De todos los colores: políticos buscan convertirse en juzgadores

1.- De todos los colores: políticos buscan convertirse en juzgadores

Se publicó el listado de personas que avanzan a la etapa de evaluación de idoneidad para la elección del Poder Judicial de la Federación. Este primer filtro fue meramente documental, con el objetivo de determinar la elegibilidad. Entre los perfiles que cumplieron en tiempo y forma destacan varios políticos del estado de Guanajuato.

Entre quienes buscan ser magistradas o magistrados del Tribunal Colegiado del 16° Circuito en materia administrativa se encuentran Lilia Villafuerte Zavala y Vanessa Sánchez Cordero, ambas exdiputadas por el Partido Verde. De extracción morenista figura Miguel Ángel Armenta Galván, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG); también está Jesús Guillermo García Flores, actual secretario del Ayuntamiento de Salamanca, y Ariadna Enríquez Van Der Kam, exmagistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, quien dejó el PAN entre señalamientos de apoyar a Morena.

Por otro lado, los políticos que buscan ser jueces de distrito del 16° Circuito, de competencia mixta, son Jaime Víctor Prieto Ortega, hermano de Ernesto Prieto Ortega, exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y compadre de Andrés Manuel López Obrador, impulsor de la reforma. Jaime Víctor cuenta con experiencia en docencia, preparación en juicios de amparo y fue auditor fiscal en la Administración Fiscal Regional del Centro, con sede en Celaya. También figura Salvador Ramírez Argote, exregidor priista y cercano a Bárbara Botello.

Aunque se tenía conocimiento de su registro, algunos nombres no figuran en la lista de quienes avanzan a la segunda etapa. Entre ellos destacan Pedro Ángel Pérez Camacho, actual síndico del Ayuntamiento de Villagrán; Samuel Amezola Ceballos, expresidente municipal de Abasolo; Adán Velázquez Nava, exsecretario del Ayuntamiento de Apaseo el Grande, y Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, de Morena.

En el listado tampoco aparece José Guadalupe Pedroza Cobián, representante del Partido Verde ante el IEEG. En su caso, informó que no continuó el proceso de registro debido a que no tuvo tiempo de solventar algunos requerimientos de papelería. Consideró que el registro ante el Poder Ejecutivo fue ágil, mientras que el del Poder Legislativo resultó más complicado y exhaustivo.

El grueso de los aspirantes que avanzaron está integrado por perfiles con amplia experiencia como juzgadores, tanto del Poder Judicial de la Federación como del Estado de Guanajuato. También se incluyen abogados litigantes.

Otros personajes en las listas son conocidos por haber ocupado cargos en la administración estatal en distintos momentos. Varios de ellos tienen señalamientos nada positivos que podrían repercutir en el análisis de buena fama que se realizará en la segunda etapa. Sus casos merecen un apartado especial.

2.- Migrantes acechados por el crimen organizado

Grupos de la delincuencia organizada en Guanajuato han encontrado en los migrantes del estado y en sus familias, quienes se quedan, un nicho del cual obtienen ganancias a través de la extorsión y el secuestro.

Las denuncias públicas más recientes provienen de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos (UCEM), que ya tiene identificado un modus operandi, sobre todo durante esta temporada en la que aumentan los ingresos de las familias del estado debido a las remesas y a la llegada de los “paisanos”.

Lo ocurrido en el vuelo 3041 de Volaris el pasado 8 de diciembre, que partió de León rumbo a Tijuana, es uno de los ejemplos más claros. Según reveló la esposa de Mario, el hombre que intentó desviar el avión hacia San Diego, ella fue víctima de secuestro en Pénjamo, por lo que su esposo, trabajador temporal en Estados Unidos, pagó un rescate de 150 mil pesos. Tras el hecho, decidieron abandonar el estado. Poco antes de viajar, Mario recibió amenazas de muerte si llegaba a Tijuana. El intento de secuestro del avión no puede desvincularse del hecho de que la familia ya era víctima de la delincuencia en Guanajuato.

“Él dice que quería protegernos a nosotros, a mí, a los niños; no había dormido, no había comido. Me dice que hizo todo esto por nosotros, porque nos quiere mucho, por las amenazas que le hicieron”, declaró la esposa de Mario el 16 de diciembre a la periodista Azucena Uresti.

