DIEGO SINHUE Y EL REGAÑO A LOS ALCALDES: PREDICAR EN EL DESIERTO
UNA MÁS. No es la primera vez que lo dice el gobernador Diego Sinhue Rodríguez pero ayer fue mucho más exhaustivo y abundante en sus argumentos hacia los alcaldes que mantienen direcciones que según dice, son innecesarias y solo implican gasto corriente: las de Educación y Salud.
ACUÉRDESE. Ya veremos en unos días más cuántos y cuántas le hacen caso, particularmente en su partido. Desde que arrancó su sexenio planteó su pliego petitorio: aumentar salarios a policías, invertir en seguridad y eliminar direcciones innecesarias.
UN EJEMPLO. Por lo pronto, la de León Alejandra Gutiérrez Campos no contempla la desaparición en su plan de reestructuración del organigrama municipal y se ve difícil que en estos tiempos en los que la pandemia no se va todavía, se tomen estas decisiones.
MAL DE MUCHOS-. No es fácil para el jefe del ejecutivo estatal ganar esa batalla en contra del gasto corriente. Los alcaldes de cualquier extracción partidista no son muy propensos a darse un balazo en el pie, eliminando plazas para empleados públicos.
CUESTA ARRIBA. Lo del fortalecimiento de las policías municipales tampoco va a ser fácil. Si en León por ejemplo se habla de necesidad de limpiar la policía con el despido de una cantidad de elementos superior a todos los que fueron liquidados en Juventino Rosas, imagine cómo están otras corporaciones de municipios más pequeños.
COMPLEJO. Eliminar burocracia, aumentar inversión municipal en seguridad, depurar policías municipales e incrementar salarios, son batallas con tinte imposible de Diego Sinhue.
APECHUGAR. Él mismo que fue un crítico implacable de la práctica socorrida en tiempos de Miguel Márquez de establecer mandos únicos del estado en municipios, en Juventino Rosas tuvo que echar mano de esa apuesta ante la gravedad de la contaminación de la Policía Municipal.
¿SERÁ? Dice que será provisional porque no quiere que los alcaldes se echen a la hamaca como sucedió en el sexenio anterior. Eso está por verse. Ya lo tuvo que hacer en Salamanca y ahora en este otro municipio. Hay otros en los que no hay mando único pero en el que las Fuerzas del Estado tienen una influencia importante.
YA LO VERÁ. No es fácil revertir usos y costumbres que tienen en el desdén una manifestación de la abdicación de la responsabilidad de los presidentes municipales en materia de seguridad. Es como el cuento de nunca acabar.
LA DEL ESTRIBO…
El empresario Gabriel Padilla Cordero envió un oficio a la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos en el que manifiesta su voluntad de revertir la operación de compraventa de un inmueble que colinda con un kínder en colonia Refugio del Campestre.
Padilla Cordero dice en su escrito entregado a los medios por la propia Gutiérrez Campos que las operaciones que hizo con la autoridad fueron apegadas a derecho.
“Nunca antepondré mis intereses personales sobre los intereses de la comunidad y el bienestar de los niños”, escribe Padilla Cordero en su misiva.
Evidentemente que el hecho de que Alejandra Gutiérrez haya atendido el caso que en su momento ignoró su antecesor Héctor López, es un factor de presión para el empresario.
En el otro tema polémico (el descuentazo al Club Campestre en el impuesto predial), la alcaldesa ya pidió a sus directivos, regresen la cantidad que excede al pago que debieron hacer si no hacen uso del argumento de que es una zona agrícola.
Una solicitud que parece ingenua pero que, es de suponer, algo sabe la presidenta municipal cuando lo dice. Está segura de que ahí también saldrá con banderas desplegadas. Pequeños triunfos que suelen buscar los gobernantes para demostrar que van en serio. El glamour del arranque con las pilas puestas.
A 10 AÑOS DE LA RENUNCIA POR LA PUERTA DE ATRÁS
Y a pasó una década de su renuncia a la Secretaría de la Gestión Pública. Hoy es el coordinador de la bancada panista en el Congreso local. Luis Ernesto Ayala Torres ha sido un empresario metido en la política con una peculiar trayectoria en la política guanajuatense que ya va para los 25 años y está en su tercer aire.
Una renuncia a la que se le imprimía un tono de normalidad que nada tenía que ver con la realidad. Desde el gobierno de Juan Manuel Oliva se argumentaba un retiro de común acuerdo, en los mejores términos y sin nubarrones en el horizonte.
