En duda Gerardo Vázquez Alatriste para la Fiscalía de Guanajuato
1.- En duda Gerardo Vázquez Alatriste para la Fiscalía de Guanajuato
Se quebró “el tapado”. Si el proceso de designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado ya anticipaba una votación llena de reclamos de la oposición, lo ocurrido este martes durante y después de la entrevista de los diputados locales a Gerardo Vázquez Alatriste dejó en evidencia algo peor: que el próximo 3 de febrero su cantada elección quedará cubierta por la sombra del oficialismo y la opacidad.
El desempeño de Vázquez Alatriste durante la entrevista no fue destacado y ofreció varios momentos simplones, en los que defendió ser un hombre de números y en ellos se sostenía su trabajo. Dijo que no tenía la necesidad (económica) de buscar el cargo, y su aspiración la sustentaba en su amor por la procuración de justicia.
Diputados de Morena lo cuestionaron sobre si hubo omisiones en darle carpetazo a una denuncia en contra del secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Alfredo Cortes Alcalá, por presuntas contrataciones irregulares cuando fue director del Hospital Regional del ISSSTE en León. Aseguró que de la parte demandante no hubo seguimiento y por ello se radicó la carpeta.
El momento más tenso llegó cuando al término de la entrevista, el abogado Roberto Saucedo Pimentel lo confrontó por retomar un caso de 2015, que involucraba a su familia, pero se resolvió a su favor. Aunque Saucedo lo acusó de mentir sobre el desenlace de dicho caso, Vázquez Alatriste se retiró, dejando tras de sí la impresión de una figura incapaz de sostener una postura firme frente a los reclamos públicos. Al ser cuestionado por la prensa, su actitud no mejoró: huyó hasta el estacionamiento y respondió con declaraciones como: “Esto equivale a que cuando tú vas en la calle, alguien te mienta la madre… tienes la alternativa de responderle… o tienes derecho, yo lo tengo, al libre uso de la imagen”.
Zucé Hernández Martínez, considerada la opción de reserva, basó su exposición en clichés y discursos vacíos más que propositivos: “una Fiscalía de puertas abiertas”, “el tiempo de las mujeres”, “una nueva historia”. Nada sólido, nada que se distinga del modelo que ha prevalecido bajo la gestión de Carlos Zamarripa Aguirre.
Por su parte, Israel Aguado Silva, fiscal regional con sede en Irapuato, dio la impresión de ser el más preparado técnicamente. Presentó propuestas concretas para reformar áreas de la Fiscalía, reducir la carga de trabajo y fortalecer mecanismos alternativos de solución de controversias. Sin embargo, su cercanía con figuras cuestionadas del círculo de Zamarripa y de quienes no se desmarcó, como José Antonio Torres Ramírez, director de la Agencia de Investigación Criminal y Ricardo Vilchis Contreras, director general de investigaciones, lo colocan en una posición de desventaja. ¿Qué tanta independencia puede garantizar alguien tan ligado al continuismo?
Al final, las carencias de los tres perfiles desnudaron el pobre nivel de análisis y prospectiva del proceso, como lo señaló Martín López Camacho, exdiputado y expresidente de la Comisión de Seguridad: “No hubo prospectiva y/o valoración negativa previo a la comparecencia de la y los candidatos en la terna para la FGE, y terminó mal. Si las preguntas y respuestas van a legitimar en ‘algo’ al ganador, nada cambiará…”.
Así, el futuro de la Fiscalía General de Guanajuato parece estar condicionado a un relevo superficial, donde el cambio de nombres no implica un cambio de fondo. ¿De verdad saldremos “de Guatemala para ir a Guatepeor”?
2.- Aspiración de Karla Escárcega entre injerencias y violaciones
A Karla Alejandra Escárcega Robledo solo le faltó pedir cartas de recomendación a los vecinos de su cuadra. La aspirante a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) presentó escritos de organismos irrelevantes para el proceso en cuestión y otros que alertan sobre el riesgo de que, en caso de ser designada, comprometa la independencia de la institución, de por sí es cuestionable.
Además de contar con el respaldo tras bambalinas de Alejandro Sierra Lugo, titular de la Consejería Jurídica estatal, Escárcega Robledo también es impulsada por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Héctor Tinajero Muñoz, así como por varios jueces y magistrados del Poder Judicial estatal y federal. No solo se expone la injerencia del Poder Ejecutivo y Judicial en el proceso, sino que, con cinismo, quedan en evidencia los compromisos adquiridos por la actual secretaria académica de la División de Derecho, Política y Gobierno de la UG.