Mario se recupera de lesiones derivadas del choque de la patrulla de la Guardia Nacional en la que era trasladado en Guadalajara, de donde intentó escapar. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, enfrenta un proceso penal por “amenazas, ataques a las vías de comunicación y los delitos que resulten”.

El acecho de la delincuencia sobre los migrantes en Guanajuato ya se había denunciado desde el 13 de noviembre en una mesa de trabajo en el Congreso del Estado. Lolita Aviña Gómez, representante de la Federación de Guanajuatenses en Texas, fue clara al decir: “Casi a diario recibimos reportes de familiares emigrantes preocupados por la seguridad de sus familias (…) Buscan salir del estado para garantizar su seguridad, pero tienen que pagar cuota para poder hacerlo”.

La Secretaría de los Derechos Humanos, con Liz Esparza Frausto al frente, tiene en este problema uno de sus grandes retos. Implica no solo el acompañamiento, sino la coordinación efectiva con las áreas de seguridad.

3.- Morena y PAN: competencia por la austeridad

Contrastes en los terruños morenistas: mientras que en el municipio de Celaya los integrantes del cabildo rechazaron recibir celulares de alta gama, argumentando que ganan lo suficiente para asumir ellos mismos el gasto de telefonía, en el municipio de Valle de Santiago se aprobaron un aumento salarial.

En el caso de Celaya, el rechazo no proviene de una convicción real sobre la austeridad, ya que el ahorro es mínimo y el gasto, que ronda los 200 mil pesos mensuales, ya estaba presupuestado por la administración de Juan Miguel Ramírez Sánchez. A los regidores morenistas no les quedó más opción que rechazar los teléfonos porque los regidores del PAN se les habían adelantado. Aceptarlos habría representado una oportunidad de golpeteo político en torno a una de las líneas discursivas más importantes de la 4T.

En Valle de Santiago, por el contrario, son los panistas quienes ahora se alinean con la austeridad y votaron en contra del aumento salarial del 7.5% para los funcionarios de primer nivel, cifra superior al 4% recomendado por el Congreso del Estado. Finalmente, el incremento fue aprobado por mayoría morenista e impactará en toda la administración municipal, así como en los organismos descentralizados.

El presidente municipal, Israel Mosqueda Gasca, defendió el aumento argumentando que beneficiará a los trabajadores con los sueldos más bajos, incluso a aquellos que ganan por debajo del salario mínimo. Esta postura sería creíble si el incremento se hubiera enfocado exclusivamente en ellos, pero no es así: el alza aplica para todos, incluido el propio presidente, quien percibe un sueldo bruto superior a los 100 mil pesos.

Contra Retrato

Jorge Ramírez Hernández

Para el empresario leonés, la contienda interna por la presidencia nacional de la Coparmex no fue infructuosa. Había que enviar un mensaje, y ese mensaje se dio a lo largo del país. Sostiene que el organismo patronal más importante de México debe alejarse del centralismo y enfocarse en el ámbito local y regional, construyendo sus estrategias a partir de las problemáticas específicas de cada zona.

Ramírez Hernández considera que dejar atrás la estructura vertical de la Coparmex otorgaría una mayor capacidad de incidencia a nivel nacional y fortalecería las propuestas del organismo al contar con un respaldo más amplio. Para lograrlo, es necesario establecer relaciones sólidas con los gobiernos locales, impulsar cadenas de valor y aprovechar la relocalización de empresas en el país.

Su idea de dotar de mayor peso a los centros empresariales en el territorio nacional logró germinar en algunos liderazgos locales. Sin embargo, enfrente tenía como contendiente al candidato oficial, Juan José Sierra Álvarez, vicepresidente de Coparmex, quien al final se impuso con una amplia mayoría en las votaciones.

“Tenemos que ir por las PYMES, acercarnos a ellas y construir, junto con los gobiernos locales y estatales, políticas públicas que permitan a estas pequeñas y medianas empresas integrarse a las cadenas de valor y aprovechar las oportunidades del nearshoring”, plantea como otra de las necesidades que, en su opinión, no pueden abordarse únicamente desde el centralismo. Este modelo centralista asume que todo ocurre en la Ciudad de México, mientras que el resto del país queda supeditado a esas dinámicas en mayor o menor medida.