En este caso, ambos legisladores participaron en el Foro Plural Guanajuato, conformado por militantes de los partidos que precisamente conformarían la alianza. En ese marco, Paredes no tuvo empachos en comparar a Morena… con su propio partido.

“Un siglo después del nacimiento del PNR, pareciera que Morena, es el régimen de partido hegemónico con un caudillo”, expresó para la concurrencia quizás apelando al método del miedo para convencer en la necesidad de frenar a la llamada cuarta transformación. 

En efecto, la queja general de los ahora aliancistas, es no tener eco de sus propuestas, una cerrazón del partido oficial y la hegemonía legislativa. Ahora con conocimiento de causa, apuestan por conformar un grupo opositor.

Beatriz Paredes es ya una pasajera más en el abordaje del aparato tripartitita que pretende frenar a Morena en 2024. Una aspirante que ve en ese papel, la posibilidad de seguir su trayectoria política en momentos de hegemonía partidista. Vueltas que da la vida.