La alcaldesa de León sabe que tiene un paquete descomunal antes de luchar contra los criminales, depurar la corporación que ya no quiso corregir Héctor López Santillana

“Se va a hacer una depuración de la corporación, ya iniciamos y tope donde tope. A mí me interesa salvaguardar la vida de los leoneses y también es mi responsabilidad cuidar a los elementos de policía y estar cercanos a ellos”

Alejandra Gutiérrez

Con la novedad de que Luis Ernesto Ayala Torres se toma muy en serio su papel de presidente de la Junta de Gobierno que quiere dejar su huella en la actual legislatura y tiene detenidos cinco nombramientos de funcionarios para ocupar las direcciones clave en cada legislatura.

Salvo la llegada de Christian Cruz Villegas a la Secretaría del Congreso, no se ha anunciado ningún otro cambio. Hay contralor interno ya nombrado y le restan tres años en el cargo.

Falta saber quién ocupará la dirección de Administración, la del Instituto de Investigaciones Legislativas, la de Atención Parlamentaria y la de Comunicación Social.

En este último caso, ya estaba perfilado para llegar Jorge Cano, quien era vocero con López Santillana, pero algo pasó en el camino que se atoró. Hay quienes aseguran que ya se ve complicado que se concrete porque hay un impedimento y no será sencillo que cubra el requisito, así que tendrán que buscar por otro lado porque Román Rocha, quien ocupa aún ese cargo, ya tiene destino amarrado.

Mucho hermetismo sobre la razón del porqué no se concretó el cambio anunciado, sobre todo porque Cano traía la bendición del círculo cercano a Diego Sinhue.

El punto es que el tiempo apremia, porque para el poder legislativo se viene noviembre con todo lo relacionado a las leyes de ingresos municipales y el paquete fiscal del estado. Digamos que queda una semana para resolver los nombramientos pendientes o echar a andar algún plan B.

El exsecretario de Gobierno ya echó a andar una revisión al organigrama legislativo y, por lo que se sabe, tampoco le corre mucha prisa para hacer los nombramientos en unos cuantos días.

Acostumbrados a no ver en Acción Nacional diputados afines a la estridencia y la rijosidad permanente en la tribuna de San Lázaro, en los últimos días llamó la atención que el diputado leonés Jorge Espadas Galván dio la nota tras el zipizape en la Cámara de Diputados en la discusión de la miscelánea fiscal.

Del lado de la 4T, el habitual en estas lides, Gerardo Fernández Noroña tuvo un intercambio verbal con Espadas Galván que llevó el pleito al ámbito mediático.

En muy poco abona a la imagen de nuestros políticos este tipo de espectáculos, pero desde otro punto de vista, en Acción Nacional tampoco ven mal que de vez en cuando alguno de los suyos responda a los que desde Morena están acostumbrados a los gritos y sombrerazos.

Tampoco se trata de poner siempre la otra mejilla.

A CINCO AÑOS DEL “YA BASTA” DE MIGUEL MÁRQUEZ: YA NOS VIÉRAMOS EN ESAS

Miguel Márquez se quejaba entonces del manejo del gobierno de Enrique Peña Nieto del maltrato a Guanajuato por la interpretación de las cifras de la entonces incipiente violencia. Revisar esos números a distancia provocaría que anheláramos a estas alturas estar en esos niveles. En plan ofendido lo decía:

“¡Ya basta de que quieran mencionar que en Guanajuato estamos en los primeros lugares!, y si se suman con los homicidios culposos, los accidentes, tenemos unas de las carreteras más accidentadas, por lo que hay que distinguirle muy bien a los guanajuatenses. Yo vuelvo a insistir, estamos por debajo de la media nacional en la tasa de homicidios, lugar 13-14, ya basta que quiera mencionarse que Guanajuato está en los primeros lugares”.

La declaración la hizo hace exactamente cinco años el entonces gobernador Miguel Márquez, justo en el arranque del último tercio de su mandato. El pataleo de un mandatario que veía cómo Guanajuato avanzaba en violencia criminal aunque todavía le daba para minimizar las cosas y tratar de advertir complots donde no los había.

