Extinción del FIDESSEG: El Calvario para liquidarlo y la nueva subsecretaría

LO QUE VIENE. Una vez que está decidida ya la extinción del FIDESSEG como la instancia que es vehículo para que asociaciones civiles con fines filantrópicos accedan a recursos, al gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo le toca echar a andar la operación no solo para liquidarlo sino para sustituirlo por la famosa Subsecretaría de Fortalecimiento de Asociaciones Civiles.

PROTAGONISTAS. Y eso no será un paseo por las nubes porque requiere un cuidadoso diseño desde lo presupuestal lo que involucra al secretario de Finanzas Héctor Salgado Banda y en lo administrativo a los asesores estrella de la propia jefa del ejecutivo.

NUEVOS TIEMPOS. El asunto necesariamente pasa por la iniciativa de ley de ingresos para 2025 que desde luego no será un trámite sencillo para el PAN-Gobierno.

CRÍTICOS. Primero porque las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano han sido críticas en torno a la extinción del FIDESSEG pues han cuestionado que esto pueda representar un borrón y cuenta nueva disfrazado en la administración estatal que no repare en las posibles irregularidades en el manejo de los recursos.

MATICES. En los 2 casos, se trata de una postura crítica hacia la administración estatal con una mayor solidaridad del partido naranja a la causa empresarial que la que abandera Morena.

PIES DE PLOMO. El primer paso es convencer con una transparente e indiscutible extinción del FIDESSEG que garantice auditorías y deslinde de eventuales responsabilidades y el segundo, hacerlo con un modelo de subsecretaría que en los hechos es como si se creara una nueva dependencia porque de entrada manejará un presupuesto cercano a los mil 800 millones de pesos.

FUTURO Y FUTURISMO ¿Alguien se atreve a negar que eso no empoderará a la secretaria del Nuevo Comienzo Rosario Corona? Pero eso es harina de otro costal. La discusión legislativa se pondrá interesante y ojalá sea de altura.

LA DEL ESTRIBO…

Al final, la presentación del plan de seguridad estatal tendrá lugar el próximo lunes 4 de noviembre por la mañana en una sede por definir en Guanajuato capital. Por cierto, ayer en la mañanera en Palacio Nacional, pese a estar ahí el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y el Fiscal Alejandro Gertz Manero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no cumplió con su ofrecimiento de hablar del porqué su gobierno no investiga como “terrorismo” el estallido de coches bomba en Acámbaro y Jerécuaro.

LOS EMPRESARIOS Y EL PAN: SUBE Y BAJA DE UN ROMANCE EN 3 LUSTROS

El romance de los gobiernos del PAN con los empresarios en Guanajuato ha tenido sus altas y sus bajas pero nunca el conflicto ha escalado a los niveles actuales tras la extinción del FIDESSEG.

Cualquiera de esos diferendos por muy intenso que haya sido, no se compara con el actual.

Por ejemplo, hace 16 años, los excesos de Juan Manuel Oliva para desarrollar el proyecto de la Expo Bicentenario, llevaron a algunos integrantes del sector empresarial a cuestionar el destino que tendrían los inmuebles que se construyeron, de modo que se hicieran perdurables.

Del otro lado de la moneda, está la solicitud que hizo en 2019 el sector empresarial para que se incrementara el impuesto a la nómina en el estado y que se creara un fondo para proyectos sociales. Justo, el gesto de alianza más cercano que fue el origen del divorcio actual.

Son los signos de los tiempos. En aquel momento, gobernaba Oliva que no tenía ni el control total de su gabinete ni el del partido; en 2018, llegó Diego Sinhue que en términos generales ha ejercido un control casi absoluto en el partido y que sintonizó a tal grado con los empresarios que los hizo solicitar el incremento de un impuesto.

En 2008, el consejero del Iplaneg Hugo Villalobos González pedía al entonces gobernador Oliva definir de una vez por todas cómo se haría para convertir la Expo Bicentenario en un proyecto útil para la posteridad.

