De su ronco pecho…
Miguel Zacarías
“Lo que vi en los videos y en las redes sociales de Mariana (esposa de Gerardo Fernández, que ella es una influencer mexicana desde hace más de 10 años. Por lo que sabemos, los influencers transmiten, es lo que hacen. Todas las imágenes que han salido no salieron de las cuentas del diputado ni del video del diputado, sino de videos de su esposa. Ella no va al curso, ella está yendo como turista y pagando ella todo. No sé si de su dinero o del dinero de los dos. Ahora sí que esto es cosa de un matrimonio”.
Sergio Contreras
El dirigente estatal del partido Verde trata de explicar lo que no supo o no quiso controlar su diputado
GERARDO FERNÁNDEZ: EL CURSO Y LA BUENA VIDA; ¿PERO QUÉ NECESIDAD?
La polémica en bola estaba cantada. Dependía del error de un diputado o de que sucumbiera a la banalidad en redes para que el escándalo fuese personalizado. Y el diputado del Verde, Gerardo Fernández, “lo logró”.
Nunca en alguna legislatura anterior, había sido tan nutrido el viaje de capacitación al curso que da la Universidad de Salamanca en España de diputados guanajuatenses. Veinte en total se fueron. Los otros 16 se ahorraron la pena.
Ya estaba la polémica de que se iban 20 y era relativamente sencillo apechugar.
Si alguien quería tomar un riesgo adicional, podía viajar con su pareja, pero tenía la opción de no difundirlo. De que quedara en radiopasillo y solo se citara porque al final el Congreso local solo pagaba los gastos del curso, hospedaje y vuelo en clase turista del legislador. Los viáticos corrieron por cuenta de cada quien.
Ya en el viaje, los diputados y diputadas, tenían varias opciones para ahorrarse más polémica: publicar o no imágenes de su estancia allá. El punto es que no fue el diputado Gerardo Fernández quien decidió publicar las imágenes que lo mostraron pasándola bien, en vuelo de primera clase, con champagne en el avión, jamón serrano en su menú y bolsos fifís.
Las imágenes e historias las subió su esposa, Mariana, quien es ‘influencer’ en redes sociales. En la publicación que incluye imágenes del diputado Fernández, el susodicho no se aprecia muy cómodo al saber que es grabado. Al final, es lo de menos. Fue exhibido, suponemos, con su consentimiento.
Lo cierto es que nada positivo le abona al diputado local ni a la imagen que quiso construir la vocería del legislativo en sus comunicados institucionales. Un diputado que aparece en un video pasándola bien, buena comida, buenos tragos, es exactamente lo que sintoniza con la imagen habitual de un representante popular en nuestro país.
¿Era esa la imagen que quería proyectar el diputado del Verde? ¿Es tan banal su idea de la labor que ejerce y tal su ingenuidad sobre las consecuencias que trae la difusión de esas imágenes que así lo planeó?
Si de lo que se trataba era de mostrarse como un mirrey de la política, lo logró. Si no era su deseo, no lo supo controlar. Las nuevas generaciones en la política parecen de otro corte. En el propio partido Verde se puede estar en desacuerdo con posturas, acciones y decisiones de personajes como Beatriz Manrique y Sergio Contreras, pero la frivolidad nunca fue lo suyo.
Polémica innecesaria para el diputado Fernández. Su esposa no necesitaba esa propaganda para su impacto y a él, le perjudicaba aparecer. Ella es exitosa y factura bien con likes y followers. El partido Verde no gana likes, ni followers ni simpatías con ese tipo de frivolidades.
Frente a los abusos y excesos de la autoridad, uno se inconforma, se indigna y ejerce desde la trinchera que le corresponde el derecho al pataleo.
Mi hijo de 21 años fue retenido, revisado, interrogado y cacheado sin razón (y sobre todo, ilegalmente), el pasado jueves por la tarde, por tres policías en la esquina de Campestre y bulevar Hidalgo en León. Ofrezco una disculpa por redactar y expresarme en primera persona. Es una vivencia personal que trataré de que sirva para una reflexión global de nuestra seguridad y en manos de quién estamos.