Márquez había sido cuestionado sobre la advertencia del representante comercial de Japón acerca de una posible disminución de la llegada de inversiones a Guanajuato por el tema de la inseguridad.

Y hoy tenemos conocimiento de la alerta del gobierno de Canadá sobre los riesgos de transitar por carreteras del corredor industrial y las peticiones de prudencia de Japón sobre la violencia en León.

En ese momento, el entonces gobernador todavía podía respingar por las cifras que se daban de violencia en el terruño y alegar la posición que ocupaba Guanajuato.

Y nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hoy, Guanajuato está no solo por encima de la media nacional sino en el top de la violencia en el país. Cuando Miguel Márquez cerró estaba en peores circunstancias. Dejó al estado con la más alta incidencia en asesinatos y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a la mitad del camino ha logrado reducir la incidencia, pero el esfuerzo ha sido insuficiente para salir del top de la ignominia.

POLICÍA LEÓN: LO QUE YA NO QUISO VER LÓPEZ SANTILLANA

Muchas aristas se mueven en la crisis que encontró la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos en la Policía Municipal al asumir el poder en la ciudad zapatera.

Aristas que dejan claro porqué a veces la pacificación anhelada por las autoridades en Guanajuato está en un punto menos que imposible.

La primera de ellas -que como suele ocurrir-, el alcalde saliente Héctor López Santillana desechó simplemente la posibilidad de echar a andar él mismo la limpia de policías que es impostergable ahora. Con el brazo cansado tras un sexenio de gobierno, López Santillana prefirió mirar para otro lado y heredar la sacudida a su sucesora.

El secretario de Seguridad es el mismo Mario Bravo Arrona, de todas las confianzas del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Podemos imaginar al funcionario, conocedor de las entrañas de su corporación con el informe del estado de cosas en la dependencia que encabeza. Tendría que saber en dónde está la infiltración de los malosos y de qué tamaño es el daño.

Y desde luego que eso –suponemos- lo sabía López Santillana, el mismo que prometió defender a las familias de los leoneses como si fuera la suya y que se revolvió en 2017 para ganarse la nominación de la cúpula panista para el primer alcalde reelecto en León.

Él y todos saben que gobernar esa ciudad no es un agasajo y un paseo por las nubes. Conocía el tamaño del reto. Por eso no es cosa menor que haya arrojado la toalla en materia de seguridad.

Ni modo que no supiera el tamaño de la crisis. Pero claro, reconocer la necesidad de un saneamiento de la población implicaba abrir un frente en su gobierno.

Volvamos a la pregunta. Si en Santa Cruz de Juventino Rosas es necesario despedir a más de 130 policías, ¿de cuántos estamos hablando que tiene que darse la sacudida en León, que tiene más de mil 200 elementos?

Se habla de por lo menos un 10%. López Santillana debió tener ese conocimiento de la crisis que atravesaba la Policía. ¿Lo supo después de la campaña o en el transcurso de la misma? ¿El cálculo fue no agitar las aguas para no afectar las posibilidades de Acción Nacional?

¿O acaso poco importaba ese golpe de timón, a sabiendas de que en León la inseguridad no es un factor que haya sido determinante como voto de castigo al PAN?

Por las razones que fuere, el alcalde saliente decidió no actuar. No es que en León estalle la violencia después de meses de que no pasaba nada en la ciudad y que dé la bienvenida a la alcaldesa. En León la crisis lleva varios meses, si no es que años.

Hace seis años, los panistas querían crucificar políticamente a Bárbara Botello que ya era diputada federal priista y que no se salvó de los cuestionamientos.

Hoy, ya no estamos ante el mismo escenario. No parece factible que los azules hagan leña de ese árbol caído. López Santillana pronto estará como director de Guanajuato Puerto Interior como su gran premio de consolación.

Ni la crisis de la Policía ni la investigación en Contraloría a los ‘descuentazos’ del impuesto predial en el Campestre provocarán que se detenga el nombramiento. Los panistas se perdonan sin problema. Que el de atrás pague.