Lunes, 02 Diciembre, 2024

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Guanajuato: combatir la apología

Opinión

Don Giovanni

1.- Guanajuato: combatir la apología

 
 

En una reacción que tardó tanto como se visibilizó la apología criminal desde los espectáculos populares, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció ayer que promoverá la suspensión de carreras de caballos y peleas de gallos en las ferias del estado, así como el rechazo en la contratación de artistas que hagan apología del delito.

Por supuesto, es en el terreno de lo público en el que se pretende hacer valer esta premisa, pues en eventos privados no se puede apostar a la eliminación completa de este tipo de eventos que durante años se han normalizado entre la sociedad, como actividades optativas de la criminalidad.

La explicación de Rodríguez Vallejo se resumió a la necesidad de disminuir los riesgos para los asistentes, ya que este tipo de eventos propicia "la llegada de delincuentes". Una relación entre los eventos con la promoción del consumo de drogas y de la violencia armada en la que no se había reparado.

Pero la postura del gobernador tiene un origen. Se trata de una propuesta de Enrique Covarrubias López,  comandante de la XII Región Militar, que expuso en la última Mesa Regional de Seguridad con los estados.

Es entonces donde salta a la vista la conceptualización que se le ha asignado a estos eventos, que como una costumbre arraigada son asumidos por los municipios como actividades tradicionales, sin dejar de lado que con patrocinio público o en instalaciones públicas se les ha dado cabida.

Pero más aún. ¿Con qué congruencia el estado y los municipios firman su colaboración en programas como Planet Youth, si en su agenda también se encuentran conciertos de narcocorridos?

Emblemático es el episodio en el que, recién celebrada esta firma, el Patronato de la Feria Estatal de León, entonces presidido por Juan Carlos Muñoz Márquez, organizó un conciertos en el que grupos de rap y norteño, enarbolaban el consumo y tráfico de droga como actividades gratificantes.

Todo indica que nunca se analizó el contexto en el que se realizaron estos eventos.

El hecho es que la crítica pública a la incongruencia, sacudió a un estado que urge el cambio de los esquemas que han derivado en la violencia y la criminalidad, hasta llegar a un crisis que requiere un convicción general más allá de la persecución de los delincuentes.

2.- UG: reparación a medias

 
 

Definitivamente el caso de Paula y la Universidad de Guanajuato (UG) no puede darse por remediado. La reinstalación en su cargo en el área administrativa de la Preparatoria oficial de Silao es apenas el resarcimiento de uno de dos agravios que sufrió.

Es la denuncia por violencia de género la que queda aún impune dentro de la UG. No prosperó dentro de la estructura universitaria, pero en contraste por la vía penal logró la imposición de una multa y pago para la reparación del daño. Es decir, se acreditó el delito, aún sin el reconocimiento institucional.

Increíblemente, fue el laudo laboral ganado por Paula, la que hizo reaccionar al rector Luis Felipe Guerrero Agripino. No fue la denuncia por hostigamiento sexual, sino la posibilidad de caer en un desacato, la que hizo reconsiderar la postura de la cúpula universitaria.

Paula sufrió hostigamiento sexual por parte de Alejandro Ortega Mereles, quien es su jefe directo como coordinador administrativo en la Escuela del Nivel Medio Superior de Silao. El agravio fue confirmado tras la denuncia que interpuso en el Ministerio Público entre junio y julio de 2019.

Resulta que su victimario es hermano de Sergio Jesús Ortega Mereles, quien es maestro en la Prepa de Silao y está por sumar 10 años como miembro de la Junta Directiva de la UG tras reelegirse en el último proceso. Por eso es tan importante el caso de Paula, ya que de castigar estas acciones se daría una clara muestra de eliminación del influyentismo.

Así que el despido temporal e ilegal de Paula, no es más que la primera represalia que se aplicó en su contra por ‘atreverse’ a denunciar.

