Sábado, 25 Enero, 2025

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Alerta de Género: incumplimientos en tres de tres

Opinión

Don Giovanni

1.- Alerta de Género: incumplimientos en tres de tres

 
 

Quizá la mayor revelación en el dictamen de la solicitud de la Alerta por Violencia de Género (AVG) para Guanajuato -que ya tiene listo la Comisión Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM)- sean los años perdidos de trabajo desde las primeras recomendaciones que se dictaron hace una década.

En aquel momento, la relación política entre el gobierno estatal de Miguel Márquez Márquez del PAN y el federal de Enrique Peña Nieto del PRI, aunque distante, estaba plagada de buenos gestos. Nada que ver con la actual. Fue por eso que de las mesas de trabajo y, claro, de la negociación política, se dictaron entonces 13 recomendaciones que fueron emitidas el 11 de julio de 2014.

Aceptar aquellas medidas adecuadas al momento legal que prevalecía en Guanajuato, fue suficiente para evadir un instrumento político que otros gobiernos desde entonces ya invocaban y presumían como gesto de buena voluntad. Como quiera que sea, las acciones planteadas para el gobierno debieron contener las escalada de violencia de género, pero nada fue así.

Ahora estamos a días de que una nueva solicitud de AVG se resuelva luego de haber repetido el procedimiento, esta vez con una mirada mucho más crítica y selectiva. Si hay consigna política de la 4T o no, es lo de menos, lo que se presente como resultados del cumplimiento de las recomendaciones esta vez fueron aquilatados de forma distinta sin posibilidad de concesiones.

Las conclusiones del dictamen de la CONAVIM son lapidarias. Las propuestas en materia de prevención, seguridad y justicia, en su conjunto, no registraron avance alguno real. Si bien se dan el tiempo de reconocer “el esfuerzo realizado por las autoridades”, de plano no vieron elementos institucionales, normativos y estructurales suficientes que acrediten el cumplimiento.

Por supuesto que hay detalles particulares, pero en suma, el documento entregado por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y coordinado por la directora del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), Anabel Pulido López, no contenía el cumplimiento de las acciones al no entregar o entregar parcialmente los medios de verificación.

Hace dos días ya le describimos la pobre participación de los municipios. Esa circunstancia también se reflejó en la conclusión de la CONAVIM al puntualizar que otro motivo del no cumplimiento, radica en la desarticulación institucional a nivel estatal y municipal.

Así que es inminente la declaratoria de AVG para Guanajuato. Será interesante ver cómo se prepara el gobierno para este asunto inminente para el que restan todavía algunos días. Lo cierto es que, ante los hechos, no queda más que asumirla en el colofón del sexenio.

2.- Irapuato: la violencia que nunca se fue

 
 

Aunque la turbulencia electoral se convirtió en júbilo para la alcaldesa Lorena Alfaro García, la ciudad de Irapuato aún guarda problemas no resueltos y cada vez más apremiantes como la seguridad.

Es un hecho que, si bien Celaya ha reclamado la atención nacional por su condición de ciudad en disputa por el crimen organizado, Irapuato comparte esa condición con un alto riesgo de replicar los patrones delictivos que precisamente se padecen en la ciudad cajetera. El de la violencia, claro, el más visible y de mayor impacto.

El primer trienio fue el más difícil en el tema. Lorena ofreció un proyecto muy concreto de seguridad en la persona de Miguel Ángel Simental que apenas duró un semestre. Meses transcurrieron antes de que desechara los principios de su proyecto, cuando dio el viraje a la Ricardo Benavidez, quien es allegado al secretario de seguridad pública estatal, Alvar Cabeza de Vaca Appendini.

La posibilidades de ratificación para Benavidez son claras, pero basta con echar recuento a la diversidad de hechos registrados en un lapso de 24 horas, para entender que le falta mucho por cumplir, como el ataque armado en Villas de San Cayetano que dejó una pareja asesinada; el rapto y posterior asesinato de un niño de 13 años o el ataque con explosivos a un negocio de la colonia Presidentes.

