Estadio León: horrores notariales

1.- Guanajuato: respeto ‘a medias’ a la diversidad

La ambigüedad en la que los panistas tienen a Guanajuato, respecto al reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, es inaudita. La falta de un consenso al interior de sus filas, sostienen por un lado la aceptación pública del tema, mientras se le sigue marginando en el marco jurídico.

Y sí, es también una controversia viva dentro del PAN. Un sector a nivel nacional como a nivel local, reconoce este y otros temas del progresismo contemporáneo, mientras otro se aferra a los ideales conservadores.

No puede existir mayor ejemplo que el de ayer en el Palacio Legislativo, iluminado con los colores de la bandera Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer y Asexual (LGBT+), con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 2023.

Como si se tratara de una tibia concesión, la Junta de Gobierno con la presidenta de la Mesa Directiva, Cristina Márquez Alcalá, ‘accedieron’ a la petición de la bancada de Morena.

Pero en lo fundamental, por conducto de la mayoría panista de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, compuesta por Melanie Murillo, Briseida Magdaleno y Katya Soto Escamilla, se rechazó el dictamen para crear la Ley para la Diversidad Sexual del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Una circunstancia sólo comparable con la famosa circular que emitió la entonces titular de la Secretaría de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que los registros civiles del estado acataran la disposición judicial para no negar el matrimonio a personas del mismo sexo, mientras el PAN se ha negado terminantemente a armonizarlo legalmente.

Justo este es el debate en el que se encuentra la derecha política mexicana. Por un lado hay integrantes del PAN que se abren a la agenda progresista de los derechos, mientras los representantes y seguidores de la vieja guardia oponen su mayor resistencia; en el Congreso de Guanajuato los hay de las dos posturas.

Pero mientras el blanquiazul vive su etapa de reacomodo y controversia, Guanajuato se encuentra en un limbo sobre derechos reconocidos en lo público pero inexistentes en su constitución, junto con otros temas como la interrupción legal del embarazo que también se encuentran a la mitad del camino.

 

 

2.- PAN y PRI: la alianza ya comenzó

Sin mayores aspavientos, la alianza política electoral que se prevé entre el PAN y el PRI para 2024, ya tuvo su confirmación con la anunciada propuesta de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que presentarán en mancuerna.

Se trata de una postura que se hace con el tiempo límite encima. Argumentando la incertidumbre que causa el plan B y el plan C de Morena en el escenario nacional, se postergó la discusión en lo local, es así que la coalición política que tanto se ha promovido y especulado, decidió manifestarse sobre la hora.

Tampoco es que se puedan aventurar a una reforma completa con varios temas en vilo, así que el planteamiento de los panistas coordinados por Luis Ernesto Ayala Torres y de los tres de cuatro priistas liderados por Alejandro Arias Ávila, prioriza la homologación del calendario electoral local con el federal y con ello la asignación de candidaturas.

Buscan que el proceso electoral empiece a correr a partir de noviembre, con ello ampliar el plazo en algunos procedimientos administrativos. Con ello asegurado, desde ahora serán una misma fuerza desde la Junta de Gobierno y Coordinación Política que en sesión permanente irá decantando las reformas para sacarlas, literal, en fast track.

Según la justificación del PAN, se pretende asegurar los tiempos para poder llevar a cabo unas elecciones con margen de maniobra. Para lograrlo, sin mayores recatos cierran filas con el tricolor a escasos 15 días de que se venza el plazo permitido para realizar reformas en la materia.

Lo que es un hecho es que diversos temas se quedarán en el tintero excusados en los tiempos o en la coyuntura nacional, como el planteamiento del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), sobre las asignación de candidaturas a grupos históricamente discriminados

La comisión de asuntos electorales que preside el priista Adolfo Alfaro sostuvo ya una mesa de trabajo con el IEEG, donde las consejeras Sandra Liliana Prieto y Beatriz Tovar dejaron en claro que desde octubre de 2022 ya habían aportado sus observaciones que, de hecho, son sobre disposiciones internas y adecuaciones a las candidaturas.

