Lunes, 02 Diciembre, 2024

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Las caras de la violencia: Cuestión de enfoques

Opinión

Miguel Zacarías

DOBLE CONTRA SENCILLO. Hoy seguramente, el dato que destacarán el gobierno del estado es que, como no ocurría en muchos meses, Guanajuato ya no ocupó en enero el primer lugar como el estado con más homicidios, algo que ha sido habitual desde 2017

ANTECEDENTE. Guanajuato había cerrado 2022 como el primer lugar en ese delito, con tres mil 260 asesinatos acumulados, cifra menor a la que tuvo durante 2021 tres mil 516, mientras que en 2020 fueron registrados cuatro mil 490 asesinatos y que ha sido el clímax de la violencia en este país.

CIERTO. En otras palabras, las cifras muestran un paulatino y consistente descenso de la violencia homicida en Guanajuato durante los últimos meses.

ESTE, NO. Lo que no compartirán las autoridades es el dato que muestra el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A. C. que coloca a las áreas metropolitanas de Celaya, Irapuato y León, en el Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2022.

EL MÁS VIOLENTO. Según estos datos, el área metropolitana de Celaya (Celaya, Apaseo el Grande y Cortázar), donde vivían el año pasado 742 mil 662 habitantes, registró 740 homicidios, registrando una tasa de 99.64 homicidios por cada 100 mil habitantes (h/100 mil hab).

MEDIA TABLA. El área metropolitana de Irapuato, que integran ese municipio y Salamanca y en cuya zona habitan 874 mil 997 personas, ocupa la posición número 13 con 539 homicidios y una tasa de 61.60 h/100 mil hab.

SI, PERO... León, que es la zona con mayor disminución de asesinatos en el último año cuya área metropolitana incluye a Silao y San Francisco del Rincón, ocupa el lugar 32 con poco más de 2 millones de habitantes. 782 personas fueron asesinadas el año pasado y una tasa de 37.64 h/100 mil hab.

CLAROSCUROS. La violencia disminuye sin lugar a dudas y Guanajuato muestra un mejor desempeño que otras entidades. Pero la crisis fue tan abismal y tan profundo el tobogán en el que se metió la entidad en la materia que difícilmente este no será el sexenio más violento de la historia.

TRANQUILOS. Quizá esto sirva solo para sacudirse todas las menciones negativas de la mañanera. Pero tampoco para echar las campanas al vuelo.

LA DEL ESTRIBO…

Al unísono, el sistema PAN en Guanajuato dijo no a reforzar el concepto de violencia obstétrica en las leyes del terruño.

Diputadas panistas y funcionarios estatales objetaron en mesa de trabajo del Congreso local la posibilidad de reforzar el término de violencia obstétrica como una más de las formas de agresión a la mujer en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En mesa de trabajo, la diputada de Morena Martha Edith Moreno Valencia, autora de la iniciativa, refirió que cuando se practican cesáreas es común que no se les proporcione información suficiente a las mujeres sobre la causa de la cirugía, y en algunas ocasiones no se les solicita autorización para que les practique e incluso, dijo, es la pareja quien toma la decisión, dejando a la mujer sin capacidad de decidir sobre su cuerpo.

Durante el análisis de la propuesta, la mayoría de los participantes manifestaron que el concepto de violencia obstétrica, ya se encuentra atendido en la norma en la entidad.

Y eso es cierto pero aquí es donde entra el avasallamiento panista que unos días antes dijo que no estaba de más reforzar la protección para niños y niñas cuyas madres fueran víctimas de feminicidio pero ahora sí cree que es un exceso reformar el término "violencia obstétrica". A su capricho, pues.

 
 


LA MUTACIÓN DE LIBIA : CUANDO ERA CRÍTICA DE ZAMARRIPA

Las vueltas que da la política son impredecibles. Libia Dennise García Muñoz Ledo llegó a ser parte del bronx panista cuando fue diputada local. Fue particularmente crítica con la posición de la Fiscalía del Estado y de su titular Carlos Zamarripa en el drama de las desapariciones.

Nunca fue frontal pero que se diferenciaba del respeto casi reverencial que le tienen en el PAN al Fiscal que recién cumplió una década en el cargo hace 4 años.

Y es que en ese momento, en la fracción del PAN se oponían a eliminar de la ley la palabra “persona no localizada” y ponerle en automático la de desaparecida como pedían los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

La entonces presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales decía que esta propuesta tenía su origen en una “mala práctica” de la Fiscalía General y no en una deficiencia de la ley y que no era aconsejable corregir malas prácticas con reformas legales.

La dichosa “mala práctica” fue muy conocida porque fue una de las críticas más socorridas de los colectivos a Zamarripa. “Bajar” la cifra de desaparecidos, colocándolas bajo el rubro de “no localizadas”.

