Ángela Casillas: Las razones de la negativa

NO SE PUDO. El partido Verde se topó con pared cuando propuso en la comisión de Salud Pública del Congreso local que en la revisión de su iniciativa de ley para el Tratamiento de Adicciones se invitara a los propietarios de anexos a la participación en mesas de trabajo sobre este tema.

INFRANQUEABLE. El diputado Gerardo Fernández no pudo superar la aduana que representaba, no la presidenta de la comisión, la morenista, Irma Leticia González sino la panista Angélica Casillas quien de manera enfática se opuso a esa alternativa.

ILÓGICO. Aquí le comentaba al día siguiente que se dio ese rechazo que resultaba fuera de toda lógica que el PAN rechazara invitar a los propietarios de esos polémicos centros de rehabilitación si hacia su regulación va dirigida la propuesta del partido Verde.

EN LO DICHO. Casillas me comentó hace unos días en una entrevista que no tiene duda de que para definir las reglas de su regulación no es indispensable preguntarles y simplemente se remitió a los hechos que se han dado en varios anexos.

EL ENTORNO. Desde luego, la referencia es a la violencia que se ha registrado ahí que incluye la masacre más sangrienta registrada en Guanajuato. La extitular de la Comisión Estatal del Agua reivindica su negativa en la controversia que hay de por sí en el manejo de esos centros que se convirtieron en campo de batalla de grupos criminales en la entidad.

SI PERO… Y es probable que tenga mucha razón la diputada panista. El punto es saber si no darles voz a los propietarios es la salida más sensata y si simplemente no escuchar esas voces abona a mejorar su tratamiento y control en la entidad.

A VER. De cualquier manera, como dice Casillas, ellos podrán expresar sus puntos de vista a través de las ligas en el portal del Congreso local. Será interesante el seguimiento a esos temas. Se entiende la cautela para abordar un asunto tan delicado pero es evidente que tarde o temprano se tiene que tomar ese toro, por los cuernos. Dar la vuelta a los temas tampoco ayuda a resolver algo.

LA DEL ESTRIBO…

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez anduvo el fin de semana en los operativos de la Policía Municipal de León y aprovechó para hacer un llamado a los leoneses particularmente en el asunto del alcoholímetro por los accidentes lamentables que se han registrado en las últimas semanas.

Este fin de semana, un conductor en estado de ebriedad embistió a tres menores de edad que cenaban en un puesto de tacos. Trienios van y trienios vienen, los gobiernos municipales se cansan de hacer operativos en la materia y la accidentalidad no disminuye.

Lo peor del caso es que la alcaldesa de León tuvo que enfrentar los reclamos de quienes la reconocían en el operativo y le pedían que intercediera para que no se los llevaran a CEPOL. La detención ahora es inevitable.

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A DOS AÑOS DE DIEGO SINHUE CONTRA EL OCL

Ahora que los panistas se quejan de la embestida permanente del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los organismos autónomos habrá que recordar aquella zarandeada que le dio el gobernador Diego Sinhue al Observatorio Ciudadano de León.

Si bien. No se trata de un ente que depende del poder político, pero ya son  parte de nuestra habitulidad los informes de este organismo sobre la criminalidad en León.

“Tengo muchas dudas de la información que generan, yo no me voy a presentar con el observatorio ciudadano de León, de una vez lo digo claro y fuerte. Si gustan les mandó a un asesor de la secretaria de gobierno para que los atienda pero ya tengo muchas mesas que estoy atendiendo. Pareciera que lo que les interesa solamente es el show político al cual no me voy a prestar ya no voy a ir con el OCL”, declaró el mandatario estatal hace exactamente 2 años.

Nunca antes en lo que va de su administración, Rodríguez Vallejo se había dirigido de esa manera al Observatorio. No lo hizo, mientras estuvo Luis Alberto Ramos como presidente y que falleció en diciembre del 2019.

El Observatorio Ciudadano de León había exhortado tanto al gobierno del estado como al gobierno de León a participar en las mesas de trabajo semanales para presentar informes de seguridad, pero a decir de la presidenta de este organismo, Rocío Naveja Oliva, sus peticiones fueron ignoradas, por lo que ahora había invitado al Gobierno Federal a dichas reuniones.