De manera que sólo el control político y el pivoteo de los eventuales temas que surjan sobre el plan B o C, podrían explicar la dilación que tanto PAN como PRI hicieron del tema electoral. Una alianza de facto que confirmará que, al menos en Guanajuato, se pondrá la mesa lo más servida que se pueda.

3.- Estadio León: horrores notariales

La lucha que han sostenido los socios fundadores del Club Social y Deportivo León A.C. se ha convertido en una loable causa por la legalidad. Las omisiones legales de la autoridad, los errores notariales, los fraudes así como los abusos, ya se han vuelto materia recurrente en su búsqueda de dar certeza justa y legal al Estadio León.

Tras sacudirse en el camino los intereses políticos de ocasión desde 2015, los empresarios que realizaron las gestiones para la obtención del terreno original, así como para la construcción del inmueble mundialista, se fueron encontrando con errores graves de procedimiento que finalmente escalaron ante instancias federales.

Por ejemplo, en las escrituras avaladas por el notario 27 Luis Mariano Hernández Aguado  a petición del gobierno estatal, se colocó erróneamente como entidad fiscal al “Estado de Guanajuato” como acreedor del préstamo de 240 millones que se realizó de las arcas públicas a Grupo Pachuca para la compra-venta del estadio.

En otro dato que era verificable por el fedatario público, no se acreditó que el objeto social de Fiera Capital incluyera captar recursos o préstamos, de hecho está como “promotora de clubes deportivos privados” ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con ingresos provenientes de esa actividad.

Incluso, los abogados Luis Daniel Durán Fuerte y Octavio López Alba evidenciaron que la transacción no fue comprobada ante la Secretaría de Hacienda. Incluso, comprobaron que Fiera Capital sólo reportó un millón de pesos para su constitución legal, pero entregó 11 millones 900 mil pesos en efectivo como pago de predial sin aclarar el origen.

Todo lo anterior sólo en la última transacción que se hizo con el Estadio León, sin dejar de lado las dudosas actas que notarios también avalaron para que Roberto Zermeño “expulsara” a los socios fundadores, el cambio irregular de la dirección fiscal de la A.C., así como la inscripción inmediata de todos los movimientos en el Registro Público.

Toda una novela de irregularidades que se mantiene bajo el escrutinio, gracias a la convicción en la legalidad.

 

 

CONTRA RETRATO

Teresita Rendón Huerta

Con una trayectoria de casi 50 años en la docencia universitaria, así como un doctorado con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, surge como una opción real a la rectoría de la Universidad de Guanajuato (UG), un pretensión que se encuentra respaldada con su experiencia vivida al frente del campus Guanajuato.  

Precisamente administrando las carencias en las instalaciones centrales, la rectora del campus de la UG en Guanajuato, Teresita Rendón Huerta, vivió de primera mano el contraste con las grandes obras instruidas desde la rectoría general de Luis Felipe Guerrero Agripino. Quizá uno de los mayores retos que tuvo que enfrentar, fue la centralización de las decisiones presupuestales, que incluyen principalmente el destino de las plazas dedicadas a la docencia. Prácticamente le fueron arrebatadas para ser entregadas a la opacidad de las oficinas centrales.

Ejemplos recientes los hay. Se calcula que hay al menos siete plazas de la escuela de minas que quedaron vacantes por el fallecimiento de catedráticos durante la pandemia de Covid-19. Su destino, al final, se decidió fuera del campus.  

Por otro lado, fue marginada de dos convocatorias que favorecen a dos cercanos de Guerrero Agripino. Una es la llevada y traída plaza para la carrera de Arquitectura, dirigida al director de extensión cultural Osvaldo Chávez Rodríguez y otra en Derecho que favoreció a su asesor Alfredo Enríquez. 

Así pues, carencias y necesidades son conocidas por Rendón Huerta, sin embargo, reponerse ante estas serán reto menor frente a lo que significa buscar la rectoría general en los próximos meses.