Todos son hechos que exhiben la vulnerabilidad institucional, que a menudo se ve rebasada cuando la dinámica de la violencia sigue su curso. Son hechos que se asemejan a los que recurrentemente se presentan en Celaya, cuya zona rural se ha convertido en trinchera de grupos criminales, por lo que una amenaza de tal magnitud no puede ser menos.

Lorena Alfaro comenzó el 2023 proponiendo todo un esquema de diálogo para diagnosticar y diseñar medidas efectivas contra la inseguridad. Los trabajos terminaron y aun se mantiene la expectativa. Para 2024 se dijo segura de haber encabezado por tres años una presidencia municipal que enfrentó el problema. Ahora que ya está por iniciar su segundo trienio, las sensaciones son de crisis.

3.- San José Iturbide: el CAISES que no llega

 
 

Parece increíble que una obra de 45 millones de pesos iniciada en el gobierno de Miguel Márquez Márquez, todavía no haya podido activarse en este sexenio. Se trata del Centro de Atención Integral en Servicios Esenciales de Salud (CAISES) de San José Iturbide, que comenzó a construirse el 21 de mayo de 2018 y es fecha que no se equipa para su funcionamiento.

La verdad es que este proyecto de la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad (SICOM) a cargo de Tarcisio Rodríguez Martínez ha sido un camino lleno de escollos. El primer contrato se terminó el 15 de enero del 2019, debido a que la obra fue rescindida, debido a que el contratista declara incapacidad para concluir los trabajos, por lo que ese proceso condiciona el segundo contrato.

Dos años tuvo que esperar San José Iturbide para ver reiniciada la obra. El 28 de septiembre de 2021 se contrató la Terminación del Centro de Atención Integral en Servicios Esenciales de Salud (CAISES) de San José Iturbide, con fecha de termino el 22 de febrero del 2022, pues se comprobó técnicamente que no existían las condiciones para continuar con la instalación de los sistemas eléctrico, de voz y datos.

El tercer y último contrato llegó hasta un año después, el 28 de marzo de 2023 y terminó el 31 de enero de 2024. Aquí el problema es que la inactividad derivó en que el inmueble sufriera vandalismo que motivó mayores gastos. La obra terminó y el 15 de julio del 2024 se realizó la entrega del inmueble para su equipamiento.

Al final, ya sea por falta de presupuesto, conflictos legales o condiciones externas adversas, SICOM no pudo agilizar la construcción de un modelo de hospital de medular importancia para San José Iturbide. Ahora será la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) la que se encargue de cerrar la pinca… a ver si no se nos va otro sexenio.

CONTRA RETRATO

Carlos García Villaseñor

 
 

El caso lo persiguió en el primer año de su administración. Después pareció evitarlo tomando medidas contra acosadores que fueron denunciados por mujeres funcionarias. Incluso, más de una vez invocó el respeto a los derechos humanos, pero en realidad no pudo ser más diferente y ahora parece emular las mañas de esos agresores.

El alcalde de Silao, Carlos García Villaseñor, fue emplazado ayer a la audiencia de formulación de imputación por el delito de hostigamiento sexual, sin embargo fue reprogramada para el próximo 21 de agosto, debido a que dio a conocer a la jueza su cambio de defensor particular, es que se solicitó el aplazamiento para que éste conozca carpeta de investigación.

Se trata de una medida para dilatar el proceso, que ya comienza a hacerse un patrón de comportamiento entre los agresores evidenciados. No podemos decir que García Villaseñor se hace de delito, pero sí que accionó de forma muy similar, que además se vuelve anómala, cuando hablamos de un cambio de abogado a la mitad del camino.

También vale recordar que un problema constante en la administración municipal de Silao, es precisamente el clima laboral. Las acusaciones de acoso casi provocan un cambio a las cabezas de Protección Civil, pero sin certezas, pues el municipio se dio cuenta que no contaba con protocolos para atender casos de violencia de género.

Ahora prácticamente Carlos García ya no sólo empuja frontalmente el barco de la impugnación contra las elecciones que perdió, también se halla envuelto en un caso no resuelto de hostigamiento contra una excolaboradora. Lo peor de todo, es que la electoral es muy probable que se resuelva antes.

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