Por ahora, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje acordó el viernes 24 de febrero la reinstalación de Paula para el 3 de marzo, luego de que la UG no dio cumplimiento al laudo emitido por dicho tribunal el 24 de noviembre de 2022.

Ahora es preciso dar claridad y protección a Paula. Si bien se encuentra en la etapa final de su embarazo, su reinserción laboral también equivale a la exposición directa a su victimario, el cual sigue impune por obra y gracia de las burocracia universitaria.

3.- Morena Guanajuato, el ‘coco’ de la dirigencia

A estas alturas de su gestión como dirigente nacional de Morena, Mario Delgado ha visualizado perfectamente las plazas en las que su partido se perfila para ganar fácilmente, aquellas en las que puede ser competitivo y otras en las que de plano es necesario trabajar desde abajo.

En la última variable está Guanajuato, estado donde quedó claro el rechazo al proyecto de la cuarta transformación, no sólo por la preferencia neta hacia el PAN, también por las deficiencias de sus cuadros a nivel estatal que todavía se dan el lujo de vivir enfrentados pese a apoyar la misma bandera.

Hoy Mario Delgado visita Guanajuato para llamar nuevamente al trabajo coordinado pero sobre todo, a la fortaleza de una oposición que al menos plante cara a la hegemonía panista. Lo hace luego de haber recibido a la diputada Hades Aguilar del Castillo apenas el pasado 13 de febrero.

Dicen al interior que la legisladora llenó de quejas a su líder nacional, en el marco del acuerdo con el que se designó a Adriana Guzmán Cerna como dirigenta estatal, básicamente por alianza del delegado de programas federales, Mauricio Hernández Núñez y el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla.

El grupo de Hades sólo se quedó con dos de ocho cargos en el Comité Directivo Estatal; la Secretaria de Comunicación y Propaganda que apenas y da señales de vida a cargo de Cinthia del Carmen Arellano Mendoza, y la secretaría de organización que se mueve con la agenda propia de Ricardo Gómez Escalante.

Desde entonces acumularon quejas y reproches que ya han llegado a Mario Delgado, quien si bien tiene en su programa dirimir la asignación de la coordinación de la bancada en el Congreso del Estado, también vendría con la firme intención de apretar tuercas ya ni siquiera con miras al 2024, sino en el desempeño de su partido como oposición.

Así que si usted espera que el dirigente morenista venga a levantarle el brazo a algún suspirante por la gubernatura, mejor espere otras visitas. Esta es simple y llanamente para sacudir las interminables disputas internas.

CONTRA RETRATO

 
 

Vicente Esqueda Méndez

La calidad de su desempeño se puso en tela de julio desde su designación, al ser un prominente militante del PAN que escaló posiciones en el sector público. Ahora, ya con dos años cumplidos al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), su filiación política pasa a segundo término ante su proceder.

A Vicente Esqueda Méndez le tocó enfrentar las quejas de una población profundamente lastimada por las omisiones, errores, excesos y negligencias de la autoridad frente a los casos de desaparición de personas en Guanajuato. Él fue elegido, justo cuando acababa de estallar el movimiento de colectivos y buscadores.

De manera que su gestión ha recibido cuantiosas quejas, principalmente por el mal accionar de la Fiscalía General del Estado (FGE). El problema es que en una maniobra más política que legal, Esqueda Méndez agrupó los casos lanzando una sola tanda de recomendaciones hasta por 44 casos diferentes en un solo expediente.

Para activistas y académicos, se pueden reconocer mejorías al considerar expedientes en lugar de recomendaciones, sin embargo, la propia FGE comprobó negligencia en los procedimientos tras las denuncias, dado que los mismos expedientes recomendatorios confirman repetidas quejas con los mismos motivos.

Además de todo, persiste la percepción –a veces confirmada en los hechos- de que persiste la práctica de negociar la redacción con la institución recomendada, que da al traste para atender las causas estructurales sobre las violaciones a derechos humanos.

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