ISSEG ¿caja chica de grandes cantidades?

1.- ISSEG ¿caja chica de grandes cantidades?

La gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo conoce el Instituto de Seguridad Social de Guanajuato (ISSEG) de primera mano. Desde la secretaría particular de la dirección general, entre 2009 y 2012 vivió esa paraestatal que entonces estaba enfocada en invertir y hacer crecer el fondo de pensiones de los trabajadores del estado, hasta que cambió sus prioridades.

La llegada del gobierno de Miguel Márquez Márquez dio al traste con los proyectos establecidos en el sexenio anterior para descubrir en el ISSEG la caja chica perfecta para disponer de recursos que no son considerados como parte del erario.

Ese uso llegó a otro nivel con el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Con Ricardo de la Peña al frente, el ISSEG se ha embarcado en proyectos poco claros que, según la prédica, tienen todos la consigna de acrecentar el fondo de pensiones, aunque en los hechos no parece haber mucha claridad en los números.

Basta recordar que de enero a diciembre de 2022, el Instituto de Seguridad del Estado de Guanajuato (ISSEG) tuvo aportaciones por 3 mil 518 millones 778 mil pesos y egresos por el pago de pensiones y otros gastos por 3 mil 903 millones 645 mil pesos. Con ello, el déficit fue de 384 millones 866 mil pesos. Para 2023, este aún se mantenía vivó con 49 millones 856 mil pesos.

Si la apuesta de crecimiento del ISSEG fueron en algún momento las franquicias de su cadena de farmacias y los fondos internacionales de inversión, ahora lo fueron emprendimientos poco claros y cuyo común denominador sería la garantía de viabilidad, con la inyección de recursos públicos. Es así que en 2019 se anunció el proyecto GTO Leasing.

Se trató de un proyecto de inversión público-privada que aún no estaba constituido, pero su nombre y logotipo ya tenían como dueño a un asesor financiero que figuraba como socio fundador de la empresa. El ISSEG invirtió en ello 247.5 millones de pesos y el resto serían aportaciones privadas que en su momento el gobierno sufrió en conseguir. Actualmente opera sólo con contratos del gobierno estatal.

Ni que decir de la construcción de dos edificios destinados a albergar las nuevas instalaciones del propio ISSEG y según se ha anunciado, de buena parte de las dependencias estatales. Un complejo burocrático junto al Parque Guanajuato Bicentenario con un costo que ronda los 1 mil millones de pesos.

Nuevamente, con la lógica de los recursos públicos estatales como garantía, se busca que el alquiler de las oficinas le de suficiencia al Fondo de Pensiones hasta el año 2091. Una promesa que parece sostenerse con cada proyecto, pero que en los hechos, no se han reflejado aún en salud financiera. Otro tema a la lista de pendientes de Libia Dennise.

2.- La cara burocracia municipal

El flujo de los recursos y presupuestos federales para los municipios ha tenido, igual que en el caso de los estados, una sacudida con la lógica centralista implantada por la 4T. Que a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se hayan reducido las partidas concretas de cada área, sin posibilidad de recursos extras para proyectos, terminó por visibilizar sus estructuras burocráticas.

En ese contexto, ha sido preciso observar el balance de estados y municipios entre ingresos y egresos, sobre todo los sueldos y salarios con su respectivo peso específico en su presupuesto general.

Correo destacó en la portada el caso de Guanajuato capital, que suma el 52 por ciento de su presupuesto total para la nómina de sus trabajadores y funcionarios, de acuerdo al estudio ‘El impacto y trascendencia de la fiscalización’ que elaboró la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). Pero en realidad este mal es común en al menos otros nueve municipios.

El alcalde Alejandro Navarro Saldaña tiene también buena responsabilidad en estos números, pues su capacidad de uso del presupuesto se redujo notablemente a partir de 2022. Tan sólo este año se destinarán 520 millones a sueldos y salarios de los 878 millones que dispondrá este año, es decir, el 59 por ciento.

Es preciso recordarlo. El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo difícilmente cambiará la política financiera, por lo que no parece haber otra salida para los nuevos alcaldes, que la revisión de las cuentas que le dejarán, así como la generación de recursos propios.

3.- Regulación a motos… pa’ tras en León

Quizá es momento de reconocer el esquema de foros de consulta empleado por el municipio de León, pues ayer este logró visibilizar la inviabilidad de las reformas que se pretendían realizar al reglamento de movilidad, para regular la circulación de motocicletas y bicicletas.

Resulta que a la convocatoria respondieron más de 30 motociclistas y activistas con sus propuestas y su rechazo a la autoridad municipal ante la iniciativa de obligar a circular a estos vehículos solo por el carril derecho, como lo propuso el síndico José Arturo Sánchez Castellanos desde junio pasado.

Fueron 1 mil 011 opiniones de clubes de motociclismo y ciudadanos en general que fueron entregadas al propio Sánchez Castellanos y a la segunda síndica, Leticia Villegas Nava, quienes encabezaron un encuentro que resultó fructífero pero sin certeza en los planteamientos de movilidad, que fueron tildados de discriminatorios al estar protegiendo más al automóvil.

El motociclista Oscar Navarro advirtió que el carril derecho se traducirá, literal, en muerte para los motociclistas. En tanto Claudia García, representante de Urbe, acusó de Cochista -adjetivo asignado a los promotores del automóvil- y reclamó que se busque añadir más artículos cuando actualmente no se cumple con la norma. En fin, puras verdades.

Al final el propio Sánchez Castellanos fue quien aceptó que tendrá que replantearse la iniciativa y hasta se deslindó de la misma. Así que se puede celebrar un pequeño triunfo de la sociedad civil, no necesariamente por ‘tumbar’ una propuesta edilicia, sino por mandarla a corrección.

CONTRA RETRATO

Alvar Cabeza de Vaca Appendini

Su reciente y reiterada presencia en eventos públicos del municipio de León, ha causado inquietud, sospechas y versiones que corren por radio pasillo. No es para menos. Junto con el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa ha sido señalado como uno de los responsables -incluso culpables- de la crisis de inseguridad que padece Guanajuato.

¿Va llegar Alvar Cabeza de Vaca Appendini a Seguridad Pública de León? Es la pregunta que en concreto se hacen dentro de la dependencia que con él, en aquel trienio encabezado por Vicente Guerrero Reynoso (2006-2009), creció por primera vez al rango de secretaría.

El rumor no es gratuito. Es alimentado por la extraña cercanía que el funcionario estatal, a punto de terminar su gestión como Secretario de Seguridad Pública del Estado, ha tenido con el gobierno de Alejandra Gutiérrez Campos -por cierto respaldada por el exgobernador Miguel Márquez Márquez- pero también por su pasado ligado a los destinos de esa área.

De entrada, el titular actual de la SSP de León es Jorge Guillén Rico, un viejo conocido mereció la defensa y protección de Alvar tras revelarse en su momento sus dificultades para aprobar los exámenes de control y confianza, así como su historial negativo en violaciones a los derechos humanos. Como decimos, el rumor no es gratuito.

Sin embargo, las versiones aún distan de tener realidad. Lo que ha pregonado el funcionario es que una vez fuera de la administración estatal, se enfocará en la vida empresarial, lo que es una confirmación de que no por estar fuera de la nómina, estará lejos del presupuesto público.