Él tiene su negocio. Regresaba a casa en bicicleta tras entregar una camioneta y a tres policías se les ocurrió interceptarlo y revisarlo.
Lo bajaron, le hicieron un cacheo, le revisaron la cartera, revisaron sus identificaciones, hicieron que se quitara los zapatos, le preguntaron “qué broncas traía”, a qué se dedicaba y otros requerimientos que no son atribuciones de un policía municipal.
Me indigna como ciudadano y me lastima como padre de familia que mi hijo haya sido tratado como un delincuente. Quiero creer en verdad que son una minoría los policías que no honran su uniforme y que no buscan proteger, sino que joden a los ciudadanos.
Tengo el privilegio de ser periodista y contar con un espacio para hacer una denuncia pública que dudé hacer porque pienso aún, después de la indignación inicial y tras haberme calmado un poco, que esos elementos van a ser castigados (eso espero) pero que al rato volverán a trabajar, a patrullar y no sé de lo que sean capaces.
Pero estoy convencido que no debemos seguir alimentando la impunidad en esta sociedad y mucho menos la de quienes abusan y deshonran el uniforme que portan. Como me dijo mi hijo: “¿acaso nos tenemos que cuidar además de los delincuentes, también de los policías?”
Lo que me encontré en las horas posteriores a que esta denuncia se hizo pública en redes sociales y en el noticiero En Línea me llamó la atención. La mayoría de los comentarios coinciden en que esta es una acción común de la Policía, habitual en el actuar de los elementos: detener a ciudadanos sin en el menor indicio de que hayan cometido una falta en flagrancia para para revisarlos.
Y los cachean, les interrogan sobre su vida. A qué se dedican, dónde viven, “en qué broncas anda, si trae tarjeta de crédito, si trae droga. Amigos que trabajan en medios, empleados públicos. Nadie se salva.
Hay quienes lo encuadran como un exceso tolerado por los propios superiores y que sirve realmente para inspeccionar a sospechosos de delito ya sea por su vestimenta o aspecto y otros, como si fuese una acción que es preludio de corrupción: Policías que piden dinero en el mejor de los casos o en el peor, siembran cosas para inventar faltas.
Y claro, hubo quienes reclamamos que de esto hablamos en los medios cuando lo sufrimos en carne propia y tienen toda la razón.
Pero la gran diferencia tendría que ser la denuncia. La inmensa mayoría no denuncia y sigue como si nada por las mismas razones de siempre. Falta de tiempo para hacerlo; falta de confianza en las autoridades, sensación de que no tiene sentido. La impunidad genera un círculo vicioso.
Hace unos días generó polémica la justificación del secretario de seguridad de la revisión que elementos hicieron a una niña de ocho años: se hace porque ahora los adultos que cometen delitos usan a los niños para esconder armas y droga. La realidad es que un exceso se vuelve polémica cuando se difunde y se conoce en redes.
¿Cuántas revisiones a menores hacen las policías municipales a diario y no las conocemos porque no hay video de por medio? ¿Cuántas revisiones abusivas como la que sufrió mi hijo se dan a diario por lo menos en León? Decenas por lo que puedo inferir de los comentarios a la denuncia pública.
¿Tendremos los ciudadanos que apechugar y resignarnos a que “así son las cosas” y permanecer inermes frente a los abusos y solo “rogar” para no encontrarnos a policías corruptos que siembren cosas o roben a los ciudadanos? No creo que deba ser así, aunque a fuerza de “usos y costumbres” y falta de denuncia, se impone y se normalizan los usos y costumbres.
Mi hijo denunciará en Asuntos Internos y en la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos y seguramente, la autoridad hará control de daños.
La primera reacción del secretario de seguridad de León, Mario Bravo cuando le reporté los hechos y el testimonio de mi hijo fue decir: “no tengo reporte; deja doy vista al consejo (de Honor y Justicia) para que investigue”.