El pronunciamiento del empresario formaba parte de una cadena de inconformidades que provocó el actuar del entonces secretario de Gobierno Gerardo Mosqueda Martínez quien convirtió a la Expo Bicentenario en un proyecto cuestionado por el desorden administrativo y su estilo caprichoso de ejercer el poder.

Opositor en algunos momentos, colaboracionista cuando se trataba de proyectos claves para el estado como el abasto de agua para Guanajuato y aliado abierto cuando la 4T fue vista como una amenaza por el empresariado local, es la trayectoria que ha escogido Villalobos González

Diego Sinhue consiguió que los propios industriales a través de las cámaras aceptaran el incremento al impuesto a la nómina y que se alinearan a posturas que la administración estatal ha definido frente al gobierno federal.

Pero al mismo tiempo, vio como fue un líder empresarial (José Arturo Sánchez Castellanos) se convirtió en diferentes momentos en un crítico implacable de sus hombres fuertes de seguridad, Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa Aguirre.

Terminó con varios roces ante las cúpulas empresariales. Y ahora, Libia García, su sucesora, no tiene empacho en romper con ellos y poner un hasta aquí a la vigencia del impuesto a la nómina a la medida de aquellos deseos.  

ANEXOS GUANAJUATO: INICIATIVAS EN LA CONGELADORA O EN EL ARCHIVO

Ahora que se dio un nuevo multihomicidio en un centro de rehabilitación de adicciones mejor conocido como anexo, vale la pena recordar que en materia legislativa, ha habido algo de ruido pero ninguna nuez.

En el Congreso de Guanajuato, de las 3 iniciativas para regular estos centros, solo una ha sido dictaminada para ser archivada y 2 más se quedaron en la congeladora.

La que fue archivada en marzo de 2023 por la anterior legislatura es del partido Verde propuesta por el exdiputado Gerardo Fernández en noviembre de 2021; hay una más del mismo Verde y otra de Morena que no han sido abordadas.

La más reciente iniciativa en la materia fue propuesta por la morenista Alma Alcaraz Hernández hace 2 años, en octubre de 2022.

La comisión de Salud de la anterior legislatura encabezada por Irma Leticia González concluyó que la iniciativa de Fernández tenía rasgos positivos pero que las entidades federativas solo están ante concurrencia operativa de las entidades federativas pero no en concurrencia normativa.

Pueden ajustar temas en la operación pero no en la regulación de estos centros.

Fernández González había propuesto la creación de la Ley para la Atención y Tratamiento Integral de las Adicciones para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual regularía 263 anexos.

El exdiputado del Verde, expuso en esa ocasión, testimonios de familiares con parientes en un anexo que narraron que varios de ellos fueron internados y en lugar de mejorar su situación, salieron peor.

La más reciente iniciativa la propuso Alma Alcaraz Hernández ahora delegada en Guanajuato de Programas del Bienestar del gobierno federal propuso una reforma a la ley de salud estatal para dar certeza jurídica a l establecimientos conocidos como anexos, especificando los requisitos que deben de cumplir para su funcionamiento, además de establecer la facultad y obligación de las autoridades locales y municipales a vigilar que no existan anexos clandestinos.

En abril de ese mismo año, pero de la legislatura anterior, el también diputado del Verde, Luis Gerardo Suárez propuso una iniciativa que contemplaba la supervisión de la Secretaría de Salud para solicitar a estos establecimientos la información de las personas que se encuentran tratando sus adicciones, mencionando las altas y bajas, así como cuántos de estos realmente superaron su adicción, lo cual dijo, serviría para medir y poder implementar políticas públicas para la prevención, atención y tratamiento de las adicciones en el estado.

Las 3 iniciativas se presentaron después de la mayor masacre registrada hasta ahora en Guanajuato, ocurrida en un anexo en Irapuato en 2020 en el que 26 internos fueron asesinados por un comando armado aunque no ha sido el único hecho en un centro de esta naturaleza pues apenas hace unos días en un anexo en San Miguel de Allende, fueron asesinadas 3 personas.

Las 2 iniciativas pendientes se encuentran radicadas en la comisión de Salud Pública que encabeza en esta legislatura el morenista Antonio Chaurand Sorzano.