Esa fue la principal discrepancia de Zamarripa con los colectivos. Hasta ese momento, las cifras de desaparecidos oficialmente no reflejaban el nivel del problema ni explicarían el grado de movilización e impacto que han alcanzado.

El entonces secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala había reconocido en una reunión con los colectivos, unos meses antes, que las cifras de la Fiscalía no eran precisas.

La diputada insistía en que esa mala práctica se combatía de manera más directa, poniendo candados y sanciones para quienes no la cumplan. Esto es, con sanciones para los funcionarios que luego de 72 horas de haber declarado a una persona “no localizada” y no aparezca, no cambiara su estatus.

Siendo ya secretaria de Gobierno, Libia Dennise fue testigo de reuniones de la comisión de Derechos Humanos con los colectivos de familiares de personas desaparecidas en la que no salió bien librado Zamarripa por los reclamos hacia la frialdad y lejanía del funcionario.

Y Zamarripa no ha cambiado. Sigue siendo el mismo funcionario poco o nada empático con las víctimas. La que sí ha cambiado es la secretaria de Gobierno porque ahora no solo es compañera de gabinete del Fiscal sino quien es la puntera desde el dieguismo para ser candidata a la gubernatura.

No hay que bordar en el aire porque faltan muchos filtros que deberá vencer (ser candidata y luego ni m´pas ni menos que ganar la elección constitucional) pero vale la pena preguntar qué posición asumiría si lo logra.

Ese será el gran cuestionamiento para el o la que gane la elección. ¿Dejará o no al Fiscal? Olvídese usted que le faltan otros 4 años y medio. Más allá de plazos, fue la voluntad férrea de Diego Sinhue lo que ha permitido a Zamarripa llegar hasta acá.

Será la voluntad del inquilino o inquilina, amarrarse con el mismo funcionario casi todo el siguiente sexenio.

LA IMAGEN DEL DÍA

 
 


ABRIL GUADALUPE: LOS RECLAMOS JUSTIFICADOS

Sus familiares exigen justicia y las autoridades están obligadas a actuar en consecuencia.

Abril Guadalupe murió el pasado 15 de febrero en su casa en la colonia Granada. En un principio se manejó la versión de que su muerte había  sido accidental.  Pero sus familiares reclamaron que Abril fue asesinada por su pareja y posteriormente calcinada.

El presunto culpable fue quien creó la versión de una supuesta muerte accidental. Pero fue la denuncia de colectivos feministas en redes sociales a las que se sumaron algunas activistas lo que llevó el tema a los medios de comunicación con un dato adicional importante.

Unos días antes de su muerte, Abril había estado en uno de los refugios de mujeres que son víctimas de violencia. Activistas y agrupaciones civiles reclaman que la tragedia pudo haberse evitado y cuestionaron al Instituto Municipal de la Mujer en León qué clase de protocolos de atención implementa y si no hace falta revisarlos para evitar que las mujeres queden otra vez a merced de su agresor como, presuntamente ocurrió en este caso.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres Mónica Maciel admitió que Abril Guadalupe Zárate estuvo 5 días antes de su muerte en uno de los refugios de la dependencia para recibir atención psicológica y que durante más de 2 meses, durmió y recibió asistencia en el refugio "Mujer a Salvo" que está en Palacio Municipal.

La funcionaria informó que la víctima estuvo en ese lugar y en las llamadas casas de transición del 31 de octubre al 13 de enero y posteriormente salió con atención de la Red Familiar de Apoyo que el propio IMM diseña con los familiares.

Posteriormente, se le dio atención psicológica y asesoría jurídica que forma parte también del protocolo de seguimiento y que son citas periódicas a las que acude la víctima.

Hasta ahí las 2 versiones de un hecho que tendría que erizarnos la piel. El cuestionamiento a la acción de las autoridades es pertinente y válido. Cinco días antes de morir, Abril Guadalupe fue a un centro oficial de atención a mujeres víctimas de violencia para recibir ayuda psicológica.

Maciel da a entender que Abril fue la que decidió salir del refugio y que la autoridad no puede obligar a una víctima a permanecer ahí. El presunto agresor tendrá que ir a juicio y en su caso, recibir una sentencia.

Pero no tendríamos que seguir contabilizando así como así las muertes de mujeres de forma violenta. Y menos cuando estuvo más de 2 meses en un refugio y luego se le creó una red familiar de protección mientras recibía ayuda complementaria.

Nada de eso, ni las acciones de gobierno ni la protección de familiares habría impedido la muerte trágica de una joven, presuntamente a manos de su pareja.

¿Quién falló? ¿La autoridad? ¿Su entorno cercano?

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