Convierten Plan de Justicia chichimeca-otomí en teatro de protagonismos y lucha por el poder
Las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con sede en Querétaro capital, llevan varios días tomadas por chichimecas y por otomíes guanajuatenses y de aquel estado. Entre lo genuino que pueda tener la protesta, el conflicto también exhibe una cruda lucha por el poder entre un oportunista clan político de Tierra Blanca encabezado por ex alcalde panista Doroteo Mendieta Osornio, y en contraparte, la funcionaria federal Carmen Álvarez Juárez, arropada por la asesora presidencial Jesusa Rodríguez, ésta, que también es artista performance, recorre los caminos del noreste (donde los pocos núcleos originarios genuinos que quedan ya no usan cotidianamente vestuario propio) ataviada con sombrero y vestimenta tradicional indígena, cual extensión de algún acto teatral como los que escenificaba en El Hábito, su conocido espacio en Coyoacán. En los entretelones de este conflicto también se observan los efectos del romanticismo de Morena, al asumir que le otorga santidad al dinero, el solo hecho de que la creación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISPIAM) dará autonomía a las comunidades en el manejo de recursos públicos.
Carmen Álvarez (o la invención de los Huachichiles)
Carmen Álvarez tiene raíces familiares en la localidad San Ignacio de San Luis de la Paz, pero lleva años incrustada en la cúpula de la burocracia federal que atiende los asuntos indígenas. Ha tenido habilidad para vender a las instituciones la idea de que proviene de un enclave étnico, invocando algún suceso remoto de hace siglos, cuando en la realidad ese núcleo de población ya fue alcanzado por la mancha urbana y muestra la dinámica mestiza de las colonias ludovicenses crecidas a la par de la movilidad migratoria que se da en la región noreste. Ha conseguido elevar a verdad oficial esa supuesta identidad huachichil, por su cercanía a la élite gubernamental que atiende esa materia, incluso afirma ser “fundadora e impulsora del reconocimiento del Consejo Estatal Indígena”; así como haber participado en la redacción, consulta y propuesta del proyecto de ley sobre derechos y cultura indígena en la entidad.
Entre sus últimos cargos, todavía en diciembre pasado, aparecía como titular de la oficina del INPI en Puebla, de donde según notas de prensa habría salido en medio de polémicas. Paralelo a eso, al gravitar en los centros de decisión, ha tenido un papel protagónico en la implementación del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí.
Solo que los rastros de inconformidad y desconfianza que ha ido dejando, sumado a su excesiva concentración de poder, le estallaron en las manos cuando el 4 de marzo fue designada titular del INPI en Guanajuato y Querétaro. Un sector de los chichimecas, entre otros cuestionamientos relacionados con el manejo de programas, sostienen que ha intervenido en la soberanía comunitaria protegiendo al delegado que en el último proceso electoral extendió la constancia apócrifa al priísta Lorenzo Chávez como aspirante a diputado indígena plurinominal. Mientras en la comunidad se generó un movimiento que lo destituyó por tan aberrante hecho, aseguran que la funcionaria lo ha seguido legitimando. Por cierto, en este ejercicio fiscal 2025, cifras del FAISPIAM indican que la localidad San Ignacio decidirá el uso de 1 millón 596 mil pesos, casi el tripe de Misión de Chichimecas que dispondrá de 550 mil pesos (¿ya lo sabrán en San Ignacio?)
Macuerna con Jesusa…
En tiempos recientes, Carmen Álvarez ha hecho mancuerna con Jesusa Rodríguez, ex senadora y actriz de la ciudad de México, quien suele animar mítines morenistas en el zócalo, y radica actualmente en San Miguel de Allende. En lo que parece una prebenda de las que se otorga la élite que gobierna el país, la presidenta Claudia Sheinbaum la incorporó para instrumentar el Plan de Justicia que corresponde a Guanajuato y Querétaro, actividad que realiza con la figura de asesora presidencial en materia ambiental.
Tan empoderada está Carmen Álvarez con esas influencias, que en un evento del año pasado, autoridades de municipios involucrados en esa iniciativa federal experimentaron su falta de diplomacia y cortesía política, pues al observarlos en el lugar junto a representantes de localidades que forman parte del territorio que ellos gobiernan, les expresó que no era necesaria su presencia porque solo pretendían acaparar los beneficios, incluso agregó, que si consumían alimentos en ese lugar, tendrían que pagarlos…
Grillos otomís de sangre azul…
Aquella tarde de febrero 2020, cuando López Obrador visitó la congregación otomí de Cieneguilla, la presencia en el estrado del entonces cronista local, León Rodríguez García, auguraba la cercana fortuna laboral para él y otros paisanos suyos con los que lleva largo recorrido en la vida pública municipal bajo la sombra de gobiernos panistas.
Solo transcurrieron dos meses cuando ya estaba siendo nombrado director del Centro coordinador del INPI, en San Luís de la Paz. Luego, para el 2023, su cercano Doroteo Mendieta, también apareció en la nómina de esa institución pero como titular en Querétaro y Guanajuato. Igualmente, su cuñado Hipólito Ramírez Cabrera fue incorporado a la estructura, como director del Centro coordinador en Amealco.
Estos tres paisanos han coincidido más de una ocasión en la administración municipal: León Rodríguez como director de casa de cultura y cronista. Hipólito Ramírez, entre otros cargos, ha sido dos veces secretario de ayuntamiento (el año pasado, siendo ya servidor público federal, en su vivienda colgaba una lona de apoyo a Libia García)
Por su parte, Doroteo Mendieta, alcalde de 2000 a 2003, y directivo en áreas de esa alcaldía, suscribe en su curriculum datos muy paradójicos: mientras en 1991 según él fue “perseguido político por el gobierno estatal”, en un lapso del sexenio de Miguel Márquez, trabajó en Secretaria de gobierno en lo que define como “vinculador con la sociedad”, aunque oficialmente ocupaba el cargo de “Analista de información jurídica social y política”, lo que en el argot parroquiano se define como “oreja del gobierno”. Por ese trabajo de andar espiando le pagaban mensualmente 30 mil 164 pesos brutos, mientras en su reciente encargo federal 46 mil 461 pesos.
Hace semanas Mendieta Osornio fue removido de sus funciones en el INPI, entre los trascendidos se menciona que su cercanía y tejemanejes con congresistas del PAN estatal terminaron por molestar a sus superiores jerárquicos, interpretación que no es aventurada pues se conoce su falta de escrúpulos en el activismo partidista, para muestra, una fuente afirmo a Divisadero que siendo ya funcionario federal se le vio haciendo labor subterránea para la aspirante a la gubernatura Alejandra Gutiérrez.
Las protestas que ha desatado el nombramiento de Carmen Álvarez parecen mezclar lumbres inducidas por el clan panista de Tierra Blanca, pero también reclamos legítimos, solo que en las oficinas centrales a cargo de Adelfo Regino todo indica que están siendo minimizados, pues al cierre de esta columna, al tiempo que continuaban tomadas las oficinas, Alma Alcaraz, la delegada de bienestar en Guanajuato, montaba y presidía un evento para legitimar a la cuestionada funcionaria.
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