La realidad era muy diferente. Ayala Torres, se iba harto de los desdenes y acotamientos del entonces gobernador a su trabajo. Por las trabas que exhibió una y otra vez. Simple y sencillamente no le cumplió lo que le prometió: autonomía e independencia total.
No la hubo para la indagatoria de las corruptelas en la Secretaría de Salud y tampoco para investigar los desvíos en materia de obra pública en donde estaban involucrados protegidos directos de Oliva como Genaro Carreño Muro.
Se fue entonces Ayala Torres por la puerta de atrás. Una década antes había sido alcalde de León, luego fue integrante del gabinete de Juan Carlos Romero Hicks y quiso ser candidato a gobernador del PAN justo cuando el elegido era Oliva, su jefe después en el gobierno estatal.
Regresó en 2015 a la planilla de Héctor López Santillana como síndico en un trienio en el que tuvo una difícil relación con Carlos Medina. Hoy, es el coordinador de la aplanadora azul en el Congreso local y en automático aparece como un potencial precandidato a la gubernatura aunque con reglas totalmente distintas a las que reinaban en el PAN hace 16 años.
Hoy, todo depende del dedazo del gobernador y en aquel momento, había oportunidad de una asamblea de militantes. Sin ser un obsesionado con los cargos, Ayala Torres ha disfrutado de la bendición de tres distintos gobernadores y mantiene la veladora encendida por ser candidato a la gubernatura. Pero hoy, tampoco es favorito.
DE LA LEY ANTIUBER A LA LIBERALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS EN CINCO AÑOS
En algún momento, literalmente el gobierno de Miguel Márquez le declaró la guerra a las plataformas ejecutivas hace cinco años cuando se aprobaba la Ley de Movilidad que entre otras cosas, ponía restricciones a los vehículos ejecutivos, particularmente los de Uber.
Ayer, el Congreso local recibió una iniciativa del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que pretende reforma a la ley de Movilidad con la que se pretende establecer en la entidad un modelo libre de mercado en el servicio de taxis ejecutivos.
De aprobarse la propuesta quien quiera trabajar en cualquier plataforma de este tipo de servicio ya no requerirán permiso, sino que bastaría con que estén registrados en la plataforma.
Hace cinco años, el gobernador se quejaba amargamente de Uber. Calculaba 3 mil vehículos de esta plataforma circulando en Guanajuato, más del doble de los ejecutivos que se habían autorizado en toda la entidad.
Decía que el problema de esta empresa es que quería estar fuera de la ley y que no lo iba a permitir.
“Primero abrieron una expectativa muy grande, y ahora muchos de los que traen sus carros Uber no les está siendo negocio, y vienen este tipo de presiones. Nosotros nunca generamos una expectativa de más, se hizo un estudio y de acuerdo a ello ahí están los permisos. Estuvo abierto, Uber no quería, nunca quiso. Hay una Ley, y así lo hicieron todas las demás plataformas, el tema es de legalidad”.
La persecución llegó a tal extremo que algún día, luego de la polémica que generó el megaoperativo en el que participaron más de 20 unidades de diversas corporaciones para detener un vehículo de esta plataforma, Márquez advertía que la sobreoferta de carros haría que muchos se retiraran de este negocio.
El gobernador Diego Sinhue envía una iniciativa que simple y llanamente pone a ese servicio a la oferta y la demanda. Las plataformas son las que tendrán que sortear los trámites para registrarse ante las autoridades y quienes quieran integrar a un vehículo a las mismas, sólo se las tendrán que ver con los dueños de la plataforma y sus condiciones.
No es de gratis. Hay un fallo de tribunales administrativos que lo exige.
Hace unos cinco años, el diagnóstico de Miguel Márquez resultó fallido y tuvo la oposición no solo de quienes impulsaban estas plataformas sino de los propios representantes populares de su partido como Carlos Medina y Salvador Sánchez, síndico y regidor del Ayuntamiento de León, quienes criticaron abiertamente las trabas del gobierno estatal.
Hoy estamos a las puertas de una nueva etapa en el servicio de taxis. Todavía recordamos hace 15 años, la prehistoria política con el mercado negro de taxis verdes en los tiempos de Juan Manuel Oliva.
La modernidad y el libre mercado elimina viejos vicios de la política. Esperemos que no alimente otros.
