No cesa conflicto entre sector empresarial y gobierno estatal
1.- No cesa conflicto entre sector empresarial y gobierno estatal
Por si no quedaba claro el rompimiento de la alianza histórica, representantes empresariales de León presentaron un análisis del presupuesto 2025 del gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo y acusaron que este se enfoca en el asistencialismo y no en promover el desarrollo económico del estado.
José Arturo Sánchez Castellanos, asesor fiscal del Consejo Coordinador Empresarial de León, expuso los recortes presupuestales en el llamado "Nuevo Comienzo". El empresario, uno de los principales críticos del gobierno estatal, afirmó que solo se busca administrar la pobreza por los réditos electorales que representa, en lugar de eliminarla.
“Se están destinando 65 mil millones de pesos para Desarrollo Social y solo 3.6 mil millones para Desarrollo Económico. Hay una evidente disparidad en las asignaciones presupuestales, entendiendo que el desarrollo económico es el que genera empleo y, de alguna manera, riqueza, crecimiento y desarrollo. Aquí lo que podemos concluir es que el gobierno está apostando más a los programas sociales que generan, como digo yo, dependencia, en lugar de fomentar empleos y nuevas empresas. Esto nos parece preocupante”, sentenció.
Junto a Sánchez Castellanos estuvieron Roberto Novoa Toscano, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), y Mauricio Battaglia Velázquez, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).
El análisis y la crítica de los empresarios leoneses es válida. Son evidentes los cambios en la administración estatal y su nueva visión social, al grado de mimetizarse con el morenismo, lo que incluso incomoda a varios integrantes con corazón guinda, quienes ven los programas de la gobernadora como una copia de las estrategias que llevaron a su partido a ser la fuerza política dominante.
Sin embargo, no se puede dejar de cuestionar la posición de los representantes empresariales. El conflicto se enmarca en la polémica por la extensión del FIDESSEG y la pérdida del control sobre más de mil millones de pesos de dicho fideicomiso, que ya no podrán manejar a su discreción. Este nuevo frente, como no se había visto en otros gobiernos, parece más bien una negativa a establecer tregua con la administración estatal.
A pesar de las quejas del empresariado, desde el gobierno estatal no parece haber marcha atrás. El propio Roberto Novoa Toscano confirmó que el gobierno estatal no los ha buscado para intentar llegar a un acuerdo sobre los recursos del FIDESSEG, por lo que todo se resolverá en los tribunales. Ante ello, los empresarios buscan consolidar una fuerza opositora.
En contraste con las críticas al gobierno estatal, los empresarios solo tuvieron reconocimientos para la administración de Alejandra Gutiérrez Campos, a quien apoyaron en su fallido intento por alcanzar la candidatura a la gubernatura. José Arturo Sánchez Castellanos, exsíndico en el trienio pasado de Gutiérrez Campos, aseguró que la estrategia en el municipio se enfoca en “darle las herramientas a la población para que pueda generar sus ingresos”.
Finalmente, destacó que una de las razones por las que León tiene 800 mil personas en situación de pobreza, la cifra más alta de todo México, es la migración de personas del sur del país que buscan en la ciudad una oportunidad para mejorar su calidad de vida.
“Para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas”.
2.- Panistas a la calle contra reforma al Infonavit
Como no se les veía desde hace tiempo, panistas salieron a las calles para protestar contra la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ya aprobada en el Senado, pero aún pendiente en la Cámara de Diputados.
La manifestación fue encabezada por diputados federales y le dirigente del PAN en Guanajuato, Aldo Márquez Becerra, quienes acusaron que la reforma podría permitir que el gobierno federal utilice las subcuentas de los trabajadores para el programa "Vivienda para el Bienestar", lo que, aseguran, pondría en riesgo los ahorros de los ciudadanos.
El diputado federal Miguel Ángel Salim Alle advirtió sobre el plan de Morena para aprobar la reforma este mismo sábado, en cuanto la Cámara de Diputados retome actividades: “Morena quiere dar un sabadazo, porque este sábado se inicia la sesión solemne y, terminando la sesión, inmediatamente quieren sesionar para aprobar la Ley del Infonavit”, denunció.