Una respuesta del funcionario que insulta la inteligencia. ¿En verdad cree que los policías reportan las revisiones abusivas a los ciudadanos? A propósito, ¿qué hay de las ‘body cams’ que registran todos los movimientos de los elementos?
No hay que ser ilusos. Las autoridades reaccionan ante una denuncia pública; solo para el control de daños mediáticos, pero no para resolver un exceso. Prometen que van a actuar y que castigarán a los responsables y luego apostarán al olvido.
No hay la inconformidad social con la fuerza suficiente para detener una práctica conocida y tolerada por las autoridades. Ellos saben que hay policías buenos que utilizan “con medida” la estrategia y que habrá algunos que se excedan. Son los métodos al alcance para tratar de parar la delincuencia común. Tolerar excesos porque no se denuncia.
Eso no está en ningún protocolo. Son usos y costumbres al amparo de la cultura de la no denuncia. La autoridad lo sabe, le taparán el ojo al macho y la práctica seguirá. Cada quien ejerce su derecho a la indignación como mejor le parezca. No es pesimismo, ni resignación. Es sentido común.
28 AÑOS DEL IEEG EN GUANAJUATO: AMENAZAS AL DÍA
En un entorno convulso en lo político por las amenazas que se ciernen sobre la autonomía del árbitro electoral en México, hoy el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato cumple 28 años.
El 15 de enero de 1995, rindió protesta el primer Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) que se integró por un representante del poder Ejecutivo, cuatro del poder Legislativo, un secretario, cinco consejeros ciudadanos (únicos con capacidad de voto), dos consejeros ciudadanos supernumerarios y el secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva.
Hoy cumple 28 años este organismo electoral que en su momento fue una institución vanguardista pues se trató del primer árbitro electoral local en el país, efectivamente ciudadanizado y sin vínculo con el gobierno en turno en Guanajuato.
Una prenda de orgullo para la transición guanajuatense a la democracia que nadie puede rebatir.
Su primer presidente fue el empresario Hugo Villalobos González, un empresario, expresidente de Canaco de muy buen perfil y con amplio reconocimiento en el ámbito social.
Desde ese día a la fecha, el IEEG ha llevado cabo 10 procesos electorales, de los cuales, seis han sido ordinarios, dos extraordinarios y un plebiscito en el año 2010.
No es ya el mismo Instituto de aquella década convulsa en Guanajuato cuando se dio en 1991 la concertacesión entre Carlos Salinas de Gortari y el PAN.
En 2014, tras la más reciente reforma electoral en el que el Consejero Electoral que remplazó al de Consejero Ciudadano; la diferencia radicó en que los nuevos consejeros dedicarían tiempo completo a las tareas que la ley y la constitución asignen. Además, desapareció el nombramiento de consejeros supernumerarios y la integración del Consejo General pasó de cinco a siete consejeros electorales.
A casi una década de distancia, el Instituto Estatal Electoral enfrenta como todo el sistema en el país la amenaza de un intento de reforma producto de un berrinche y una fijación no superada.
Una reforma constitucional que no procedió y que la 4T busca concretar a través de un plan B que despierta críticas fundamentadas porque técnicamente pone contra la pared la operatividad y eficacia técnica del actual sistema
De cualquier manera, eso está fuera del control del órgano local. Lo que sí está en su ámbito es que el actual sistema funcione con las reglas vigentes y ahí, tiene varios retos. La sobrevivencia ante la embestida también depende hoy más que nunca, de su eficacia.
Renunció a su cargo Alberto Padilla, secretario particular del presidente de la junta de Gobierno del congreso local, Luis Ernesto Ayala. No se conocen las razones oficiales. Por lo pronto recordar que no fue nada sencillo que los altos mandos azules, los que controlan contrataciones del personal de confianza en los cargos importantes, le aprobaran al exalcalde leonés ese nombramiento.
Más de Palabras Mayores:
bc