Por si quedaban dudas, también la respaldan el fiscal especializado en investigación de delitos de alto impacto, José de Jesús Quezada Torres, y la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores, Karla Alejandra Vizcaya Beltrán. Si llega a ser la ombudsperson, ¿cómo afrontará las quejas en las que puedan estar involucrados los funcionarios que hoy la apoyan?
Es insostenible que un perfil como el de Escárcega Robledo pueda encabezar la PRODHEG. A esto se suma su participación en el allanamiento a Periódico Correo en 2023, así como su cuestionable paso por el Ayuntamiento de Salamanca, de donde salió en 2020 en medio de señalamientos por ocultar información sobre una compra irregular.
3.- Réplica del Gobierno de Cuerámaro y contrarréplica
El gobierno municipal de Cuerámaro solicitó su derecho de réplica respecto a lo expuesto por Periódico Correo y retomado en esta columna, sobre la asignación de varios contratos en el trienio pasado a una empresa vinculada a la entonces encargada de la nómina, Verónica Concepción Villanueva Vargas, quien actualmente funge como tesorera municipal.
Derecho de réplica: “No existen conflictos de interés ni acto de corrupción en el que pueda incluirse a esta Administración Municipal; la carga corresponde a la pasada administración (…) se ha verificado que la funcionaria a quien atañe directamente la nota en ese entonces no formaba parte del proceso de licitación (…) por lo que se infiere que la intención de trastocar el sentido de la observación y del informe ya comentados es totalmente política, para dañar la imagen de una administración”.
Contrarréplica: La nota señala que los hechos ocurrieron en el gobierno anterior del priista Mauricio Arce Canchola, cuando Villanueva Vargas era encargada de nómina y ahora es tesorera. No hay información errónea. Sobre el argumento de que la funcionaria no formó parte del proceso de licitación, la propia ASEG determinó que ese no es un argumento válido, pues se prohíbe este tipo de contrataciones sin distinguir el área en la que se desempeñe el funcionario. Al presidente municipal, Humberto Hernández Martínez, debería preocuparle más el daño al erario por más de 8 millones de pesos debido a una obra mal ejecutada bajo ese contrato, que imaginar moros con tranchete. La primera en explicárselo podría ser su tesorera.
Contra Retrato
Jorge Guillén Rico
El 21 de enero, la Policía de León detuvo a cinco presuntos delincuentes en la comunidad de Los Sauces. Se les aseguró un revólver con casi 50 cartuchos, una camioneta cargada con productos de abarrotes y más de 45 mil pesos en efectivo. Entre los detenidos estaba Luis Enrique, de 32 años, un expolicía dado de baja apenas en diciembre pasado.
Otra de las detenciones más llamativas ocurrió el 17 de junio de 2023, cuando fueron arrestados tres hombres que integraban una banda dedicada al robo a casa habitación; dos de ellos resultaron ser expolicías, y uno había sido dado de baja apenas en marzo de ese año.
La depuración de los cuerpos de seguridad municipal, si bien permitió retirar de la corporación a agentes por pérdida de confianza, baja voluntaria o tras investigaciones del Consejo de Honor y Justicia, también abrió la puerta para que expolicías se sumen a las filas del crimen. Al respecto, el secretario de Seguridad de León, Jorge Guillén Rico, aseguró que hay seguimiento de los exagentes: “Siempre los traemos ahí. Hay quienes buscan su empleo normal (…) la unidad de análisis o en base a un reporte o revisión de algo que infrinja el reglamento”.
Es poco probable que exista un seguimiento puntual de los elementos dados de baja si se considera que, hasta el primer cuatrimestre de 2024, el entonces alcalde interino, Jorge Jiménez Lona, afirmó que más de 900 policías habían sido despedidos o habían solicitado su baja. Aunque está claro que no todos se volverán criminales, algunos sí lo harán, como ya ha quedado demostrado. Y lo harán con capacitación en manejo de armas y conocimiento de la operatividad policial, un valor estratégico para las bandas delincuenciales.
Aun así, siempre será preferible que estos elementos estén fuera y no dentro de la Policía de León.
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