Legisladores panistas adelantaron que presentarán más de 100 reservas a la reforma, lo que alargará el debate, aunque sin expectativas de frenar su aprobación. La maquinaria morenista avanzará sin contratiempos para sacar adelante la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Tan segura está la 4T de que la reforma será aprobada bajo sus términos, que este lunes, en la conferencia matutina, se anunció que el Infonavit cuenta con 318 predios de reserva territorial federal, estatal y municipal, lo que equivale a 2,769 hectáreas destinadas a poner en marcha el programa "Vivienda para el Bienestar".
Además, se revelaron irregularidades en el manejo de juicios contra derechohabientes desde 2012. Según el esquema presentado, se promovieron juicios masivos contra 373 mil derechohabientes que no pudieron pagar sus créditos. En muchos casos, las demandas se interpusieron en estados diferentes a los de los afectados, lo que aceleraba los procesos de desalojo y violaba el derecho de los ciudadanos a defenderse.
En Guanajuato, según datos expuestos en la conferencia, se demandó a 9,231 derechohabientes. Sin embargo, solo 317 casos se procesaron en el estado, mientras que los otros 8,914 fueron llevados a tribunales en otras entidades.
3.- Productores del campo protestan contra cobros excesivos de la CFE
Cientos de trabajadores del campo se manifestaron en varios puntos del estado para denunciar cobros excesivos en el suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). También reprocharon los cortes de luz sin previo aviso, que han afectado no solo a los pozos agrícolas, sino también a las rancherías.
Las movilizaciones más importantes de este lunes, convocadas por el Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense A.C., liderado por Rubén Vázquez de la Rosa, se llevaron a cabo en Irapuato, Pénjamo, San Miguel de Allende y León.
Entre los casos denunciados, se reportó el retiro de medidores en Pénjamo y Silao. A pesar de no contar con el servicio, algunos usuarios recibieron cobros superiores a los 100 mil pesos. En otro caso, en Villagrán, un productor fue sujeto a un ajuste porque su medidor supuestamente registraba mal el consumo; el resultado fue un recibo por 199 mil pesos.
Las quejas no solo fueron dirigidas a la CFE y al gobierno federal, sino también al gobierno estatal, al que acusaron de destinar un presupuesto insuficiente al sector primario.
El 2025, año de lucha por el campo. Los productores advirtieron que, si persiste el abandono al sector agrícola, intensificarán sus movilizaciones y reclamos para exigir soluciones concretas y justas.
Contra Retrato
Diego Alberto Leyva Merino
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo directo en revisión 5861/2024, en el que determinó que la difusión de material íntimo sin autorización y con claras intenciones de causar daño constituye una violación al derecho a la vida privada.
La resolución deriva del proceso legal iniciado por Diego Alberto Leyva Merino, expresidente municipal panista de San Diego de la Unión, tras la difusión de un video íntimo durante el proceso electoral de 2021. Una televisora en la capital del estado transmitió parte del material, lo que llevó a Leyva Merino a presentar la denuncia. Sin embargo, tanto en primera como en segunda instancia, los demandados fueron absueltos bajo el argumento de que, al ser servidor público, estaba más expuesto a este tipo de situaciones. En pocas palabras, que debía "aguantarse".
La decisión del ministro Pardo Rebolledo es de gran relevancia, ya que establece que la difusión de este tipo de material gráfico no tiene interés público ni aporta al debate. Por el contrario, tiene el propósito de causar daño y, cuando se difunde a través de medios de comunicación, el impacto negativo se magnifica. Por ello, el ministro revocó la sentencia del Tribunal Colegiado y ordenó que se emita una nueva resolución.
Este fallo sienta un precedente importante para futuros procesos electorales, dejando en claro que no todo está permitido en el ámbito político. El hecho de que se trate de personas o funcionarios públicos no es suficiente para considerar de interés público la difusión de este tipo de material, especialmente si no está relacionado con un delito.
Además, la resolución no solo interpela a los actores políticos, sino también a los medios de comunicación, quienes deben actuar con mayor ética y criterio para evitar difundir contenido íntimo por mero morbo.
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