“Desde el origen, ese OCL está viciado por un posible tema de corrupción en la administración de Ricardo Sheffield y luego con Bárbara Botello se le dio continuidad”, aseguró el mandatario estatal.

En todos lados se cuecen habas. Porque la reacción del gobernador fue desproporcionada. Sabe que la autonomía del OCL le permite cuestionar como de hecho lo sigue haciendo, a la autoridad.

Esta semana presentó el informe que señala que pese a que en el estado los homicidios dolosos habían ido a la baja, en León, la tendencia se mantenía ligeramente arriba.

Y sí. Nada que ver este desliz con el cuestionamiento sistemático desde Palacio Nacional al INE, al INAI y el SAT. Pero no se aguantó las ganas.

Mientras llegan las conclusiones de las investigaciones pendientes en la Contraloría de León por los temas ampliamente conocidos, el descuento del predial en el Club Campestre, la desafectación de un predio en la colonia Refugio del Campestre y la desaparición de casi 97 mil pesos de una caja chica producto de unos convenios peculiares de las administraciones anteriores, ya podemos perfilar que en los tres casos, hay un exfuncionario municipal (hoy, estatal) que tendrá que librar los pendientes que haya que resolver en los mismos.

Se trata de Enrique Sosa, director de Desarrollo Institucional durante el primer trienio de Héctor López Santillana y Tesorero en el segundo quien en mayor o menor medida, tiene vínculo con los casos en cuestión.

Sosa es actualmente director de Prospectiva Laboral de la secretaría de Desarrollo Económico donde es subsecretario Ramón Alfaro, ambos incondicionales del titular de Guanajuato Puerto Interior.

En el caso del descuento del predial al Club Campestre, quien presuntamente avaló que el campo de golf fuese considerado un predio agrícola fue el exdirector Rodolfo Montes aunque evidentemente el tema pasó por la Tesorería.

En el asunto de la desafectación del predio de una escuela en la colonia Refugio del Campestre, basta decir que Sosa fue asiduo compareciente y que incluso tuvo careos con otros personajes entre ellos, el actual síndico panista Arturo Sánchez Castellanos en la Contraloría Municipal.

Y bueno, en el tercer caso, Sosa ha defendido incluso públicamente la existencia de esos famosos convenios de reciprocidades que ya estaban cuando él llegó al cargo con López Santillana aunque asegura en una entrevista con un diario local que no sabía de dónde provenían los 97 mil pesos en efectivo que están perdidos.

Dinero en efectivo que no se explica cómo es que está en la discusión si los convenios involucraban aportaciones en especie a los trabajadores de parte de las empresas que las pactaban.

Son 2 preguntas: por qué aparece ese dinero y también, por qué desaparece. Y resulta que el funcionario que se encargaba de negociar y administrar esos convenios de reciprocidades era el titular de Personal, Víctor Chombo.

El punto es que este funcionario, fue invitado por el propio Sosa a la administración leonesa.

Antes, este funcionario había sido subtesorero en Uriangato y Tesorero en Acámbaro en donde re-porta una sanción de 2 años por haber dispuesto de recursos federales para gasto corriente aunque luego impugnó la sanción y fue rehabilitado.Pese a esos antecedentes fue reclutado en el gobierno leonés.

Una más ya en el gobierno leonés: a Víctor Chombo el excontralor municipal Leopoldo Jiménez le inició un procedimiento por la presunta autoasignación de 600 mil pesos en la anterior administración municipal.

Este funcionario ya compareció ante la Fiscalía General del Estado porque hay una denuncia penal por el tema de los convenios al igual que en el caso de la desafectación del predio del kínder.

Habrá que estar pendiente de las conclusiones de cada uno de los temas y ver si Chombo y el propio Sosa pueden librar sin raspones estas investigaciones.

De llamar la atención que Sosa sea parte de las investigaciones de la Contraloría Municipal. No se recuerda que Gilberto Enríquez, tesorero de López Santillana en su primer trienio, fuese tan requerido en la Contraloría Municipal como su sucesor en el cargo.